9 de julio 2020
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Una falacia es un argumento que parece demostrar una verdad, pero en realidad encierra una falsedad. En general, las falacias se utilizan como recursos retóricos para persuadir, manipular, o engañar, unas veces como actos intencionados, o malintencionados; y otras veces sin intención, o con buena intención. En este último caso, quien esgrime el argumento cree firmemente en lo que asevera, aunque sea resultado de una fantasía o una aspiración.
El argumento falaz, ordinariamente tiene como punto de partida hechos dudosos, inventados o supuestos; otras veces la conclusión que se extrae no se corresponde con las premisas, bien porque exagera o tergiversa los hechos.
Afirmamos lo anterior ante el frecuente argumento de algunos sectores y analistas opositores de que la comunidad internacional solo apoyará la realización de elecciones en 2021. Este argumento falaz se utiliza como una camisa de fuerza que intenta sofocar o descalificar opiniones o debates sobre cualquier otra alternativa de salida política.
Quienes sostienen esta posición, en su mayoría, se han venido deslizando progresivamente desde el reclamo de elecciones adelantadas, hasta resignarse, ante la intransigencia de Ortega, a esperar elecciones en 2021. Ahora el debate lo encaminan hacia dos posiciones: los que sostienen la participación, con reformas electorales, y los que ya comenzaron a sacar la cabeza con la posición de participar aun sin reformas. Pronto veremos menudear la cantaleta de que no queda otra alternativa que participar en comicios al estilo Ortega. Es decir, lisa y llanamente, claudicar en un circo electoral.
Quienes argumentan la falacia olvidan, o quieren hacernos olvidar, que la historia demuestra, incluyendo nuestra propia historia, que hay una relación directa –dialéctica, se decía en otros tiempos- entre los procesos internos de un país y las reacciones, omisiones o acciones de la comunidad internacional.
Para comenzar, “la comunidad internacional” no es un bloque monolítico, con posiciones invariables. Es un cruzamiento de intereses y correlaciones que varían con el tiempo o de un acontecimiento a otro. A veces es suficiente un cambio de gobierno para que la correlación se modifique y con ello las posiciones. Además, usualmente reacciona hasta después de los hechos.
Veamos algunos ejemplos.
Antes de 2018 en Nicaragua desde hacía años se había instalado una dictadura que garroteaba, violentaba derechos, encarcelaba y mataba, impunemente.
No vayamos muy largo. En 2016 Ortega violentó de manera flagrante la Constitución que él mismo impuso, destituyó diputados, designó a su esposa como vicepresidenta, ilegalizó a la principal fuerza de oposición y se autoproclamó presidente después de organizar una comparsa electoral. Se denunció, pero internacionalmente no se escuchó o no se quiso escuchar, a tal punto que cuando llegó al país Luis Almagro, secretario general de la OEA, en diciembre de ese año, declaró lo siguiente: “Quiero manifestar mi alegría de estar en Nicaragua…y la oportunidad de estar reunido con el presidente y la vicepresidenta electa. Y saludo al presidente Daniel Ortega. Siempre será admirado por los países, por toda la comunidad latinoamericana y del Caribe...”
Esa era la posición del máximo representante de la principal organización interamericana.
¿Los nicaragüenses debíamos someternos a esa posición solo porque era la voz del más alto jerarca de la comunidad interamericana?
En noviembre de 2017 se realizaron elecciones municipales al estilo Ortega. La misión de la OEA emitió una declaración que, en su parte conclusiva, dice lo siguiente:
“La votación transcurrió de manera tranquila, fluida, pacífica y sin mayores incidentes. Sin embargo, al finalizar esta etapa se produjeron una serie de incidentes de violencia aislados que resultaron en la muerte de cinco personas y varios heridos. La Misión lamentó estos hechos y solicita a las autoridades que realicen las investigaciones correspondientes y que castiguen a los responsables de los crímenes.”
Tranquila, fluida y pacífica, afirmaron…con cinco muertos, más de 30 heridos y otros tantos encarcelados, todos relacionados con protestas en algunos municipios.
En el informe final que se presentó al Consejo Permanente de la OEA ya ni siquiera aparece la mención a los muertos. Las familias se quedaron con su luto y su dolor, mientras la comunidad internacional volvía a ver hacia otro lado.
¿Los nicaragüenses debíamos acomodarnos a esa posición de la comunidad internacional?
Sigamos. Después del estallido de las protestas de abril ¿Cuándo se pronunció por primera vez el Consejo Permanente de la OEA? Tres meses después: el 18 de julio.
Las masivas marchas azul y blanco que reclamaban libertad, justicia y la salida de Ortega del poder… ¿Necesitaban la anuencia de la comunidad internacional para plantear estas justas demandas?
Y recordemos el caso de Bolivia. La renuncia de Evo Morales fue forzada por la resistencia ciudadana y la intervención de las fuerzas armadas. ¿Qué hubiera ocurrido si el pueblo boliviano se limita a lo que fuera admisible por la comunidad internacional? Pues ahí estuvieran.
No pretendamos hacernos los suecos: Ortega no hará ninguna concesión que no se le arrebate mediante presiones tanto internas como externas. Por supuesto, de ninguna manera estamos planteando rutas violentas o avalando la tesis del gobierno de transición, pero es legítimo que los nicaragüenses debatamos desde ahora al menos sobre los siguientes temas:
¿Qué acciones están a nuestro alcance para forzar a Ortega a realizar elecciones verdaderamente libres?
¿Qué haremos si Ortega no accede a garantizar condiciones para elecciones democráticas?
¿Qué alternativas debemos plantearnos para salir de Ortega cuando resulte inminente la consumación de un circo electoral?
Faltan cuatro meses para que entremos al año electoral. La comunidad internacional debe recibir desde ahora mensajes claros de que, en las condiciones actuales, es más factible un circo electoral que elecciones libres y que prestarse a una farsa es apostar a Ortega y no a la democracia. Por consiguiente, es preciso abrir las opciones. Allí está el ejemplo de Venezuela, picando y repicando todos los días.
Si hablamos desde el decoro y la dignidad, es impresentable argumentar que debemos someternos a lo que la comunidad internacional declara como aceptable. Y si hablamos desde el realismo político, nuestra obligación es presentar a Gobiernos y organizaciones las realidades, aunque esas realidades contradigan sus percepciones o posiciones actuales.
Es nuestra obligación moral.
