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Autocracia judicial-parlamentaria: Guatemala y Perú

En ambos países se trata tan solo de un proceso de vaciamiento institucional que destruye los mecanismos de control del Estado

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sale de su despacho legislativo. Foto: EFE/David Toro

Héctor Schamis

20 de noviembre 2023

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El golpe militar es una reliquia del pasado en América Latina. Ello no significa que las desviaciones, alteraciones, fisuras o explícitas rupturas del orden constitucional sean también parte de la historia. Es lo que leemos habitualmente bajo las nociones de “autogolpe,” “golpe judicial” y “golpe parlamentario”.

A diferencia de los “putschs” de antaño, los de hoy ocurren lentamente, se anuncian con anticipación, se trabajan y se formulan en lenguaje institucional. Así se mantiene una apariencia de normalidad, tanto que no hay mayores sorpresas cuando ocurren. La escritura ya estaba en la pared.


De forma estilizada, nótense algunos de sus rasgos. En el autogolpe, el Ejecutivo desmantela, depone y/o coopta a uno de los otros poderes o ambos para continuar en el poder, y aumentar y extender su discrecionalidad. El caso clásico es el Fujimorazo en 1992, escuela de autócratas, tal vez el primero de los nuevos golpes no-militares. No lo desarrollaré aquí.

En el golpe judicial, una o varias entidades se apartan de la letra y el espíritu de la constitución, extralimitándose en sus funciones y prerrogativas. Sus actuaciones están motivadas por ideología y/o intereses, lícitos tanto como ilícitos. La justicia deja de actuar de manera objetiva, neutral, impersonal y equitativa, si bien con extensos expedientes reproduce la ficción del debido proceso. Los dictámenes judiciales, sin embargo, se deciden de antemano y fuera de los tribunales. El Poder Judicial se convierte en actor político.

Como ocurre en Guatemala. Allí, en un contexto de politización del Poder Judicial, un Ministerio Público con una larga historia de opacidades interfirió en el proceso electoral desde el inicio. Cinco meses después, continúa desconociendo el resultado y acosando al Tribunal Supremo Electoral —que también forma parte del Poder Judicial— con acusaciones e impugnaciones al sistema de transmisión de resultados y al registro de candidatos, incluyendo el presidente y la vicepresidenta electos y su partido.

Todo ello extralimitándose en sus atribuciones y competencias, ampliando y profundizando su persecución política inicialmente quirúrgica. En una suerte de “barrage” de acciones, el viernes presentó antejuicios contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y varios diputados en funciones y electos de los partidos Semilla, VOS y Winaq. El antejuicio busca despojarlos de su inmunidad, permitiendo luego imputarlos por supuestos delitos.

Ello se complementó con 31 allanamientos y 27 órdenes de captura contra otros miembros del partido Movimiento Semilla y activistas de derechos humanos, académicos, estudiantes, periodistas, entre otros. Cinco de ellos fueron arrestados y puestos en prisión preventiva.

Nótese el contraste. En democracia existe la rendición de cuentas (accountability), que no se refiere solo a la probidad de las autoridades sino también, en tanto públicos, a la legalidad y transparencia de sus actos. Dicha rendición de cuentas funciona en sentido vertical, del Estado frente a la sociedad, y en sentido horizontal, de las instituciones estatales entre sí. Esos son los vitales pesos y contrapesos del sistema democrático, producto de la fiscalización entre los poderes del Estado y entre sus instituciones.

En Guatemala nadie fiscaliza al Ministerio Público. Los fiscales actúan con amplia discrecionalidad y avanzan en lo que, a todas luces, es un golpe por anticipado. La fecha de posesión de Arévalo y Herrera es el próximo 14 de enero. Si resultaran inhibidos a partir del antejuicio en cuestión, la sucesión recaería en quien sea elegido en el Congreso por dos tercios de los votos. Cristaliza así la colusión judicial-parlamentaria contra la democracia.

Perú es un caso de similar, aunque el protagonismo de los actores es el inverso. Se trata más bien de un históricamente hiperactivo Congreso. Justamente, este acaba de recomendar la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, alegando “faltas graves”. Tales faltas no tienen definición precisa, al punto que se citan como evidencia actos que no están tipificados en la ley. La ambigüedad de un poder del Estado siempre invita a la injusticia y el abuso de autoridad.

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Justamente, la JNJ es un organismo autónomo garantizado por la Constitución. Su misión es nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales y diversas autoridades de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, incluidas las autoridades del registro de identificación y las electorales. Imagínese, no es casual que voces de la sociedad civil, la política y el campo judicial se hayan referido a esta remoción como un “golpe de Estado parlamentario”.

Es que, de tener éxito con una renovación con jueces y funcionarios adeptos, el Congreso y su directiva concentrarán la suma del poder público. Ya controlan el Ejecutivo, la presidencia de Boluarte es resultado de su estrategia. Ahora, además, el control de la justicia sería garantía de impunidad para el “oficialismo”. Es decir, para el bloque parlamentario más numeroso, que no es mayoritario debido a la fragmentación estructural del sistema político del país.

Ese es el fujimorismo, los aprendices del autogolpe de 1992 que repiten el guion desde hace décadas. Son los autores de la inestabilidad del sistema político y sus instituciones: juicios de vacancia, incapacidad moral del presidente, financiamiento ilegal de campañas. Entre 2016 y 2022, los conflictos de poderes derivaron en cinco presidentes en cinco años y una disolución del Congreso. Desde esa fecha hasta la actualidad, se han realizado siete juicios de vacancia, el último contra Castillo.

Quienes ejercieron el poder antes de 2016 no fueron más afortunados, aún logrando concluir sus respectivos mandatos de acuerdo al calendario. Toledo, 2001-2006, está en libertad bajo fianza por orden de un juzgado de California. Alan García, 2006-2011, se suicidó en abril de 2019 al momento de ser detenido por asuntos relacionados con el caso Odebrecht. Humala, 2011-2016, se encuentra en libertad, pero imputado junto a su esposa.

El personaje protagónico de esta película repetida es una suerte de “fiscal político vitalicio”, papel siempre reservado para el fujimorismo. Con lo cual sería el único personaje probo entre un océano de corruptos. Difícil de creer.

El fujimorismo, que nunca pudo obtener la presidencia después de Fujimori, se ha conformado con esto, la intriga palaciega y la deslealtad institucional. Y no lo ha hecho mal. Sin llegar a la presidencia, jamás han logrado una mayoría propia, no obstante controla todos los recursos de poder.

Concluyo aquí mi propio script. En Guatemala el discurso del establishment judicial enfatiza ser el protagonista y garante de la independencia del Poder Judicial, su obligación constitucional. Lo hace siempre en un lenguaje en extremo leguleyo. En Perú, a su vez, la elite legislativa usa un lenguaje parlamentarista para recrear la ficción de un sistema semiparlamentario.

No son ni lo uno ni lo otro. En ambos países se trata tan solo de un proceso de vaciamiento institucional que destruye los mecanismos de control del Estado. Con ello se garantiza la impunidad del verdadero actor protagónico de la política latinoamericana de hoy: la corrupción y el crimen organizado.

*Artículo publicado originalmente en Infobae.

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Héctor Schamis

Héctor Schamis

Académico argentino. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Es autor de varios libros y articulista de opinión en diferentes medios.

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