22 de agosto 2016
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Jordi Solé Tura (1930-2009) fue un constitucionalista y un político de la izquierda española que mantuvo estrechas relaciones de amistad y colaboración con Nicaragua en el plano institucional y universitario. Esta vinculación revistió mayor intensidad en los años inmediatamente posteriores a la revolución sandinista de 1979 y fruto de ella el día 3 de agosto de 1989 publicó en el diario El País un artículo titulado "Nicaragua". La lectura de este texto, casi treinta años después, permite plantearse dos cuestiones de gran calado: ¿hay elementos comunes entre la situación política nicaragüense de 1989 y la de 2016? ¿Pueden ser todavía útiles las reflexiones que Jordi Solé Tura hizo en 1989? Estas páginas tratan de responder a los anteriores interrogantes sin formular, por supuesto, ningún tipo de conjetura sobre cómo valoraría hoy Jordi Solé Tura la actual situación política de Nicaragua.
¿Cuál era la situación política de Nicaragua en agosto de 1989? Jordi Solé Tura, con su precisión y capacidad de síntesis habituales, la describe a partir de tres ejes principales: la consolidación de la revolución sandinista; el deseo de paz después de casi diez años de guerra entre el gobierno y la contra; y la perspectiva de unas decisivas elecciones democráticas a celebrar en febrero de 1990 en el marco de la Constitución de 1987.
La revolución sandinista, que triunfó en julio de 1979, era, ciertamente, un hecho consolidado. Este dato era valorado positivamente por Jordi Solé Tura ya que había supuesto el fin de la dictadura de Somoza, el inicio de una transición democrática y el impulso de la transformación social del país con medidas tan trascendentes como la campaña de alfabetización, la reforma agraria y la extensión de la educación y de la asistencia sanitaria. El mantenimiento del gobierno sandinista, presidido por Daniel Ortega, significaba también que la contrarrevolución financiada por los Estados Unidos no se había podido imponer en el terreno militar.
Ahora bien, Jordi Solé Tura no ocultaba que Nicaragua era en 1989 un país económicamente exhausto, con unos altos niveles de inflación y de pobreza, y un país política y socialmente dividido con serios conflictos entre, por un lado, el gobierno sandinista, y por otro, las fuerzas políticas no sandinistas, el empresariado, la jerarquía de la iglesia católica y sectores de la población agotados sobre todo por la larga duración de la guerra con la contra. Al mismo tiempo Jordi Solé Tura tampoco ocultaba que la grave situación económica y política de Nicaragua era debida no sólo a los efectos devastadores de la guerra y del bloqueo económico estadounidense sino también a decisiones políticas erróneas del gobierno sandinista.
En ese contexto Jordi Solé Tura saludaba el acuerdo llamado de Esquipulas 2 como la mejor solución para que todas las partes en conflicto en Nicaragua pudieran estabilizar la paz y consolidar la democracia. En este sentido subrayaba especialmente la importancia que uno de los puntos esenciales de este acuerdo fuera la celebración en febrero de 1990 de unas elecciones democráticas y el hecho de que el gobierno sandinista se hubiera apresurado a aprobar una ley electoral plenamente garantizadora de la expresión del pluralismo político y abierta a la observación internacional del desarrollo de los comicios.
¿Cuál es la situación política de Nicaragua a mediados de 2016? Desgraciadamente ya no podemos contar con el análisis de Jordi Solé Tura para tratar de conocer esta cuestión. Sin embargo, existen especialistas en el tema y entre ellos puede destacarse a Salvador Martí, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Girona (España) y persona también muy vinculada a Nicaragua en diversas actividades de cooperación. El profesor Martí acaba de publicar un excelente trabajo titulado Nicaragua: desdemocratización y caudillismo (Revista de Ciencia Política de Chile, 2016) que ofrece una precisa descripción del sistema político nicaragüense en la actualidad. Siguiendo este estudio los tres elementos característicos de la situación política de Nicaragua en el momento presente son los siguientes: la consolidación de un sistema político caudillista en torno a la figura de Daniel Ortega, líder sandinista y Presidente de la República; una política económica neoliberal y un despliegue de políticas sociales que han llevado a un crecimiento económico y a una reducción de la pobreza; y la perspectiva de unas elecciones a celebrar en noviembre de 2016 que, en principio, no van a aportar ningún cambio.
