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¿A qué le apuesta el régimen Ortega-Murillo?

La crisis de la violación a los derechos humanos sin una transición democrática

La crisis de la violación a los derechos humanos sin una transición democrática por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Uriel Pineda

1 de noviembre 2019

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La crisis sociopolítica que enfrenta el país no ha encontrado solución por una razón elemental, el régimen Ortega-Murillo sabe que no puede dejar el poder porque al hacerlo será llamado a cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Nicaragua. Bajo esta premisa, ¿qué alternativas tenemos en la lucha por el restablecimiento de la democracia?

El reciente análisis hecho por Arturo Cruz sugiere que las sanciones no son la vía para la deposición del régimen Ortega-Muriilo, sin lugar a dudas las sanciones meten en aprietos a la dictadura, pero las puede sortear como lo ha demostrado la experiencia internacional. El régimen irá poniendo parches donde se necesite, si para oxigenar la situación del INSS bajó el porcentaje del deslizamiento fijo del córdoba respeto del dólar del 5% al 3%, hará lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder. Ha llenado las calles de policías para que las personas no se expresen, no protesten, no porque “los tengamos locos”.


Más trágico aún, si Daniel Ortega tiene que repetir las órdenes que derivaron en la comisión de crímenes de lesa humanidad, lo hará, el pueblo de Nicaragua se enfrenta a seres sin límites éticos o morales, sin ningún respeto por la vida o la dignidad humana. Ante este escenario, la pregunta que hay que contestar para replantear nuestra estrategia es ¿a qué le apuesta el régimen Ortega-Murillo?

En lo personal, creo que el proceso de construcción democrática mexicano puede darnos alguna pista. El régimen Ortega-Murillo a su llegada al poder constituyó un régimen corporativista, esto supone la administración y/o control de cualquier expresión de organización o participación, justo como funcionó el PRI en el país azteca. El resquebrajamiento o ruptura de ese sistema corporativista se da en 1968, cuando Gustavo Díaz Ordaz decide reprimir a los estudiantes quienes en un primer momento protestaron por el respeto a la autonomía universitaria, entre julio y diciembre de 1968 se calculan unas 350 muertes asociadas a la protesta estudiantil.

A ello le sucedió la llamada “Guerra Sucia” caracterizada por un gran número de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, justo como ha ocurrido en zonas rurales con opositores al régimen. Pero esto no significó que no existiera fortalecimiento de la institucionalidad democrática o apertura de participación democrática en México, pero el PRI salió hasta que fue seguro dejar el poder y que nadie pagara por los crímenes del pasado.

A nosotros nos interesa que se haga justicia y que los culpables paguen, a la comunidad internacional que las violaciones a Derechos Humanos paren. A Daniel Ortega no le preocupan tanto las sanciones, al final del día las irá sorteando, pero si le interesa paren las presiones internacionales y tener legitimidad ante la comunidad internacional. En esta lógica, en la medida en que el régimen pueda ofrecer algunas garantías de respeto a Derechos Humanos a la comunidad internacional, ésta bajará la presión sobre él y la principal apuesta opositora, las sanciones internacionales, se tornarán ineficaces. Al no poder negociar el borrón y cuenta nueva con la clase política en Nicaragua, el régimen la negociará con la comunidad internacional.

Ceder la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, aprobar algunas leyes orientadas a prevenir la violación de Derechos Humanos, algunos cambios en el Poder Judicial y la apertura de espacios de participación política principalmente local, son cambios que no amenazan el poder del régimen y que pueden verse después del 2021, porque lo que necesita el régimen es tiempo, no 30 años como el PRI, pero al menos una década para obtener el mismo resultado.

Esos cambios graduales, no solo bajaran la presión de la comunidad internacional, sino que disiparan las demandas de justicia y democracia en el contexto interno. Tengo la impresión que esta es la apuesta el régimen, pero no significa que ocurra o que no puedan presentarse otras variables, por ejemplo, que Ortega sea acusado y requerido internacionalmente por lavado de dinero y/o narcotráfico.

A Winston Churchill se le atribuye la frase: “Un político tiene que tener la habilidad de predecir lo que va a pasar mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, además de la habilidad de poder explicar después por qué nada de eso pasó” en mi favor puedo decir que no soy político y que la situación de Nicaragua es bastante compleja de predecir, pero si no hay una variable que altere esta inercia, me parece uno de los escenarios más probables.

Al no haber interlocución con actores nacionales, la presión internacional parece ser el único espacio de incidencia, tampoco se puede perder de vista lo que han llegado a exteriorizar algunos antiguos colaboradores de Daniel Ortega, él sólo negocia cuando se ve obligado a hacerlo. En la medida que la comunidad internacional tenga medios para obligarlo a negociar y ceder, estos medios deben ser utilizados.

*Maestro en Derechos Humanos


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Uriel Pineda

Uriel Pineda

Abogado nicaragüense, máster y consultor independiente en Derechos Humanos, radicado en México.

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