17 de mayo 2024
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), intentó justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, aduciendo que ellos simplemente han "recuperado para el pueblo de Nicaragua", centenares de propiedades que, valoran, eran "usufructuadas indebidamente" por particulares.
En una nota de la PGR, divulgada la tarde de este viernes 17 de mayo de 2024, señalan que la "transferencia al Estado de Nicaragua" de centenares de propiedades, es el resultado de una serie de procesos penales relacionados con el "narcotráfico, lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses".
Según la narrativa del régimen, el Estado de Nicaragua también habría "recuperado propiedades" que pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), debido al incumplimiento de la legislación que regula a los OSFL.
En estas situaciones "lo que ha prevalecido, es la restitución del Estado sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales", se lee en la nota de la PGR.
Confiscaciones superan los USD 250 millones
El intento de la PGR de justificar las confiscaciones ocurre un día después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), que calculó que las confiscaciones de bienes efectuadas en Nicaragua, tienen un costo de —al menos— USD 250 millones los que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.
La investigación denominada "la Nueva Piñata Ortega-Murillo" revela que las confiscaciones iniciaron en 2018, pero se intensificaron en febrero de 2023, a partir del destierro de un grupo de 222 presos políticos, y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría poco después.
Durante estos seis años, el régimen ha confiscado empresas, viviendas, propiedades, medios de comunicación, oenegés, universidades, cámaras empresariales e iglesias
Los autores del texto admiten que el cálculo de USD 250 millones para estas nuevas confiscaciones es muy preliminar, dada la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen, como del temor de los afectados.
"Para beneficio de nuestra población"
Sobre el uso de las propiedades confiscadas, la PGR se excusa diciendo que "se han destinado para beneficio de nuestra población", obviando el hecho de que la mayoría de los inmuebles confiscados pertenecían a ciudadanos nicaragüenses y organismos que trabajaban en favor de la población más vulnerable del país.
"Con pleno ejercicio de su soberanía, el Estado de Nicaragua restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo nicaragüense, por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento, de algunas personas naturales o jurídicas, que transgredieron las normas internas del país", apuntó la nota de la PGR.
