22 de agosto 2022
AA
Se terminó la semana y no escuchamos ni una sola explicación del gobierno Petro sobre su ausencia en la discusión sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua que tuvo lugar en la Organización de Estados Americanos (OEA)
Sobre las razones que motivaron esta preocupante ausencia no hay sino especulaciones. En esta columna quisiera revisar una a una las posibles explicaciones y además argumentar por qué resulta tan preocupante y peligroso hacia el futuro este tipo de comportamiento.
La primera hipótesis la aventuró un columnista que afirma, según una buena fuente, que lo que sucedió fue el resultado de una mala jugada del anterior Embajador. Una suerte de trampa que buscaba no informar de la existencia de la discusión para que la nueva administración no asistiera y se armara el debate en el que estamos.
Este argumento pierde validez rápidamente si uno se echa una pasada por la cuenta de Twitter de la OEA en donde se anunció públicamente y en varias ocasiones que la discusión tendría lugar. Si no se enteraron no fue porque alguien estuviese tratando de guardar un secreto debajo de las piedras.
La segunda hipótesis, la del Embajador designado, sugiere que como no había recibido sus credenciales para el momento en el que tuvo lugar la reunión, él mismo no es responsable de no haber asistido. Tiene toda la razón: el Embajador Luis Ernesto Vargas no podía haber representado al país en esta sesión porque ciertamente aún no se había posesionado. Lo que deja la responsabilidad en la Cancillería que no tomó las medidas necesarias para evitar que esto sucediera: esas medidas consistían en designar a uno de los miembros de nuestra Misión en la OEA como representante del país y darle instrucciones sobre cómo debería ser nuestra votación.
El anterior Embajador ya había renunciado pero las misiones en organismos multilaterales están compuestas por funcionarios—muchos de ellos de carrera—que no empacan maleta y se van con el Embajador de turno como si fueran un equipo de futbol. Así que si uno compra esta hipótesis, el error estuvo en Bogotá, en la Cancillería.
En este escenario emergen dos posibilidades. La primera es que los encargados directos en Bogotá de lidiar con esta situación y de llamar la atención del Canciller sobre tan álgido tema, no repararon o no fueron informados de la existencia de la reunión y por lo mismo no designaron representante ni enviaron instrucciones. Dudo mucho que este asunto lo haya pasado por alto tanta gente al mismo tiempo: tanto los funcionarios de la misión ante la OEA como los encargados en Bogotá siempre están atentos a este tipo de reuniones, es la razón de ser de su trabajo. No me cabe en la cabeza que todos ellos se hayan puesto de acuerdo para no contar nada y aún así, si en aras de la discusión semejante pacto de silencio fuese posible, pues ahí estaba la cuenta de Twitter de la OEA.
Lo que nos deja con la segunda posibilidad, y es que en un acto de ingenuidad enorme, este gobierno y la Cancillería estén pensando en hacer buenas migas con Ortega con miras a obtener un mejor resultado de todo el lío relacionado con el diferendo.
Es probable que la decisión de la Corte sobre la demanda por la definición de la plataforma continental que instauró Nicaragua tenga lugar durante la administración Petro. Y la cosa no pinta bien.
El gobierno puede entonces estar tratando de prevenir que se desate una tormenta política como la que tuvo lugar gracias a la decisión de la Corte en el 2012. La ausencia en la sesión de la OEA puede ser un intento por enviar un mensaje amistoso para que Ortega estudie la posibilidad de suspender el proceso ante la Corte.
Si esto es así, ¡tamaña ingenuidad en la que están incurriendo! Las audiencias finales orales están a punto de empezar y se necesitaría un giro muy brusco a última hora para que tan tarde en el proceso, Managua decidiera dar su brazo a torcer. Nicaragua lleva años diseñando e implementando una estrategia de litigio internacional que le ha dado buenos resultados. Un gesto de buena voluntad que equivale a condonar, o al menos a mirar para otro lado cuando se discute la persistente violación de derechos que tiene lugar en un régimen que dejó de ser democrático hace mucho tiempo, es una estrategia de negociación más bien poco sofisticada y medio pueril.
No se gana ni el pan ni el queso porque se menosprecia el esfuerzo y el profesionalismo que Nicaragua ha invertido en el proceso de litigio, y al mismo tiempo se pone a Colombia en una posición muy cuestionable en materia de derechos y de defensa de la democracia.
Voy a ir incluso más lejos: si la estrategia funciona (no es imposible que Ortega decida intercambiar una demanda territorial por un poco de legitimidad internacional), tampoco creo que sea presentable para Colombia renunciar a sus convicciones más íntimas en principios fundamentales como la preservación de la democracia y el respeto a los derechos, a cambio de mantener la incertidumbre sobre la situación de la plataforma. Todo ello con miras a no enfrentar una crisis política interna.
Varios funcionarios de la actual administración criticaron a los anteriores gobiernos por haber postpuesto una definición clara sobre nuestros límites con Nicaragua para no pagar el costo político de hacerlo. Sería una gran falta de coherencia que incurrieran, ahora no desde las esquinas de la opinión sino desde el oficialismo, en la misma práctica.
No compro el argumento esgrimido por muchos uribistas, según el cual lo que motivó esta ausencia son las simpatías ideológicas entre los regímenes de Colombia y Nicaragua. Yo le sigo creyendo al gobierno actual cuando esgrime su compromiso con la democracia, el estado de derecho y la defensa de las libertades. Pero esa creencia puede terminar convertida en un acto de fe sin base empírica si los mensajes que se envían a nivel internacional son así de problemáticos. Sigamos esperando las explicaciones…
*Este artículo se publicó originalmente en Infobae
