30 de septiembre 2022
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La cancelación de 2181 organizaciones sin fines de lucro, ejecutada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde finales de 2018 a septiembre de 2022, tiene como objetivo “callar y desarticular a la sociedad civil” nicaragüense, afirman directivos de oenegés y universidades que fueron despojadas de sus personerías jurídicas y de sus bienes muebles e inmuebles. Pero sostienen que el orteguismo no conseguirá su objetivo.
“El interés del régimen es tratar de callar a la sociedad civil, pero no lo va a lograr”, afirma Amaru Ruiz, presidente de la cancelada y confiscada Fundación del Río. El ambientalista agrega que el orteguismo “no lo va a lograr porque la ciudadanía misma reconoce el trabajo y desarrollo que vienen realizando las organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento a sus problemas más sentidos y eso es una cosa que jamás podrá quitar la dictadura Ortega-Murillo”.
“Podrá quitar la personería jurídica, la legalidad, podrá exiliarnos, pero nuestros principios jamás podrá quitarnoslo”, sostuvo en entrevista con Esta Noche.
Cancelación y confiscación en represalia por la Rebelión de Abril
La Fundación del Río fue una de las primeras oenegés canceladas en diciembre de 2018, en represalia por la denuncia de la negligencia del Gobierno en el incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz, que fue chispa de las protestas ciudadanas para demandar justicia, libertad y democracia.
Amaru Ruiz, ahora exiliado, denunció que el régimen ha ejecutado -tras la cancelación de su personería jurídica- una “confiscación de facto” de los bienes inmuebles de la organización, despojándolos de 22 propiedades, incluyendo una que no tenía nada que ver con la oenegé, pues se trataba de una herencia.
“Este proceso de confiscación ha sido paulatino, inició luego de la cancelación de la personería jurídica. Se tomaron las oficinas centrales en San Carlos, Río San Juan, luego de esto el proceso de expropiación continuó a través de instituciones del Gobierno y de la Policía Nacional, que se han tomado, por ejemplo, el Marena se tomó nuestras áreas de conservación de bosque, que teníamos tanto en los municipios de San Carlos y El Castillo. También se tomaron nuestras radios comunitarias, una que estaba ubicada en San Miguelito y otra en El Castillo. Luego de eso, hace tres meses, se tomaron las últimas instalaciones de la oficina y de un hotel que teníamos en el municipio de San Miguelito y fue entregada a la municipalidad de San Miguelito, que es sandinista, y declarada como casa cultural”, denunció.
Sin embargo, Ruiz sostiene que “las organizaciones de la sociedad civil pueden reinventarse y continuar trabajando, siempre y cuando haya un aporte de los ciudadanos nicaragüenses en el sentido de continuar las acciones de confianza, que han tejido las organizaciones”.
Considera que “gracias al trabajo de las organizaciones locales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de la gente que por mucho más de 20 años ha trabajado, confiado en el trabajo de la organización, es que la organización puede seguir trabajando en los territorios, en el acompañamiento a estas comunidades”.
El objetivo: Quieren verse como los únicos protectores
La feminista María Teresa Blandón, directora del programa feminista La Corriente, también señaló que la confiscación a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres ha sido “de facto”, recordando que desde finales de 2018 el régimen Ortega-Murillo “inició con la toma por parte de la Policía de las instalaciones de CISAS y del Instituto de Liderazgo de Las Segovias y luego vinieron las otras organizaciones, el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, La Corriente y el Colectivo de Mujeres de Matagalpa”.
“En todos los casos la Policía ha llegado sin previo aviso, sin ningún documento, es decir, un acto por la vía militar se han tomado los locales de las organizaciones. En algunos casos han anunciado que van a instalar centros de atención, pero en general esto no se concreta, sabemos que estos locales están tomados por la Policía. En el caso de La Corriente pasó lo mismo, el 8 de julio llegó la Policía, expulsó al muchacho que estaba resguardando las instalaciones y tomaron posesión”, denunció Blandón en el programa Esta Noche.
