19 de marzo 2025
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La comunidad internacional activó un “mecanismo” de vigilancia sobre la dictadura en Nicaragua, tras la designación de una “Comisión de Encuesta” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que investigará la situación de los derechos laborales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Consejo de Administración de la OIT creó el martes 18 de marzo de 2025 una “Comisión de Encuesta” para Nicaragua. Este es el mecanismo de investigación de más alto nivel del organismo internacional y se activa cuando un Estado miembro es acusado de violaciones graves y persistentes a los convenios internacionales laborales y se niega reiteradamente a resolverlos.
“La OIT lo que asegura es que los Estados que tienen relación comercial con el país, deben garantizar que esos convenios laborales se cumplan”, explicó Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río.
Una vez que la Comisión de Encuesta complete su investigación y emita un informe, Nicaragua tendrá un plazo de tres meses para decidir si acepta o rechaza las recomendaciones.
La Constitución de la OIT establece que cualquier Estado miembro que haya ratificado los mismos convenios que Nicaragua puede presentar una queja si considera que no se están cumpliendo adecuadamente los compromisos laborales internacionales.
Además, la Carta Fundacional otorga a los países afectados por las violaciones, la posibilidad de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), si consideran que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta no resuelven adecuadamente la situación.
Cualquier decisión de la CIJ es de carácter “inapelable”, incluso este tribunal podrá “confirmar, modificar o anular las conclusiones o recomendaciones que pudiere haber formulado la Comisión de Encuesta”.
Consecuencias sobre Nicaragua
“Esto llevará mucho tiempo, la OIT no está reclamando a Nicaragua, le va a reclamar a los que tienen relación comercial con el país (…) inclusive, si los organismos financieros tienen cláusulas de derechos laborales no podrían aprobar ningún préstamo si no cumplís los derechos laborales de tu país, eso es básico en las relaciones comerciales y las relaciones de préstamo”, explicó Ruiz.
Si el Consejo de Administración detecta que el Estado miembro no ha adoptado ninguna recomendación, informará a la Conferencia sobre el particular.
La investigación contra Nicaragua abordará denuncias de actos de intimidación y acoso contra trabajadores independientes y organizaciones patronales, así como casos de arrestos y detenciones arbitrarias.
Esta es la segunda ocasión que el organismo de Naciones Unidas establece una comisión de encuesta para Nicaragua. La primera vez ocurrió en 1987, durante la primera Administración del gobierno sandinista, para investigar una queja por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Dictadura ausente ante la OIT
El Consejo de Administración de la OIT lamentó la “ausencia total de un compromiso significativo” del Gobierno orteguista desde 2023, cuando el organismo de Naciones Unidas admitió la denuncia contra Nicaragua por el incumplimiento a los siguientes convenios internacionales:
- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (número 87).
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (número 98).
- Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (número 111).
- Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) (número 144)
La Constitución de la OIT establece que la “Comisión de Encuesta” debe realizar “averiguaciones sobre todos los hechos concretos”, lo que implica que tiene la facultad de recopilar información de diversas fuentes, incluida la posibilidad de visitar el país en cuestión.
Además, los Estados miembros están obligados a proporcionar información relevante a la Comisión.
Con anterioridad, la OIT demandó a Nicaragua que garantice que los trabajadores y los empleadores puedan “constituir sus propias organizaciones y realizar sus actividades sin injerencia” y que el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP) —cuya personería jurídica fue cancelada en marzo de 2023— pueda operar nuevamente.
El organismo de Naciones Unidas ha solicitado también que se ponga fin a todo acto de “violencia, amenaza, persecución, estigmatización, intimidación o cualquier otra forma de agresión contra personas u organizaciones”.
Dictadura obligada a cumplir
El 28 de febrero de 2025, la dictadura a través de su canciller Valdrack Jaentschke notificó a la OIT su decisión de retirarse del organismo acusándolo de actuar de “manera politizada” y de prestarse a supuestas “maniobras de desestabilización e injerencismo” por tramitar las quejas.
No obstante, el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, en una misiva fechada el 4 de marzo de 2025, recordó al régimen que el organismo lleva “muchos años formulando observaciones” sin que haya cambios en el país
Houngbo, además, subrayó que la salida de Nicaragua de la OIT surtirá efecto el 28 de febrero de 2027, una vez que haya cumplido con todas las obligaciones financieras derivadas de su adhesión. Pese al anuncio de la dictadura, Nicaragua seguiría estando “vinculada” con todas las obligaciones derivadas de los convenios.
