15 de diciembre 2018
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La Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo agredió físicamente al equipo de Confidencial la mañana de este sábado, cuando nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, acudió a la sede de la institución a buscar una respuesta por la confiscación ilegal de nuestra redacción, ejecutada por oficiales armados la noche de este viernes.
Alrededor de 50 antimotines salieron de la sede de Plaza el Sol. Eran dirigidos por un comisionado, que, rabioso, ordenaba agredir a Carlos Fernando, su esposa Desirée Elizondo, y el equipo periodístico. Los policías alegaban — a punta de gritos— que estaban imponiendo una “zona de seguridad”.
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Los oficiales se fueron encima de los periodistas, quienes se replegaron en la gasolinera de Plaza el Sol. Sin embargo, la Policía no se detuvo. Nos persiguió gritando “va a la verga, hijos de puta, golpistas”.
La violenta reacción policial sucedió después que un comisionado de apellido Soza ingresó a la sede de Plaza el Sol a notificar sobre la presencia de Chamorro y los periodistas de Confidencial.
https://twitter.com/PiruloAr/status/1073979034676195328
“Antimotines agreden a periodistas. Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policia la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial Soza a dialogar. Entro a hacer consultas. 30 minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, denunció Chamorro.
El virulento ataque físico dejó varias periodistas de Confidencial golpeados, entre ellos los reporteros Néstor Arce y Claudia Tijerino, y la editora Arlen Cerda.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, instó a la dictadura a cesar los ataques contra los periodistas y organismos no gubernamentales.
"Hago un llamamiento enfático al gobierno de Nicaragua para que cese inmediatamente la persecusión contra defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y medios de comunicación críticos con el Gobierno", expresó Bachelet.
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Antes de acudir a Plaza el Sol, Chamorro y su equipo asistieron a las oficinas de Confidencial a intentar ingresar al inmueble. Sin embargo, fue imposible porque desde la noche del viernes policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) se tomaron militarmente el edificio de forma ilegal, sin siquiera presentar una orden judicial.
Los oficiales estaban viendo un partido de fútbol en uno de los televisores cuando llegaron los periodistas. Los oficiales no dieron información ante las preguntas de Chamorro.
Carlos Herrera | Confidencial
“Es una triple agresión que está ejecutando el Estado delincuente que preside el dictador Daniel Ortega. Las tres empresas que aquí funcionan no tienen relación con CINCO”, le dijo Chamorro a los oficiales que ocupan la redacción de Confidencial. “Si acaso la ministra de Gobernación, el jefe de la Policía Francisco Díaz, y el jefe supremo de la policía, alegan que están cumpliendo una resolución, es ilegal porque les permite confiscar los bienes de las ONG perseguidas, pero las empresas Promedia, Invermedia y Cabal no tienen relación con las ONG. Son empresas privadas adscritas al registro mercantil. Es un acto violatorio libertad de expresión y a la libre empresa”, remarcó.
https://twitter.com/PiruloAr/status/1073976361340014592
Lo único que los oficiales le dijeron a Chamorro es que las explicaciones las daban en Plaza el Sol, donde después se ejecutó la agresión física. De esta forma, los ataques contra el equipo de Confidencial se ha tornado más rabiosos. Primero, los policías asaltaron la redacción y se llevaron 32 computadoras, once discos externos, cinco cámaras de video, dos cámaras fotográficas, tres celulares inteligentes, documentos contables y legales, entre otras pertenencias.
La Policía volvió a las oficinas de Confidencial a las 10:27 de la noche del viernes a tomarse el domicilio. Los oficiales obligaron a los guardas de seguridad a dejar el edificio, y al menos seis policías ingresaron de forma ilegal.
Abrao: “se acelera cuarta fase de represión”
“Se acelera la cuarta fase de la represión en Nicaragua: la consolidación de un Estado de Excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener ‘apariencia de legalidad’ para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”, expresó Paulo Abrao, secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahorita la Polícia Nacional de #Nicaragua impide a la dirección de @cenidh entrar en sus instalaciones. No hay verdadera democracia sin sociedad civil libre, sin derecho a la libre asociación y reunión. pic.twitter.com/SpyQcfjYye
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 15, 2018
Abrao dijo que la reducción de los espacios de la sociedad civil “confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente e criminalizar los opositores, se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes. Las democracias exigen pluralidad política”.
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, también quiso asistir a las instalaciones del organismo que encabeza. Pero los oficiales le impidieron pasar.
La policía también allanó y se tomó por la fuerza el Centro de Información de Asesoría en Salud (Cisas), fundada por la activista nicaragüense-costarricense Ana Quirós, expulsada a Costa Rica el 26 de noviembre pasado.
Esa ONG informó que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía Nacional llegaron anoche a bordo de camionetas y microbuses, expulsaron a los vigilantes y "tomaron posesión" de las oficinas de Cisas.
El Gobierno de Nicaragua informó el viernes que los bienes incautados a las nueve ONG a las que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica pasan a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.
Los organismos a los que el Parlamento de Nicaragua despojó de su legalidad son Cisas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.
También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Popol Na.