Ciertamente resulta difícil caracterizar el vigente sistema político nicaragüense. Tras las elecciones de 1990, ganadas por Violeta Chamorro al frente de una coalición de partidos de oposición al sandinismo, Nicaragua logró la paz y vivió un proceso de consolidación democrática formalizado jurídicamente mediante la reforma constitucional de 1995. Este proceso de democratización ha sufrido a partir del año 2000 profundas alteraciones como consecuencia de varios factores: el pacto entre liberales y sandinistas por el reparto con criterios partidistas de la integración del Poder Judicial, del Poder Electoral y de otras instituciones estatales de control; la división en el seno de la familia política liberal y la atomización de las fuerzas políticas no sandinistas; y el retorno al poder de los sandinistas en las elecciones de 2006 y confirmado en las elecciones de 2011. El resultado de todo ello es que hoy Nicaragua tiene un sistema político en el que, a pesar de que la reforma constitucional de 2014 mantiene el respeto a los derechos y libertades fundamentales, el poder se estructura y se ejerce de manera autoritaria y personalista mediante la figura del Presidente Daniel Ortega y el dominio abrumador de los sandinistas en todos los ámbitos del aparato estatal.
En la vertiente económica y social la situación actual de Nicaragua viene presidida por una estrecha colaboración entre el gobierno sandinista y el empresariado de los sectores productivos tradicionales (café, azúcar, carne y tabaco, entre otros) con el despliegue de una política neoliberal que, favorecida por la coyuntura internacional en la comercialización de estos productos, ha permitido un crecimiento de las exportaciones y del desarrollo económico en general. Al mismo tiempo la alianza de Daniel Ortega con la Venezuela chavista ha dinamizado los intercambios comerciales entre los dos países y ha facilitado el acceso de Nicaragua a los recursos petrolíferos en unas condiciones altamente favorables Todos estos elementos explican que Nicaragua, aunque sigue siendo uno de los Estados más pobres de América Latina, haya reducido muy significativamente los índices de pobreza y de extrema pobreza de la población que, entre el año 2001 y 2013, han pasado, respectivamente, del 69,4% al 42,7% y del 42,5% al 7,6%.
En este contexto se celebrarán las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2016. Todos los observadores coinciden en afirmar que Daniel Ortega y los sandinistas ganarán estas elecciones con claridad debido a un factor esencial: no se tratará de unas elecciones verdaderamente democráticas y competitivas ya que no se podrán presentar las fuerzas políticas que los últimos años han sido la oposición efectiva a los sandinistas, como los liberales de Montealegre o el Movimiento de Renovación Sandinista. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, ambas instituciones controladas por los sandinistas, han formalizado jurídicamente esta grave limitación del pluralismo político en Nicaragua. Así, en las elecciones, más allá de los sandinistas, sólo se presentarán pequeñas formaciones liberales y conservadoras que en ningún caso son alternativa política seria al tándem de candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia, formado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en un nuevo intento, después del de los Somoza en el siglo XX, de entronización de una saga familiar en el poder del Estado en Nicaragua.
Tras este repaso, forzosamente sucinto, a la evolución de la situación política de Nicaragua entre 1989 y 2016 la respuesta al primer interrogante planteado al inicio de estas líneas debe ser afirmativa. Ciertamente la situación política de Nicaragua a mediados de 2016 presenta dos diferencias significativas con la que había en agosto de 1989 cuando Jordi Solé Tura escribía su artículo. Por un lado, debido a que ahora hay paz, no hay un conflicto enmarcado en la guerra fría y las condiciones de vida han mejorado. Por otro, porque en el momento actual las elecciones de 2016 no se celebrarán con las debidas garantías democráticas y no son percibidas como decisivas. Sin embargo, hay importantes elementos comunes entre 1989 y 2016. El más relevante es, sin duda, que entonces y ahora Daniel Ortega y los sandinistas gobiernan tras bastantes años de ejercer continuadamente el poder con prácticas autoritarias y generadoras de tensión y de división en el seno de la sociedad nicaragüense.
Si existe, pues, este punto en común tan esencial entre la situación política de Nicaragua de 1989 y la de 2016, tiene especial interés la respuesta al segundo interrogante planteado al comienzo de este artículo, es decir, el relativo a la eventual utilidad hoy de las reflexiones de Jordi Solé Tura hechas en 1989. La respuesta también debe ser positiva. La razón es simple ya que, en definitiva, el mensaje principal que Jordi Solé Tura dirige a las fuerzas políticas y a la sociedad nicaragüense en general es el de la necesidad de buscar el consenso entre todos los partidos y los actores sociales para consolidar el sistema democrático y el progreso económico. Dice Jordi Solé Tura en su artículo del 3 de agosto de 1989: "Sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, ni la actual oposición podrá gobernar sin el sandinismo, y menos contra él, ni el sandinismo podrá gobernar sin integrar otras fuerzas". Se puede afirmar que después de las elecciones de 1990 las cosas fueron en buena medida como Jordi Solé Tura apuntaba, al menos durante unos años. Ojalá que con posterioridad a las elecciones de 2016 pase lo mismo, aunque, desgraciadamente, uno no pueda ser ahora muy optimista al respecto.
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Joan Vintró es catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Barcelona.
