8 de abril 2023
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Stanford-Tal vez después de la impresionante acusación de un jurado indagatorio en Nueva York contra el expresidente Donald Trump por sobornos a la estrella pornográfica Stormy Daniels, los aliados de EE. UU. horrorizados por la creciente disfuncionalidad de la democracia estadounidense den un suspiro de alivio.
En otra victoria (aunque menos trascendental) del imperio de la ley, el 28 de marzo un tribunal del distrito de Columbia confirmó la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, que fue arrestado hace cuatro años y enfrenta cargos de lavado de dinero y soborno vinculados con la empresa constructora brasileña Odebrecht. Más allá de los resultados, que ambos exlíderes deban someterse a juicio debiera ayudar a recuperar la confianza en el compromiso estadounidense de defender la democracia, tanto en el país como en el extranjero.
Ciertamente, los aliados democráticos como Francia, Taiwán y Corea del Sur ya enjuiciaron y hasta condenaron a ex jefes de estado. De todas formas, la acusación contra Trump —la primera contra un presidente estadounidense, previo o en funciones— constituye un punto de inflexión. Aunque el documento de acusación aún está cerrado y se desconocen los contenidos del caso presentado por el fiscal de distrito del Condado de Nueva York Alvin L. Bragg, ningún fiscal de distrito o jurado indagatorio acusaría a un expresidente por algo que no fuese un delito grave.
Hay quienes, especialmente Trump y sus seguidores, restaron importancia al caso («escapadas de poca monta que resultaron en crímenes de poca monta»), pero la situación es otra. Lo más probable es que hayan acusado a Trump de violar las leyes sobre financiamiento de campañas y de otros tipos de fraude (como a su «facilitador» y abogado Michael Cohen, quien se declaró culpable en 2018 de organizar el pago a Daniels y fue sentenciado a tres años en prisión, aunque cumplió la mayor parte de la condena en arresto domiciliario). Como se trata de una acusación en el Estado de Nueva York, Trump no puede contar con que un perdón presidencial lo salve, ni que hablar de perdonarse a sí mismo si vuelve a ser presidente. Además, como es probable que en este caso salga a la luz al menos otro pago ilegal —a la exmodelo de Playboy Karen McDougal—, no parece que vaya a ayudarlo a recuperar el voto femenino (que perdió por 15 puntos en 2020).
Al igual que EE. UU., Perú también está tratando de hacer rendir cuentas a sus figuras políticas de alto nivel. En la misma semana en que Trump fue acusado y se completó la extradición de Toledo, los fiscales peruanos anunciaron que están investigando a la presidenta en ejercicio Dina Boluarte y al expresidente Pedro Castillo; también por supuestas violaciones a las leyes sobre financiamiento de campañas durante la contienda presidencial de 2021. Los seis presidentes peruanos electos desde 1990 están en prisión o lo estuvieron, o enfrentaron órdenes de arresto.
Antes de que se confirmara su extradición, muchos peruanos creyeron equivocadamente que EE. UU. protegería a Toledo, quien fue académico invitado de la Universidad de Stanford (su alma máter) y había cultivado cuidadosamente la imagen de ícono democrático. (Stanford cortó sus vínculos con Toledo, aunque queda a criterio de cada profesor brindarle su apoyo). De manera similar, muchos estadounidenses creyeron que nunca se presentarían acusaciones formales contra Trump y aún dudan de que se estén preparando otros procesos judiciales en su contra.
En ambos casos, la aplicación justa de la ley resultó fundamental. Aunque los antecedentes, personalidades e identidades partidarias del combativo Trump y de Toledo —menos beligerante— no pueden ser más distintos, los dos adoptaron tácticas similares para evitar los procedimientos legales. Ambos afirmaron ser víctimas de una «caza de brujas» política y que los respectivos sistemas judiciales «se usaron como armas» en su contra. Los partidarios de Trump aseguran que las acusaciones demuestran que EE. UU. se convirtió en «un país bananero», y según Toledo ya no se puede decir que Perú responde a un sistema electoral.
Ambos mostraron también un descaro extraordinario en sus intentos para evitar comparecer en tribunales. Toledo afirmó en algún momento que los fondos supuestamente ilícitos provenían de reparaciones por el Holocausto que había recibido una anciana judía pariente de su esposa (parece haber abandonado esa historia). Y en un caso por fraude presentado por otro fiscal general de Nueva York contra Trump y su empresa, los abogados de Trump solicitaron recientemente al juez que demorara el juicio de octubre porque necesitan más tiempo para revisar la voluminosa evidencia (la solicitud fue denegada).
Pero ahí se acaban las semejanzas; mientras que el pasado de Toledo como adalid de la democracia peruana suma una pátina de conmoción a su caída en desgracia, Trump siempre fue excepcionalmente peligroso. Pasó de mero admirador de autócratas a ser un candidato abiertamente fascista en las elecciones de 2024, y constituye ahora un peligro claro y patente para la gobernanza mundial. A pesar de su retórica extremista y de que promueve la violencia política, algunos de sus opositores tienden a centrarse en su estilo más que en su mensaje y a mostrarlo como un artista payasesco del engaño o un bufón ignorante.
El manual fascista indica que hay que atemorizar a los adversarios cuando el poder del líder parece estar en riesgo. La acusación contra Trump probablemente genere más mentiras y amenazas desquiciadas. Además de alardear de su infalibilidad, Trump ya abrazó los componentes básicos comprobados de la retórica fascista: calificó a sus detractores de «enemigos del estado», dio discursos en código antisemitas (Bragg, afirmó falsamente, fue «elegido personalmente y financiado por George Soros»), mostró un pasmoso racismo (tildó a Bragg, el primer fiscal de distrito negro de Manhattan, de «animal») y acusó a sus opositores de ser «personas enfermas».
La democracia estadounidense corre grave peligro debido al extremismo, las teorías conspiratorias y el lenguaje de odio de cosecha propia. El Partido Republicano está girando cada vez más hacia el nacionalismo cristiano, y uno de cada cinco republicanos —y el 13 % de los demócratas— cree que la violencia política está justificada «en estos tiempos». Pero es posible que algún día recordemos las acusaciones contra Trump como un punto de inflexión. Después de todo, como muestran las dificultades judiciales que enfrentan los expresidentes peruanos y estadounidense, lo que separa a las democracias de las autocracias es su capacidad para mantener el imperio de la ley y hacer rendir cuentas a los poderosos.
