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Abril no solo trae añoranzas de la vida en Nicaragua, sino también nos recuerda como el régimen Ortega-Murillo continúa destruyendo nuestros bosques, saqueando nuestra biodiversidad y concesionando nuestro territorio para la minería. En estas próximas semanas, se publicarán en La Gaceta al menos cinco lotes más: Acacia, Polaris, San Miguel y Cerro Chiripa, a favor de tres nuevas empresas mineras chinas —Nicaragua Zhongwei Minería Group S.A., Nicaragua Jia Run S.A. y Minesight Minería S.A.—, y un lote adicional a la empresa Global Group S.A., en el territorio indígena de Li Aubra, en el Caribe norte del país.
Si las concesiones mineras fueran naipes, lo que sucede en el país sería un perfecto juego de póker, donde el repartidor sería el régimen y los jugadores representarían a los diferentes capitales que tienen presencia en el sector minero. Cada carta sería un porcentaje de nuestro territorio nacional que se desprende o se entrega a cada jugador, sin importar quien se encuentra ahí o lo que existe dentro de esa concesión. Según estimaciones propias, en esa baraja estaría en juego al menos entre el 40 y 55 por ciento del territorio nacional para la minería, mientras el régimen estima recibir al menos 45 solicitudes de derechos mineros este año.
Antes de iniciar la partida de póker, el régimen reparte a su gusto y antojo las concesiones mineras. Si alguien no está de acuerdo con el juego, lo sacan o lo expropian. Mientras tanto, diversas empresas chinas sirven a la familia feudal como fachada para controlar el sector industrial del oro; otras, como testaferros sentados a las mesa de un casino, operan como caballo de Troya para comercializar los minerales que extraen los mineros artesanales, y los viejos capitales mineros se han convertidos en simples Joker (comodines) dentro de esta industria.
En este juego de póker controlado por la dictadura hay que recordar a los viejos actores mineros que la “casa siempre gana”, y que ninguno de sus negocios está a salvo. Ya sea por impuesto, extorsión o simple cambio antojadizo del repartidor de la baraja, pueden verse afectadas en cualquier momento. Lo que significa que las visitas políticas de los principales inversionistas que hemos presenciado no son más que un espectáculo ofrecido para asegurar que no les sigan afectando sus intereses.
El pueblo de Nicaragua, los grupos opositores y toda la sociedad en general tienen que ser consciente que esta “charanga” es un juego mafioso donde el mayor perdedor es el país, no solo por el saqueo de la riqueza, sino por la contaminación y destrucción ambiental y social que nos deja la minería. Por esta razón, en este abril debe de haber un compromiso claro de todos y todas para revertir esta situación en cuanto haya un cambio político de Nicaragua.
