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El estallido en Perú

El pedido de renuncia a Dina Boluarte es otra exigencia de las movilizaciones, después de la traición de la presidenta

Personas participan en una manifestación que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. EFE/ Paolo Aguilar

Carlos Ugo Santander

9 de febrero 2023

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A ciertos grupos de la extrema derecha peruana parece no importarles el número de muertos en las calles tras el inicio de las protestas el 7 de diciembre de 2022. A diferencia de estos, en el estallido social de Chile en 2019, los grupos parlamentarios conservadores transigieron al mes, luego de la violencia que las fuerzas del orden público pusieron de manifiesto. El 15 de noviembre de 2019 y con un saldo de 20 muertos, el presidente Sebastián Piñera anunció oficialmente que se llevaría a cabo una consulta ciudadana. En la toma de esta decisión influyó la presión de la sociedad civil, los órganos institucionales y del propio aparato productivo, y el objetivo fue abandonar la estrategia violenta del Gobierno y las fuerzas policiales. El estallido en Perú ya lleva dos meses con un resultado de más de 60 muertos y, sin embargo, las fuerzas conservadoras no han mostrado interés por el diálogo.

La aprobación del adelanto de las elecciones de Perú ha sido insuficiente para calmar los ánimos. El pedido de “cierre del Congreso” por parte de los ciudadanos movilizados, que no es una cuestión literal o abiertamente antidemocrática para imponer un régimen autoritario, busca poner fin a las constantes maniobras antidemocráticas del Congreso, que incluye descabezar las entidades electorales, así como terminar con el discurso racista y violento contra las masas populares.


Pareciera que a los parlamentarios de derecha no les importara mucho el que se muestren incivilizados frente a la comunidad internacional, debido a las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Inclusive, están dispuestos a sacrificar la propia democracia con tal de salvarse a sí mismos. El pedido de renuncia a Dina Boluarte es otra exigencia de las movilizaciones, después de la traición de la presidenta, quien supo ser una defensora de la asamblea constituyente, y ahora ha pasado a reprimir violentamente a los manifestantes.

Si en las calles se está pidiendo un cambio de Constitución, ¿por qué no permitir una consulta a la ciudadanía para que decida a ver si está de acuerdo? La Constitución chilena no permitía una consulta para su substitución, sin embargo, esa prerrogativa fue aprobada de forma urgente por el Congreso. Los problemas de carácter jurídico pueden ser superados. No obstante, la derecha parlamentaria peruana cree encontrarse en una posición ventajosa luego de la caída de Pedro Castillo, pero su intransigencia podría terminar por arrastrarla a un temporal destierro.

Una diferencia sustancial con el caso de Chile es que la presidenta Dina Boluarte se encuentra en una posición de debilidad y, como respuesta, se alió a la estrategia de los parlamentarios de derecha, en una actitud beligerante e innecesaria. Al fin y al cabo, tiene poco para perder, dado que carece de partido. Pero si enviase un proyecto de ley para una consulta ciudadana, podría ganar mucho, ya que atenuaría su posición autoritaria para pasar a imponerse frente a la violencia de los grupos de derecha en el Congreso. Con ello, lograría, además, distender el ambiente político.

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Por otro lado, el desafío de las protestas, que en su mayoría han sido integradas por ciudadanos llegados desde los puntos más alejados del país y quienes están dispuestos a establecer un nuevo pacto político, es su intensidad y permanencia en el tiempo. Se trata de unas movilizaciones jamás vistas y que han sido recibidas con abiertas declaraciones de racismo por parte de la institucionalidad.

En respuesta, se viene articulando la necesidad de promover una “gran marcha” peruana, pero, dadas las circunstancias, parece que tampoco fuera a ser suficiente. Sin embargo, ocupar el espacio público, principalmente el de la capital (Lima) como plazas y avenidas, sí que es relevante y se ha traducido recientemente en la conquista estratégica de los diferentes movimientos contra la arrogancia del primer ministro Alberto Otárola, quien había dicho previamente que evitaría el ingreso de las protestas a la capital.

No obstante, el mayor temor de la derecha peruana no es la incomodidad de las protestas en  su paso por las calles de la capital, sino el riesgo de que asfixien el circuito económico de esta y del país. Si el bloqueo del principal aeropuerto de Lima y del puerto del Callao, así como de las diferentes entradas por carretera en sus distintos tramos, comienza a surtir efecto, los costos de la represión serán mucho más altos que los de la tolerancia.


*Texto originalmente publicado en Latinoamérica21

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Carlos Ugo Santander

Carlos Ugo Santander

Cientista político brasileño. Doctor en Sociología. Profesor e investigador asociado de la Universidad Federal de Goiás (Brasil). Especializado en estudios comparados sobre América Latina.

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