Destacó que el régimen busca “callar” las voces de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para “poder imponer su discurso, su falso discurso de equidad de género”, mencionando que el régimen en estos más de 15 años en el poder ha ejecutado acciones contrarias a los derechos de las mujeres, entre estas: la penalización absoluta del aborto, con lo cual han condenado a las mujeres pobres a embarazos de alto riesgo e incluso a la muerte; la falta de interés e incluso su complicidad con la violencia machista; el desmontaje de las comisarías de la mujer; la reforma a la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres; y las campañas de estigmatización hacia las organizaciones que defienden a las víctimas de ese tipo de violencia.
La socióloga María Teresa Blandón se encuentra fuera del país desde julio pasado, luego que el régimen Ortega-Murillo le negara el ingreso al país. Salió el 24 de junio a través del aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, donde los agentes de Migración le hicieron “un largo interrogatorio”, pero no tuvo mayor dificultad para viajar. Sin embargo, cuando intentó regresar, el primero de julio, fue notificada por la aerolínea Avianca que no podría volver a su país.
La directora del cancelado programa La Corriente valoró que su destierro ocurrió porque el régimen “quiere imponer el silencio, quieren impedir que las organizaciones de la sociedad civil, que personas que tienen prestigio y que están denunciando la violación de derechos humanos en Nicaragua puedan continuar haciéndolo”.
“Lo que quieren es empobrecer a la sociedad, imponer una política de miedo, pero también quieren vengarse de todas aquellas voces que desde distintos lugares hemos venido denunciando la violación de derechos humanos, denunciando la instalación de una nueva dictadura y seguimos reclamando elecciones libres y transparentes, la suspensión del estado policial de facto en el que vivimos, la recuperación de nuestras libertades, en resumen, la salida de este régimen porque ya sabemos que mientras permanezcan en el poder ya sabemos que la sociedad nicaragüense va a seguir sufriendo persecución, asedio, estafa, espolio, expropiación, como hemos estado viendo durante estos últimos cuatro años y medio”, agregó.
Obstrucción de justicia: No pueden impugnar cancelaciones
Los directivos de estas organizaciones canceladas y confiscadas concuerdan que estos cierres ordenados por el régimen dejan como el principal perjudicado a la ciudadanía nicaragüense, que se beneficiaban del trabajo de esos centenares de oenegés cerradas, y la capacidad y el derecho a recibir cooperación para el desarrollo en Nicaragua.
Adrián Meza, rector y fundador de la Universidad Paulo Freire (UPF), ilegalizada por el régimen Ortega-Murillo, en febrero pasado, explicó que tras el cierre miles de estudiantes han tenido dificultades para continuar con sus estudios.
“Al Gobierno no le interesa, ellos estaban claros del enorme perjuicio a los alumnos, sin embargo, no es esa su preocupación, su preocupación es el control absoluto de la educación superior y si para ello tiene que arruinar la vida académica de miles de estudiantes ese no es su problema, no es su preocupación”, denunció.
Señaló que la universidad fue despojada de tres propiedades y una gran cantidad de bienes muebles, sumando pérdidas económicas aproximadas que ascienden a unos 700 000 dólares.
Meza, desde el exilio, destacó que dentro de Nicaragua “no hay mecanismos legales” que realmente funcionen de manera independiente y puedan ser utilizados para impugnar todas estas decisiones ilegales del régimen orteguista.
“En Nicaragua no hay poder judicial ni hay un marco normativo que funcione, de eso estamos convencidos todos. Una de las cosas que hizo el régimen fue desmontar los dispositivos jurídicos a los cuales podrían tener acceso los ciudadanos e instituciones, precisamente para poder actuar con impunidad absoluta, por que cualquier iniciativa en Nicaragua de esta naturaleza es una iniciativa que no va para ninguna parte, porque ya sabemos que en el país no existe administración de justicia, existen secretarios con toga y sin birrete dispuestos a firmar lo que el régimen les ponga enfrente aunque sea una sentencia que no tenga representación en ninguna parte del mundo, esa no es preocupación de jueces y magistrados, ellos firman lo que les pongan enfrente”, explicó.
Resaltó que algunos estudiantes, afectados por el cierre de la Universidad Paulo Freire, ante la falta de justicia en Nicaragua, han recurrido a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para denunciar “el perjuicio provocado a su derecho a tener acceso a una educación superior”.
