21 de noviembre 2018
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Ha pasado más de un año desde que el huracán María asoló a Puerto Rico, agravando la agonía de una comunidad que ya estaba atrapada en una espiral económica descendente. Además de experimentar una crisis de emigración, la isla buscó lo que equivalía a la protección por bancarrota en mayo de 2017. Y bajo la Ley de Estabilidad, Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico de los Estados Unidos (PROMESA, por sus siglas en inglés), una junta de supervisión federal ahora supervisa sus finanzas.
Aunque María fue una tragedia, también creó la oportunidad de volver a escribir un plan fiscal defectuoso que había sido certificado por la junta de supervisión en marzo de 2017. Se suponía que ese plan restauraría la salud económica de la isla y también proporcionaría dinero a los acreedores que reclamaban el reembolso. Pero el plan deprimió aún más la actividad económica y no pudo establecer una base adecuada para calcular la cantidad de reestructuración de deuda que Puerto Rico necesitaba.
Lamentablemente, no se ha aprovechado la oportunidad de enderezar el barco fiscal de Puerto Rico. Por el contrario, la junta de supervisión recientemente certificó un nuevo plan fiscal y un acuerdo con los tenedores de bonos emitidos por la Corporación de Fondos de Interés Urgente de Puerto Rico (COFINA) que podría poner a la isla en una camisa de fuerza de deuda por tiempo indefinido.
Con USD17.8 mil millones, el stock de bonos de COFINA (que están respaldados por los futuros ingresos de impuestos a las ventas) representa más de un tercio de la deuda total en el nuevo plan fiscal. Y el acuerdo de COFINA es en sí mismo parte de un esfuerzo mayor de reestructuración de la deuda que se basa en una evaluación poco realista de las condiciones económicas de la Commonwealth. En pocas palabras, los términos de la reestructuración no proporcionan suficiente alivio para que Puerto Rico pueda lograr un crecimiento futuro.
Bajo el nuevo acuerdo, los pagos anuales de deuda de Puerto Rico aumentarán de USD420 millones en el año fiscal 2019 a casi USD1000 millones en el año fiscal 2041, lo que implica una tasa de recuperación agregada del 75.5% del monto adeudado. Ese es un trato muy generoso para los tenedores de bonos de COFINA. Pero si los otros tenedores de bonos de Puerto Rico esperan recibir un tratamiento similar, deberían pensar de nuevo. Como muestran nuestros cálculos, si se implementara un acuerdo de este tipo, prácticamente no quedaría nada para las otras categorías de bonos (suponiendo que el objetivo de la reestructuración de la deuda es restaurar la sostenibilidad de la deuda de la isla).
Gracias a la junta de supervisión, los tenedores de bonos de COFINA ahora obtendrán mucho más de lo que podrían haber esperado en diciembre pasado, cuando los bonos puertorriqueños tocaron fondo. Los precios tanto de COFINA como de los bonos de obligación general se han recuperado constantemente, debido a un juego político sobre fondos de ayuda para desastres que se ha estado desarrollando entre la junta de supervisión, el Congreso de los EE. UU y los tenedores de bonos -un juego al que se unió la Cámara de Representantes de Puerto Rico unos días cuando se aprobó una factura para permitir el acuerdo de COFINA.
Como dice el viejo refrán, los fondos son fungibles. Incluso si todo el dinero destinado al socorro en casos de desastre iba realmente a donde se suponía que debía ir, la inyección de fondos libera dinero en otros lugares. Por lo tanto, la evolución reciente de los precios de los bonos puertorriqueños refleja la expectativa de que los fondos adicionales no se destinarán a los puertorriqueños que aún sufren los efectos devastadores de María, sino a los acreedores de la Commonwealth.
El nuevo plan fiscal de la junta de supervisión es igualmente defectuoso. Sobre la base de las nuevas proyecciones de crecimiento, que son aún más optimistas que las del plan pre-Maria, la junta asume que el huracán de alguna manera proporcionó un impacto positivo neto a Puerto Rico. El nuevo plan incluye un pronóstico relativamente brillante para el año fiscal 2019, y prevé un crecimiento económico y mayores ingresos del gobierno a partir de ese momento, a pesar de las mayores dosis de austeridad fiscal y la disminución de la ayuda federal.
Es difícil dar sentido a tales suposiciones, y aún más difícil aceptar que podrían proporcionar una buena base para calcular la capacidad de pago real de Puerto Rico. Como explica Brad Setser, del Council on Foreign Relations, la junta de supervisión justifica su optimismo suponiendo, en nuestra opinión de manera inverosímil, que las reformas estructurales propuestas por el plan para el período 2021-2023 ofrecerán ganancias extraordinariamente grandes.
De manera más realista, el plan proyecta una fuerte disminución en la población de Puerto Rico, de 3.3 millones hoy a 2.1 millones para 2058. Sin embargo, si bien la junta de supervisión reconoce tácitamente que muchos ciudadanos tendrán que irse a la parte continental de los EE. UU para encontrar trabajo, espera que la producción por trabajador por año aumente milagrosamente para compensar la contracción de la fuerza laboral.
A pesar de un fuerte consenso entre los economistas de que Puerto Rico necesita un plan de reestructuración económica y de deuda radicalmente diferente, los responsables de la formulación de políticas pertinentes no parecen estar escuchando. Si las responsabilidades de la isla no se reestructuran adecuadamente, permanecerá la trampa de la deuda. Mientras el dinero necesario para las inversiones vaya a pagar a los tenedores de bonos, el crecimiento sostenido es imposible.
Dado el estado de la economía de Puerto Rico después de María, se necesita una reestructuración mucho más profunda. Pero al perseguir su nuevo plan fiscal y el acuerdo de COFINA, la junta de supervisión ha desperdiciado un tiempo valioso, asegurando que la lucha de una década en Puerto Rico continuará y empeorará.
*Martín Guzmán, investigador asociado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires, es copresidente de la Comisión sobre Reestructuración de Deudas y Quiebra Soberana de la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas de la Universidad de Columbia e investigador superior en el Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI). Joseph E. Stiglitz, premio Nobel en economía, es profesor distinguido de la Universidad de Columbia y economista principal en el Instituto Roosevelt. Copyright: Project Syndicate, 2018.
