21 de agosto 2021
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El régimen orteguista impulsa una nueva forma de “intimidación”, a través de citatorios a trabajadores del diario La Prensa, a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El Chipote”. Casi una docena de colaboradores han sido interrogados durante la última semana; tres de ellos permanecieron más de 24 horas en sus oficinas, lo que en la práctica se considera una “detención ilegal”, aseguran abogados.
Los interrogatorios son parte de una investigación contra el diario por los supuestos delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
Abogados consultados por CONFIDENCIAL confirman que la Policía tiene la facultad legal para citar a ciudadanos en calidad de testigo a “El Chipote”, como parte de procesos investigativos. No obstante, en el contexto represivo contra la oposición y la prensa independiente, un citatorio a la DAJ es “como una agresión psicológica” porque “no sabés si vas a salir de ahí o te van a retener porque ya sabemos que la Policía miente y encubre su forma de actuar”, explicó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Desde que inició la nueva ola represiva del régimen orteguista contra la oposición y la prensa libre -en mayo con el segundo allanamiento a un estudio temporal de CONFIDENCIAL y Esta Semana- la Fiscalía anunció una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y en marco de ese proceso, ha citado a decenas de periodistas, dueños de medios, y voces críticas. Sin embargo, en el caso de La Prensa las citas se realizan en la DAJ- donde se encuentran 29 de los 33 nuevos presos políticos detenidos- y sin presencia de abogados.
Para “Francisco”, un especialista en derecho penal, que solicitó se omitiera su identidad por razones de seguridad, citar a una persona a la DAJ busca evitar que el testigo acuda con un abogado, como sucede en la Fiscalía. “Hay mucha mayor intimidación en citar a una persona al Chipote, que a la Fiscalía. La Fiscalía, de alguna forma, no puede obviar que las personas vayan con abogado, pero en la Policía, por su naturaleza (...) evitan que estas personas puedan estar asistidas de abogado”, expresó.
“Ellos tienen derecho - trabajadores- a estar asistido por un abogado”, remarca Núñez, ya que podrían hacerles preguntas capciosas, preguntas que escapen de los conocimientos que tenían por la labor que desempeñaban (...) Esto es una violacion gravísima en contra de los trabajadores de La Prensa, que estuvieron más de 24 horas privados de libertad en el Chipote -tres de ellos-, y además una tortura psicológica no solamente a ellos, sino a su familia. Yo solo me imagino la angustia que tenían todos los familiares”, expresó la defensora de derechos humanos.
La madrugada del sábado 14 de agosto, la Policía orteguista advirtió a los trabajadores del diario que iban a citarlos durante la semana, mientras el gerente general, Juan Lorenzo Holmann, debió acompañarlos al “Chipote” para firmar unos documentos, pero fue apresado. El lunes empezaron los interrogatorios y tres trabajadores de administración y finanzas ingresaron a la DAJ y salieron pasadas las ocho de la noche del martes.
La Prensa informó que durante ese tiempo, sus colaboradores recibieron comida y se comunicaron, a través de llamadas, con sus familiares. “Francisco”, el abogado penalista, explicó que una entrevista no puede extenderse por 24 horas, y si requiere más tiempo, se debe programar un nuevo encuentro. Aunque los trabajadores no estuvieron incomunicados - que sería otra violación a sus derechos- en la práctica “es una condición de retención contra su libertad”, expresó. “Su derecho a la libertad de movilización estaba impedida”, recalcó Núñez.
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Las instalaciones del Diario La Prensa fueron tomadas por la Policía leal al régimen Ortega Murillo desde el pasado 13 de agosto. Foto: Confidencial
Un proceso “legal” para encubrir censura
Al mediodía del viernes 13 de agosto, patrullas policiales irrumpieron en las instalaciones del diario La Prensa, tan solo un día después que el rotativo anunció que la edición impresa del jueves 12 de agosto era la última porque se quedaron sin papel debido a un bloqueo aduanero.
