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El ataque al sector privado y la “talibanización” de Nicaragua

El cierre no es el final de un capítulo de represión, sino la continuidad de la totalización de la vida civil nicaragüense

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10 de marzo 2023

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El ataque al gremio del sector empresarial en Nicaragua es parte de la talibanización del país. Dentro de la hoja de ruta de talibanizar a Nicaragua, la cancelación de las cámaras estaba en la lista de operaciones de 2023. El régimen no pretende anular sino asumir el tutelaje completo sobre la vida cotidiana de los nicaragüenses, mediante la destrucción de cualquier interlocución social y económica que no sea parte del sistema de Gobierno mismo (esto también incluirá entidades de arte y cultura).

El cierre no es el final de un capítulo de represión, sino la continuidad de la totalización de la vida civil Nicaragüense. La consecuencia inmediata es que la interlocución que tienen las cámaras de empresas frente el Estado y la sociedad en general, queda terminada. Lo que queda es la interlocución ‘cómplice’, creada por el mismo régimen, y que opera dentro del marco Estado-partido, de la misma manera que configuró a las organizaciones ‘de masa’ en los años ochenta, en donde la credencial de identificación era pertenencia a la revolución, a cargo del partido y sus comandantes.


El ataque al sector privado no era sorpresa. Algunos empresarios agremiados estaban esperando que sucediera, otros que esperaban un cambio de Ortega hacia ellos; pero ahora el temor no es solo por sus negocios que sufren extorsiones tributarias, amenazas de cierre y multas, pero, viendo lo que ha pasado antes con la eliminación del pluralismo, el régimen pasa de la deslegalización a la cárcel con acusaciones falsas, con confiscaciones de bienes, y todo apoyado en la criminalización del Estado de derecho.

El régimen está acelerando su hoja de ruta, en parte para transferir el poder a un tercero, ejecutando un nuevo método de control jerárquico (sin una comandancia general y colegiada) de tipo dinástico, acompañado por un sistema cleptocrático, que se traduce en una segunda piñata. El régimen como en otros sistemas, tal como el cubano, en donde el Consejo de Estado incluye ‘sociedad civil’ tiene formalmente empresas como Aprodesni, o CONAPI, quienes han sido los ‘interlocutores’ títeres del sistema. Ya estas entidades vienen ‘negociando’ con el Estado temas puntuales, como el salario mínimo, el cual fue aprobado sin debate.

Poco a poco Nicaragua se ha quedado sin los intermediadores e interlocutores de la sociedad nicaragüense, típicos de una democracia y van quedando básicamente los líderes del círculo de poder, sus empresarios mismos.

Prácticamente, Ortega está dejando claro que los que, por el momento, quedan son el cardenal Brenes y los líderes del llamado gran capital; al primero lo necesita para prevenir un levantamiento religioso, y los segundos para mantener una sostenibilidad económica del sistema en el corto plazo. A parte de estos, el resto de la población está sujeto a las leyes de criminalización de la democracia.

Después de tres años de radicalización, los nicaragüenses pasan por una gran incertidumbre sobre qué más viene: ¿más listas de personas desnacionalizas?, ¿nueva ola de encarcelamientos?, ¿mayor despliegue policial?, ¿otro ataque contra la Iglesia?, ¿reclutamiento forzoso en un servicio militar patriótico para controlar a los jóvenes, que eran menores de edad en 2018 y ahora tienen edad adulta? Esto último no es sorpresa porque los ‘chavalos’ que tenían 11 y 12 años en ese tiempo, ahora son adultos, con expectativas de vida en una sociedad plural, libre y democrática, con opciones laborales a mano. En vez, están confrontando un régimen de terror, una política del miedo, y se encuentran en la mira del régimen para abordarlos represivamente, o cooptarlos clientelistamente con premios de liderazgo marero a cambio de lealtad.

Las consecuencias de este proceso de talibanización son devastadoras, tanto a nivel de país como de sociedad. Es una denigración de la dignidad humana codificada en ley, toda vez que el régimen de Ortega y Murillo eliminan legalmente los derechos individuales, de asociación, libertad de expresión, movimiento, credo y participación política.

Es importante, por ello, caracterizar muy bien cómo opera esa talibanización: la eliminación de interlocutores e intermediarios sociales y políticos; la realización de purgas internas para evitar disidencia; el uso de la fuerza como método de control social; el control de la economía mediante represión económica, o clientelismo. La razón por la que hay talibanización no es accidental o eufemística, sino que recoge el propósito del método: el control absoluto del poder político, por tiempo indefinido, mediante al culto a la familia Ortega-Murillo.

En Nicaragua, de siete mil organismos de la sociedad civil registrados legalmente quedan menos de mil (unos callados, con miedo a ser suspendidos y una minoría que son proOrtega); de los más de 20 gremios del sector privado quedan prácticamente dos o tres, que son proOrteguistas, excepto por Amcham. Los medios de comunicación independiente prácticamente no existen y recogen noticias mediante nuevos métodos de cobertura. La Iglesia católica no puede ejercer su pleno derecho a predicar su fe porque se les prohíbe realizar procesiones en la calle, el culto religioso solo se está dando en la privacidad de las casas. Los partidos políticos pasaron de diéciseis a cinco, incluyendo al partido del Gobierno, Frente Sandinista, y cuatro micropartidos que son colaboracionistas históricos del FSLN y tienen doce asientos en una legislatura de 92.

Las instituciones políticas carecen de contrapesos: el Legislativo es controlado con mayoría casi absoluta por el FSLN (87%); el sistema de justicia está jefeado por mas de dos tercios de mayoría del FSLN; la autoridad electoral es exclusivamente parte del FSLN; la Policía no es independiente, y controlada por exjefes de la Seguridad del Estado de los años ochenta. El jefe del Ejército es amigo de Ortega y sus generales mantienen silencio por temor a ser purgados por el régimen. Los Gobiernos locales están controlados en más del 90% por el FSLIN. Esto es Nicaragua.

El mundo reconoce que Nicaragua no es democrática, sin embargo, la magnitud de esta barbarie es desconocida. La presión internacional necesita de una respuesta proporcional a estos despojos a la dignidad humana, y empieza revisando las acciones que los Gobiernos hermanos de Centroamérica, su sociedad civil y publico pueden hacer al respecto.

La integración regional incluye el respeto y apego a las leyes democráticas, incluye que instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es parte del Sistema de Integración Centroamericano, sea sujeto a los tratados internacionales, de los que está suscrito. En particular, el Protocolo de Tegucigalpa estipula en su artículo 3 que “tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo”. De igual forma su artículo 4 sostiene que tanto el SICA y los Estados miembros “procederán de acuerdo a los principios” tales como “la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos”. El rendimiento de cuentas es responsabilidad de todos los centroamericanos, especialmente cuando sus derechos están en riesgo de perderse o ya se han perdido.


*Investigador del Diálogo Interamericano.


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Manuel Orozco

Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.

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