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El empadronamiento masivo de migrantes en Costa Rica

Hay que acabar con la “cacería de brujas” contra migrantes y formular una política migratoria que coadyuve a un país más seguro

Fachada de la sede central de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. Foto: tomada de Semanario Universidad.

13 de enero 2024

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Desde la época del gran Imperio romano, cuya sociedad estaba conformada por personas migrantes, se reconoció que la mejor forma de convivir y gobernar a múltiples poblaciones, con diferentes idiomas y culturas dentro de su amplia organización, era tener registros, empadronamientos y censos de dichas comunidades. Obtener esa información tenía muchos objetivos, dentro de ellos cobrar impuestos, establecer zonas productivas, identificar delincuentes y atender las gestiones del gobernador en miras del crecimiento político.

Hay que reconocer que Costa Rica es un país cuya población migrante es al menos el 15% del total de habitantes. Estas personas requieren un mayor acceso a procesos de regularización que les permitan integrarse en la sociedad costarricense.


Las políticas migratorias de Costa Rica, que distan mucho de tener alguna orientación o planificación a largo plazo, y que con frecuencia responden a las ocurrencias del ministro de turno, deberían contemplar tres beneficios que traería el registro o empadronamiento de las personas extranjeras.

La regularización masiva cambiaría radicalmente, y para bien, la vida de miles de personas migrantes que están en nuestro país y que, como el resto de habitantes, tienen múltiples necesidades que cubrir. Además, otorgaría al Estado una herramienta importante para la seguridad del país, al manejar mejor y más información sobre quienes están dentro de las fronteras costarricenses, y traería más recursos financieros.

Regularizar para evitar abusos contra los migrantes

El primer beneficio de la creación de un Registro Migratorio que otorgue identificación formal a las personas que están dentro del territorio costarricense, es que la persona migrante dejaría de ser un fantasma y se le abrirían más puertas para su integración en la sociedad costarricense, tanto para recibir servicios como para aportar al pago de impuestos y de la seguridad social. 

En Costa Rica, lamentablemente, hemos atendido el tema migratorio con un sesgo xenofóbico, pensando que una persona migrante sale de su país porque quiere, o que lo hace para llegar a Costa Rica a delinquir o a pedir dinero. Las personas emigran porque las oportunidades en su país disminuyeron y, en muchos casos, lo hacen de manera forzada y repentina porque sus vidas corrían peligro en su país de origen. 

Si no facilitamos la regularización migratoria a las personas que vienen a Costa Rica a trabajar, estamos condenándoles a trabajos informales, en los que patronos inescrupulosos se aprovechan y les explotan. Ante la falta de una oportunidad para “estar en regla” en el país, estamos empujando a los migrantes a buscar otras formas de ganarse el sustento diario (incluyendo actividades ilícitas) y a morirse de hambre. 

Ese registro daría, también, números más exactos para que el Gobierno soliciten cooperación internacional para las personas extranjeras más vulnerables.

Identificar a migrantes para contribuir a la política de Seguridad

Pero, la existencia de un Registro Migratorio no solo significaría una mejora en la calidad de vida de los migrantes, sino que, además, fortalecería la política de seguridad nacional.

Siguiendo el ejemplo de las políticas de empadronamiento del Imperio romano, por medio de ese registro se sabría claramente quiénes son las personas que viven en Costa Rica, y se lograría dar seguimiento única y puntualmente a las personas que no se registren. Hoy día se hacen operativos migratorios buscando, en un mar de personas que no tienen documentos de identidad, a personas en estado migratorio irregular y a delincuentes, como si ambos grupos fueran lo mismo, convirtiendo los operativos migratorios en una suerte de cacería de brujas. 

Debe de dársele oportunidades de registro y regularización a las personas migrantes estableciendo requisitos más sencillos que, a la vez, contemplen el resguardo de la seguridad del país, como lo pueden ser únicamente la presentación de los antecedentes penales del país de origen y la identificación, ya sea el pasaporte del país de origen o, incluso, cédula de identidad.

Los esfuerzos por identificar a todas las personas dentro del país coadyuvarían en la lucha contra la delincuencia internacional, nos ayudaría a protegernos de flagelos como las maras e, inclusive, mejoraría la lucha contra los carteles de la droga. 

La mejora de la seguridad, que lamentablemente se ha visto deteriorada en los últimos años en Costa Rica, es de crucial importancia para todos los habitantes del país, incluidas las decenas de miles de solicitantes de refugio y refugiados, que también han sido víctimas en casos alarmantes, como el reciente atentado contra el nicaragüense Joao Maldonado en pleno centro de San José, cuando fue atacado a balazos junto a su pareja.

Más recursos para el Estado

El tercer beneficio de este Registro Migratorio es que mejorarían los ingresos del Estado por dos vías principales: las personas emprendedoras podrían inscribirse con mayor facilidad ante el Ministerio de Hacienda para pagar impuestos y, en el caso de trabajadores, los patronos se verían obligados a aportar a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por todos sus empleados, incluidos los migrantes. 

Además, habría una mayor entrada de recursos para el Estado al aumentar la cantidad de procesos de regularización migratoria, pues existen tasas establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería relacionadas a dichos procesos. 

Imaginemos un proceso de regularización masivo donde se flexibilicen requisitos: solo en pagos propiamente de trámites migratorios ingresarían 123 dólares por cada persona regularizada nueva y por cada renovación de documento realizada cada año o cada dos años conforme la ley. 123 dólares multiplicados por, por ejemplo, un millón de personas regularizadas representarían un ingreso fresco al Estado costarricense de 123 millones de dólares. 

Hay dos opciones para las personas migrantes: o se les regulariza o se les deja invisibilizados; pero no van a desaparecer, seguirán ahí, y si no se les brinda oportunidades en el país, se les oprime y persigue, se les violan sus derechos, pueden terminar obligados a, en el mejor de los casos, irse del país y, en el peor, a caer en las garras de la delincuencia, convertirse en víctimas de trata o ser objeto de tráfico de personas.

Actualmente, en Costa Rica existe un desorden en cuanto a la política migratoria. De esa situación se aprovechan los delincuentes y va en perjuicio de la gente honesta y trabajadora. 

Las acciones de las autoridades están basadas en prejuicios, en lugar de que exista una política de seguridad nacional que integre el aspecto migratorio. Están haciéndose operativos migratorios que no llevan a identificar a los delincuentes, sino que perjudican a personas que trabajan en Costa Rica y que tal vez viven en la invisibilidad por su irregularidad migratoria. 

La experiencia desde la acera de las personas migrantes es que el Estado costarricense no facilita la obtención de ningún tipo de documentación, sino que más bien la obstaculiza al pedir más y más requisitos para la regularización migratoria, como si el objetivo fuese sumar y sumar burocracia, en el sentido más negativo de la palabra. El mejor ejemplo es el requisito de la inscripción consular, que recientemente restableció la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Por otro lado, como una “cacería de brujas”, la Policía espera a los migrantes trabajadores en las calles pidiéndoles papeles que muchas veces no tienen por esa falta de acceso a la regularización migratoria. Mientras tanto, los delincuentes siguen felices, sin ser identificados, ni buscados, ni registrados. 

Hay que acabar esa cacería de brujas.

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Daguer Hernández

Daguer Hernández es abogado y notario y cursa una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Tiene doce años de experiencia en la administración pública, y fue subdirector de Migración, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, en Costa Rica.

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