25 de agosto 2023
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Seis días le duró al orteguismo el bulo de que la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo sería totalmente gratuita. La mentira —usada para justificar el robo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA)— se cayó este jueves 24 de agosto de 2023, con la publicación, por separado, de dos documentos oficiales del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
En un comunicado, el CNU informó de que evaluará “exhaustivamente” el expediente de los estudiantes de la confiscada UCA, para “becar” sólo a aquellos “de escasos recursos” en la sustituta Casimiro Sotelo.
La nota fue divulgada horas después que el mismo CNU publicó, en el Diario Oficial La Gaceta, una certificación de la Casimiro Sotelo, en la que establecen que esta “operará de forma autofinanciada”.
Sin embargo, esa certificación fue corregida este viernes 25 de agosto de 2023. El CNU publicó en La Gaceta una fe de errata, en la que informa que los fondos de la Casimiro Sotelo saldrán del Presupuesto estatal.
De gratuita a pagar en seis días
La decisión de cobrarle a unos estudiantes y a otros no, contradice la promesa de “gratuidad” total que hicieron, el pasado 18 de agosto de 2023, la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez Pérez, y el rector de nueva universidad, Alejandro Genet Cruz, cuando tomaron posesión de las instalaciones de la UCA.
“Les anunciamos que esta universidad del pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres. No habrá ningún arancel o pago”, celebró Rodríguez.
Esa promesa la modificaron a los tres días. El lunes 21 de agosto, Rodríguez y Genet aseguraron en un medio de propaganda del FSLN que los universitarios de pregrado sólo pagarían un “valor simbólico” por la prematrícula y matrícula.
“La UNAN es 100% gratuita y ese es el modelo que asume la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro”, aseguró la presidenta del CNU, sin explicar cómo se financiaría la nueva institución educativa.
Tres días después, el CNU se desdijo y ahora sí habrá cobros. Además, anunció que el reinicio de clases será hasta el 25 de septiembre de 2023, porque están identificando a los estudiantes “que provienen de familias de escasos recursos económicos”.
“El Gobierno de Ortega confiscó la universidad (UCA) sin tener claro qué es lo que iba a hacer”, opina Adrián Meza, académico y rector de la confiscada Universidad Pablo Freire.
Agrega que “la prioridad política fue la decisión, la revancha y dejemos para después todo el andamiaje técnico que debe de soportar una decisión de semejante naturaleza”.
No tienen capacidad para subsidiar nueva universidad
“Lo de los cobros es inevitable. No hay manera de que la nueva universidad pueda funcionar con el mismo número de estudiantes, de profesores y personal que tenía antes. Es absurdo y si no cobran, tendrán que decir de dónde saldrá el presupuesto para funcionar”, subraya Ernesto Medina, académico y exrector universitario.
De acuerdo con los académicos, la dictadura se apresuró a cerrar, confiscar e instalar una nueva universidad en la UCA. En un intento por tranquilizar y normalizar la situación afirmaron que sería gratuita.
La Casimiro Sotelo no puede absorber el presupuesto del 6% constitucional que recibía la UCA porque en 2022 se lo quitaron. Desde 2018 esta universidad fue “castigada” con una drástica reducción de su partida estatal, hasta que en marzo del año pasado la excluyeron completamente.
Presupuesto de universidades se quedó pequeño
La partida estatal de 2023, destinada a las universidades, asciende a unos 6315 millones de córdobas. Esta ya fue repartida y está ejecución entre las once entidades educativas, que son miembros del CNU y la Secretaría Técnica de este órgano rector.
Este presupuesto se ha quedado “escaso” ante la creación de universidades estatales, que absorben a casi 43 000 estudiantes de los centros confiscados. Esto obligó a las autoridades universitarias a cobrar por las matrículas, aranceles y otros gastos académicos.
A pesar de esta realidad, las autoridades del CNU insistieron con un discurso de gratuidad en la Casimiro Sotelo.
“De dónde va a sacar el Estado de Daniel Ortega para mantener y hacer funcionar a una universidad como la UCA. Si la educación fuera su prioridad ya hubiesen destinado a una partida presupuestaria especial, pero eso no va a pasar”, lamenta Meza.
Las páginas y militantes sandinistas celebraron la inauguración de la nueva universidad y reiteraron el discurso de gratuidad del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Captura de pantalla de los post en Facebook y Twitter.
CNU “no haya por dónde empezar”
Medina considera que, el análisis para identificar a los estudiantes que no pagarán, es parte de la idea populista del Gobierno de Ortega. La UCA ya tenía una cantidad de becados, que se redujo cuando le cercenaron y arrebataron su partida del 6%.
“No hay criterios claros para evaluar la situación económica de alguien en las universidades (estatales) de Nicaragua. Esto se ha prestado para utilizarlo políticamente: no paga el que está bien enchufado o viene recomendado por el secretario político. No se trata de un análisis justo”, opina.
Lo que van a crear con esta situación “es inconformidad e inestabilidad”, afirma el académico. “Quienes deberían asumir el costo de esta barbaridad son quienes tomaron la decisión de expropiar y robarse la UCA”, comenta.
Meza enfatiza que la UCA tiene en su registro a los estudiantes que becados, por lo que “no es necesario un mes más para hacer el análisis”. Para el exrector, el aplazamiento de las clases, después que aseguraron que iniciaría la próxima semana, responde a la incapacidad de operar.
“Simplemente no hayan por dónde empezar, por el nivel de complejidad que tiene una universidad del tamaño de la UCA”, destaca.
*Una versión anterior de esta nota incluía opiniones ante el supuesto de que la Universidad Casimiro Sotelo sería “autofinanciada”, pero se eliminaron ante la fe de errata publicada por el CNU.
