¿Cuál es la ruta…?

Concluyó el primer capítulo de la mesa de negociación instalada a partir del acuerdo de Ortega con los banqueros. Representantes del gobierno y de la Alianza Cívica dieron a conocer sus primeros entendimientos, concretados en lo que denominaron Hoja de Ruta.

Hay un refrán popular que dice: Por las vísperas se saca el día. Veamos pues qué nos dicen las vísperas del día.

Leyendo el texto del acuerdo resulta relativamente fácil deducir la posición de cada parte, cuáles fueron las concesiones y cuáles son las intenciones. Vamos a referirnos a los acuerdos que consideramos significativos.

Un plazo que no es plazo

El primer acuerdo fue sobre el plazo. Se escribió así: “El proceso de negociación terminará tentativamente el 28 de marzo, o la fecha que se acuerde en consenso por los delegados titulares”.

Evidentemente el propósito de los delegados de la Alianza Cívica es llegar a resultados en corto plazo. Y es evidente que la intención del gobierno es alargar lo más que puedan la mesa de negociación, ya que necesitan ganar tiempo.

Con esta redacción los representantes del régimen lograron aniquilar la fijación de un plazo. De nada sirvió señalar una fecha si el gobierno logró incorporar que la fecha es tentativa y que puede acordarse otra fecha.

¿A quién beneficia el bozal?

Un segundo acuerdo fue sobre los temas a abordar. La redacción dice lo siguiente: “La agenda contendrá los temas que las delegaciones propongan y se adopten de consenso en la negociación”. En otras palabras, si, por ejemplo, el régimen no está de acuerdo en que se trate la liberación de prisionera y prisioneros políticos, el cese de la represión o la restauración de los derechos y libertades ciudadanas, simplemente no formarán parte de la agenda. La pregunta obvia es:

¿Qué harán los representantes de la Alianza Cívica si el gobierno no acepta incorporar esos temas en la agenda?

Este acuerdo debe relacionarse con el acuerdo sobre comunicación, que dice lo siguiente: Los participantes de la negociación solo podrán dar declaraciones o divulgaciones sobre los temas ya aprobados.

La posición del régimen es obvia. Conforme su tradicional espíritu conspirativo, apuntalados en el secretismo y componendas, resolvió poner un bozal a los representantes de la Alianza Cívica. Y por razones inexplicables aceptaron colocarse el bozal. La pregunta es ¿Por qué los representantes accedieron a este acuerdo?

Pongamos un ejemplo. Si los representantes del régimen no están de acuerdo con tratar el tema de la liberación de las prisioneras y prisioneros políticos ¿Se van a quedar callados?

A todas luces el régimen pretende seguir abonando a la desconfianza en la Alianza Cívica, a erosionar su credibilidad, ensanchar brechas con los representados de la misma y cortar los necesarios lazos de comunicación, para comenzar, con la Unidad Azul y Blanco.

Todavía más…esas comparecencias conjuntas. ¿De dónde sacaron que era necesario o inevitable aparecer dando la cara junto a los representantes del régimen?

Los representantes de la Alianza Cívica deben entender que no están en el mismo plano. Sus interlocutores son representantes de un régimen señalado por organizaciones internacionales de derechos humanos como responsable de haber cometido delitos de lesa humanidad. Cuando aparecen en el mismo plano el régimen les “chupa” credibilidad y les erosiona. Si están sentados en la misma mesa es porque por ahora no hay más alternativa que el diálogo. Hay que ser, y también hay que parecer, sobre todo en semejante atmósfera de desconfianza. Señores, les ayuda a ustedes y nos ayuda a nosotros que marquen distancia.

¿Es un “logro” mutilar el papel de la conferencia episcopal?

Después viene el tema de los testigos y acompañantes nacionales. El acuerdo es que se invitará al Cardenal Leopoldo Brenes, quien podrá estar acompañado de dos asesores. Además, se invitará en la misma calidad a un representante de las iglesias evangélicas.

Discúlpenme la expresión, pero este es un golazo de cancha a cancha que se anotaron los representantes del régimen. Primero, porque eliminaron de un tajo la participación de la Conferencia Episcopal y la redujeron a la presencia del Cardenal Brenes y dos asesores. Segundo, porque mutilaron el papel de los representantes de la iglesia al reducirlos de mediadores, a testigos y acompañantes. Finalmente, el tiro de gracia: invitar en la misma calidad a representantes de la iglesia evangélica que no han expresado ningún interés en la crisis. Los únicos pronunciamientos que se conocen corresponden a pastores que actúan como vasallos del régimen.

De este modo el régimen exhibe dos intenciones: de un lado arrinconar a la Conferencia Episcopal a un nivel tal que se vean impulsados a desistir de participar. Y así los eliminan de una vez con la apariencia de ser decisión propia. Y si aceptan participar en esa condición disminuida, todavía los parten por la mitad porque ahora su palabra podrá ser contradicha o contrastada por los testigos evangélicos que entran de igual a igual. Y siempre podrán proclamar que la iglesia católica está presente.