9 de abril 2025
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El pasado fin de semana Nicolás Maduro aceptó de nuevo recibir a deportados venezolanos desde Estados Unidos previa escala en Honduras. No se sabe exactamente a cambio de qué, pero parece improbable que la reanudación de las repatriaciones no se deba a algún tipo de negociación. Refleja con claridad las dos pistas de la política del presidente Donald Trump hacia Caracas, que puede confundir a todos: a la oposición venezolana, al Gobierno de Maduro, a los exiliados de ese país en EE. UU. y a los demás países involucrados en el eterno drama de la nación de Bolívar.
Trump ya había sorprendido a los opositores de Maduro al despachar a Richard Grenell, uno de sus amigos más cercanos, a Caracas para lograr la liberación de un puñado de presos estadounidenses e iniciar las deportaciones de venezolanos. El primer reto era sensible, pero sencillo: bastaba casi con que Grenell se reuniera con Maduro para lograr la excarcelación. El segundo desafío encerraba dificultades mayores.
El programa del TPS (Estatus de Protección Temporal) ampara a más de 600 000 venezolanos, pero la cifra aumenta si se incluye a quienes esperan la resolución de su solicitud de asilo, a quienes se acogieron al programa de parole humanitario de la Administración de Joe Biden e incluso a los inmigrantes indocumentados. Pero los obstáculos de expulsarlos a todos son tan grandes que un pequeño número de deportados, con amplias repercusiones mediáticas, podría bastarle.
Por ello, Trump parece haber creído que con los vuelos autorizados por Maduro después de la misión de Grenell ya podría vender a su base la idea de la deportación de venezolanos, en particular, de los supuestos integrantes del Tren de Aragua, la pandilla originada en aquel país y que se había abocado, según su relato, a victimizar a ciudadanos estadounidenses en varios estados. Pero los vuelos se ralentizaron, Maduro comenzó a retractarse de su compromiso de aceptarlos y el esquema inicial dejó de funcionar.
El propio Trump provocó la crisis. El permiso otorgado por el expresidente Biden a la empresa petrolera Chevron de extraer, exportar e importar productos petrolíferos en Venezuela vencía a principios de marzo de 2025. Al cabo de una vacilación inicial, Trump resolvió no renovar la licencia, afectando seriamente la producción venezolana, así como sus posibilidades de venta en el exterior. Para Maduro, se trató de un golpe severo. Con o sin causa y efecto, los vuelos se paralizaron.
En ese momento, Trump tomó una de las decisiones más controvertidas de su aún breve mandato. Trasladó —sin juicio ni audiencia— a más de 200 venezolanos a uno de los penitenciarios más infernales de El Salvador, acusados de formar parte del Tren de Aragua, pagando seis millones de dólares al Gobierno de Nayib Bukele por mantenerlos encerrados. Las imágenes de humillación y exceso del uso de la fuerza en el llamado Cecot le dieron la vuelta al mundo. Las protestas y los recursos jurídicos en Estados Unidos no tardaron en surgir. Un juez buscó revertir la medida y los familiares de los presos iniciaron un movimiento para rescatarlos.
Para Maduro, la humillación de los deportados se extendió a su propia presidencia. Reaccionó con relativa rapidez y acompañó el reclamo de los familiares. Como se ha denunciado, los detenidos no habían sido juzgados en Estados Unidos, ni en El Salvador, y no habían cometido delitos en el país centroamericano.
Simultáneamente, y tal vez como réplica, Trump adoptó, de nuevo, dos medidas contradictorias. Por un lado, anunció, en voz del secretario de Estado Marco Rubio, que a partir del 2 de abril “podría imponer” un arancel de 25% a las importaciones procedentes de cualquier país que comprara o revendiera petróleo venezolano. Pero, por otro lado, extendió el plazo para el vencimiento del permiso de operar en Venezuela a Chevron hasta el 27 de mayo de 2025, dejando abierta la posibilidad de que nunca se cancele realmente la licencia. Maduro, por su parte, autorizó la reanudación de los vuelos de repatriación el 24 de marzo.
Lo que resalta de esta danza de medidas y respuestas es que Trump persigue dos objetivos simultáneos y contradictorios. Desea mantener la presión sobre Maduro, cumpliendo con las exigencias de senadores y congresistas cubanoestadounidenses y del propio Rubio, que tienen lazos estrechos con la oposición venezolana, y que rechazan cualquier normalización con un régimen que cometió un fraude electoral descomunal en 2024 y que viola los derechos humanos, de acuerdo con observadores electorales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, busca deportar a alguna parte —de preferencia a la propia Venezuela— a más de medio millón de nacionales de ese país. A diferencia de oriundos de otras naciones, estos son fáciles de encontrar y detener porque muchos de ellos poseen un estatus legal, temporal o más permanente.
Se podría suponer también que Trump procura igualmente mantener una elevada plataforma de producción venezolana de petróleo, no tanto por necesidades directas de Estados Unidos —ya es el principal productor de hidrocarburos del mundo— sino para influir en los precios internacionales. Sin descartar este factor, parece que el de la migración es el decisivo.
Todo esto dificulta alcanzar ambas metas y sostenerlas a mediano plazo. La estrategia de “máxima presión” sobre Maduro, mediante sanciones, ostracismo y otras formas de agresión, difícilmente lo derrocará. Ya se intentó y terminó en un fracaso. Pero dicha estrategia puede contribuir a un nuevo y mayor éxodo de venezolanos. En cambio, negociar con él para que reciba a más migrantes retornados y los trate de manera conveniente, conduce de manera irrevocable a conferirle legitimidad y a normalizar la relación. Trump deberá elegir algún día no muy lejano.
*Este artículo se publicó originalmente en CCN Español.