La Policía justificó la toma del diario con una supuesta investigación y en “cumplimiento de orden judicial”; sin embargo, se desconoce si presentaron algún documento al momento de allanar las oficinas del medio más longevo del país.
Intervenir la documentación de Editorial La Prensa y tomarse las oficinas, así como el arresto de su gerente general, y los posteriores citatorios a los trabajadores, carecen de legalidad si desde el inicio no hubo una orden judicial, explicó “Franklin”, otro abogado consultado por CONFIDENCIAL, y que pidió no ser citado por seguridad.
La Policía investiga al diario por defraudación aduanera y lavado de dinero; el primer delito implica que el Estado busca recuperar los tributos que no se cancelaron en un periodo determinado, pero en este caso, La Prensa, al cumplir una función social como medio de comunicación está exenta de pagar tributos.
“Estamos en un conflicto porque estás imputando un delito que le es imposible que Editorial La Prensa, a través de sus agentes o representantes, lo haga porque por ley y disposición constitucional está exenta de pagar impuestos”, explicó el abogado “Franklin”.
El artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, señala que “la importación de papel, maquinaria y equipo y refacciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales. Las leyes tributarias regularán la materia”.
Por otro lado, el delito de lavado de dinero -que ocurre cuando un capital de procedencia ilícita es legitimado a través de actividades lícitas- no se ha podido comprobar ni con la FVBCh y tampoco con el diario, agregó el abogado.
“Hay una cierta oscuridad en cómo se están llevando adelante las investigaciones y esto demuestra, que obviamente, el Ministerio Público, la Policía Nacional, en este caso concreto, que es la autoridad que ha procedido a ejecutar los allanamientos ilegales (...) lo está haciendo sin tener una teoría del caso medianamente construida. Sin ni siquiera presumir de que se han cometido los delitos de lavado de dinero y de defraudación aduanera. Están procediendo a los interrogatorios, están procediendo a la ejecución de esos actos de investigación para ver si encuentran algún caso o logran construir un caso”, expresó el especialista “Franklin”.
Sobre la investigación contra La Prensa, el Ministerio Público, señaló el lunes 16 de agosto que en el allanamiento encontraron “treinta cajas de documentación relacionadas con la FVBCh”. Ese indicio, sugiere, según análisis del abogado “Franklin” que podrían estar pensando en unir ambas causas, aunque no se tiene certeza de los siguientes pasos. Son investigaciones “discrecionales y arbitrarias”, considera el abogado “Francisco”.
Los tres especialistas consultados por CONFIDENCIAL coinciden que detrás de los procesos judiciales, prevalece la intención de silenciar a la prensa independiente. Núñez es clara: “no existe una explicación jurídica sobre todas las acciones represivas impulsadas por el Gobierno porque están al margen de la ley”.
“Se enmarca dentro de la decisión del Gobierno de destruir el único medio, el único diario escrito que existe en el país. Pero no solamente destruirlo, sino que robar y apoderarse de todo. Con el objetivo de terminar con la libertad de expresión”, alerta la defensora de derechos humanos. Para el abogado “Francisco” es evidente que “se trata de persecución por motivaciones políticas”.
Es una represalia contra un medio, que denunció las violaciones de derechos humanos ocurridas en 2018, asevera el abogado “Franklin”.
“Es darle un poco la vuelta a la narrativa. Aquí no estamos censurando, no estamos violentando el derecho de asociación, lo que estamos es cumpliendo la ley -que es el discurso del régimen orteguista-.”, señala el abogado “Franklin”. Pero esa estrategia discursiva ha jugado en contra del régimen. La ocupación de La Prensa provocó una condena y rechazo de gran parte de la comunidad internacional, que antes también había criticado la falta de condiciones para elecciones transparentes y competitivas en noviembre.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (Oacnudh) emitieron un comunicado conjunto condenando “los reiterados actos de persecución realizados por parte de las autoridades nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre 2021”.
