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Unas 100 comunidades indígenas y afrodescendientes nicaragüenses, asentadas cerca de las fronteras con Honduras y Costa Rica, se verán afectadas con la Ley de Territorio Fronterizo, ya que la nueva legislación “vulnera de forma directa” la seguridad jurídica y la autonomía de los pueblos originarios, según la Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
La nueva Ley de Territorio Fronterizo, aprobada el 5 de agosto de 2025, establece como propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras del país. Esta delimitación geográfica —de acuerdo con la Red— concuerda con algunos territorios ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, que anteriormente estaban protegidos por el Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe y la Ley del Régimen de Propiedad Comunal.
La nueva legislación derogó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía explícitamente que —en el caso de los pueblos indígenas— se debe respetar todo lo establecido en instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.
Para la Red de Defensores —creada tras el cierre ilegal del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan)—, la nueva ley representa “una grave amenaza” a los derechos de propiedad comunal de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, “crea un conflicto” con las leyes que reconocen el derecho histórico sobre el uso y tenencia de los territorios indígenas.
“Esta nueva normativa no sólo contradice la normativa jurídica existente, sino que legitima el despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios y el usufructo de sus recursos naturales; permitiendo al Estado de Nicaragua realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes sin el consentimiento previo, libre e informado; bajo la justificación de soberanía y seguridad nacional”, se lee en un comunicado difundido por la red de defensores.
Esta situación, agregan, viene a agravar la violencia ya existente en la Costa Caribe generada por las invasiones de colonos, en su mayoría exmilitares, y las actividades extractivas como la minería que impulsan las empresas nacionales y transnacionales.
“La violencia armada perpetrada por colonos, desplazando a la población indígena de sus tierras ancestrales hasta las orillas de las fronteras, ha creado un clima de inseguridad, que ahora se ve exacerbado por esta nueva ley de Territorio Fronterizo que esencialmente convierte los territorios indígenas en propiedad del Estado”, subrayan.
Más presencia militar en territorios indígenas
La Red de Defensores valora que, desde el enfoque indígena, la nueva Ley de Territorio Fronterizo tendrá un impacto significativo en la vida y cosmovisión de los pueblos originarios, debido a que modifica el control y gestión del territorio fronterizo que por siglos ha sido habitado y cuidado por los pueblos indígenas y afrodescendientes.
A partir de la nueva ley se impondrá “una mayor presencia de militares (en la franja de 15 kilómetros), que puede derivar en restricciones severas a la movilidad de las comunidades, rompiendo con el tejido social, el uso de sus recursos naturales, y la aniquilación del ejercicio de la autonomía comunitaria”, señalan.
Sostienen que tan situación “no sólo pone en riesgo la integridad cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, sino que también desestabiliza el equilibrio territorial en una región fronteriza estratégica para el país, generando tensiones que podrían afectar la convivencia y la paz social”.
Enfatizan que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras deben ser protegidos, por lo que exhorta al Estado de Nicaragua a cumplir con los compromisos nacionales e internacionales que ha adquirido en materia de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Territorio del Estado pasó de cinco a quince kilómetros
Los 15 kilómetros del territorio fronterizo ya estaban contemplados en la derogada Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, pero solamente los primeros cinco —desde el límite fronterizo hacia el interior del territorio nacional— eran considerados “área inalienable del Estado de Nicaragua”.
Anteriormente, el territorio fronterizo estaba clasificado en: Zona de Desarrollo e Integración Fronteriza, Zona de Seguridad Fronteriza y Zona Especial de Protección Fronteriza. Clasificación que delimitaba las áreas habitadas donde se requiere un tratamiento especial por las instituciones del Estado, las áreas protegidas y pueblos indígenas, y el área inalienable del Estado de Nicaragua.
La Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, aprobada en diciembre de 2010, prohibía los establecimientos humanos en áreas protegidas, sin perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y reconocía las propiedades privadas en el territorio fronterizo. Todo esto fue borrado en la nueva ley.
