2 de agosto 2020
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Al cumplirse 48 horas desde que, organizaciones no gubernamentales y la Dirección General de Migración, de Costa Rica, realizaron la prueba de coronavirus a 170 migrantes nicaragüenses, que se encuentran varados en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, está previsto que este domingo les entreguen los primeros resultados. De esta manera estarían ingresando al territorio nicaragüense mañana lunes "sin importar el resultado de la prueba".
El grupo que –a inicios de julio– se estimaba en 500 personas migrantes se redujo drásticamente, debido a que una parte cruzó la línea fronteriza de manera irregular “en grupos de entre 30 y 15 personas”, mientras que otra parte reingresó a suelo costarricense, explicó el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, durante una entrevista en el programa Esta Semana que se transmitirá este domingo a las ocho de la noche.
La prueba de covid-19 que el Gobierno de Daniel Ortega demanda a los nicaragüenses como boleto de entrada a su país “nunca debió ser y, si se iba a hacer, debieron hacerlo en territorio nicaragüense independientemente del resultado”, señaló Carrión. El Estado de Nicaragua “tiene la obligación” de recibir a sus ciudadanos, independientemente si el resultado de la prueba es positivo de coronavirus, pero si ese es el caso, la persona enferma “debería recibir protección en salud”, dijo.
“Nadie debe ser rechazado por imperio constitucional, la Constitución Política no pone ese impedimento. Independientemente que salgan positivos nuestra exigencia es que se respete el orden constitucional, porque el nicaragüense puede salir y entrar sin impedimento alguno, es su derecho constitucional y humano”, subrayó Carrión.
Trato cruel por “una valoración política”
Para el defensor de Derechos Humanos la “crueldad ilimitada” con que el Gobierno de Ortega ha tratado a los nicaragüenses, que se encontraban en Costa Rica, se debe a “una valoración política”, ya que ese país alberga a más de 30 000 nicaragüenses que exiliados debido a la represión que ejerce el Gobierno de Nicaragua en contra de quienes se oponen a su gestión.
Nicaragüenses hacen fila en el punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, para que les realicen la prueba de covid-19. EFE/Jeffrey Arguedas
Aunque las personas que están en Peñas Blancas son migrantes económicos, algunos de ellos han denunciado, ante los defensores de derechos humanos, que los oficiales de la Policía y el Ejército de Nicaragua les dicen que nos los dejan regresar al país “porque son tranqueros, terroristas”, el mismo lenguaje que usa el Gobierno para descalificar a los manifestantes opositores.
El abogado valoró que “no hay justificación jurídica” para impedirles el retorno a su patria. “Entonces se entiende que es una arbitrariedad de motivación eminentemente política”, continuó.
Además, ni los defensores de derechos humanos ni las autoridades de Costa Rica pueden visibilizar si entre los migrantes nicaragüenses hay exiliados, solicitantes de refugio o asilo político, porque eso representaría “un alto riesgo” para esas personas.
Empujados hacia la migración irregular
Imposibilitados de regresar a Nicaragua a través de los puestos migratorios y ante la pérdida de sus empleos en Costa Rica, los nicaragüenses están siendo “empujados hacia la migración irregular”. Esta situación Carrión la calificó como “la mayor crueldad” porque “el retorno irregular es de alto riesgo” y recordó que –hace una semana– conoció el caso de un grupo de 13 personas que intentó cruzar por un punto ciego, pero horas después tres de ellos regresaron al territorio costarricense y de los otros no se supo más.
Quienes han fallado en el intento de cruzar la frontera irregularmente “acusan al Ejército de Nicaragua de expulsarlos hacia Costa Rica”, explicó Carrión. Esta situación también es irregular ya que la institución castrense “no son la autoridad migratoria”, dijo el abogado.
Mi reporte sobre el crisis humunitaria que viven los nicaragüenses varados en Peñas Blancas. https://t.co/FbJpA4kFSq
— Gerall Chávez (@GerallChavez) July 28, 2020
La forma en que tienen cerrada la frontera “alienta el retorno irregular”, advirtió Carrión. “No hay condiciones para que miles de nicaragüense en condición de pobreza paguen por esa prueba” de la covid-19. “No hay manera y, por mucha solidaridad, no va haber recursos para miles”. Entonces, “los nicaragüenses van a regresar irregularmente”.
Solidaridad internacional
El financiamiento para las pruebas de laboratorio que se aplicaron a los 180 migrantes llegó a través de “organizaciones humanitarias e individuos” que respondieron al llamado de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y del Centro de Derechos Laborales, “que con la generosa contribución de la Clínica Bíblica y bajo la coordinación del Gobierno de la República de Costa Rica, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, han logrado iniciar el proceso”.
Las pruebas de covid-19 fueron realizadas por un laboratorio costarricense y están valoradas en 100 dólares aproximadamente. Una suma de dinero que un nicaragüense pobre “no podría pagar”, valoró Carrión.
En Nicaragua las pruebas de covid-19 fueron centralizadas por el Ministerio de Salud (Minsa), una institución que no rinde cuentas sobre la cantidad de pruebas realizadas y a quienes se las aplicado. Recientemente, el Minsa publicó una normativa en la que oferta las pruebas de coronavirus a los viajeros por un costo de 150 dólares americanos.
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