23 de julio 2022
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Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas en contra de una adolescente, enfrenta el proceso judicial en “indefensión”, advirtieron abogados y especialistas penales. El defensor privado del sacerdote, Harry Antonio Valle Palacio, renunció tras la audiencia inicial de este jueves 21 de julio, en la cual se dedicó a alabar al sistema judicial del régimen.
Técnicamente, Valle Palacio —un fanático del Frente Sandinista— continúa representando al sacerdote —párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco—, mientras el judicial no admita su renuncia. Una vez se cumpla ese procedimiento, el juez debe nombrar un defensor público o un abogado de oficio, si es que aún no existe otro defensor privado, al que deberá darle intervención de ley, explicó el especialista judicial Yader Morazán. “Esta persona (el sacerdote) no puede quedar sin una representación legal dentro del proceso”.
Aunque el juez está en la potestad de aprobar o rechazar la renuncia del defensor, Morazán aseguró que no es una práctica usual que la respuesta sea negativa.
El artículo 104 del Código Procesal Penal (CPP), sobre la obligatoriedad y renuncia, señala que “el ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para el abogado que lo acepte, salvo excusa fundada admitida por el juez. El defensor podrá renunciar solo por justa causa al ejercicio de la defensa; en este caso, el juez fijará un plazo de tres días para que el acusado nombre a otro. Si no lo hace, será reemplazado por un defensor público o de oficio, según corresponda”.
El CPP advierte que el abogado no puede abandonar la defensa “mientras no intervenga quien ha de sustituirle”. Hasta el cierre de esta nota el judicial Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, encargado del caso del sacerdote, no se había pronunciado sobre la situación del abogado privado, según los datos reflejados en el sistema digital del Poder Judicial.
El monseñor, de 51 años, fue detenido el pasado miércoles 13 de julio en Boaco, aunque la audiencia preliminar se llevó a cabo en los Juzgados de Managua, donde le dictaron prisión preventiva, que cumple en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. En esa audiencia, Urbina fue representado por la defensora pública Jennifer Hernández Granera, que fue impuesta por el sistema judicial.
La abogada penalista Yonarqui Martínez subrayó que el sacerdote se encuentra en “indefensión” desde que lo trasladaron a Managua, donde su caso recibe una “publicidad nefasta”, en referencia a la amplia cobertura que le han dado los medios de propaganda del régimen, quienes han dejado expuestos a los familiares de la supuesta víctima.
Agregó que se ha violentado el debido proceso, al negarle el derecho a la defensa. Según el artículo 102 del CPP, cuando un ciudadano está en prisión, “cualquier persona de su confianza puede proponer, oralmente o por escrito, ante la autoridad competente la designación del defensor, la que deberá ser comunicada al imputado de inmediato”.
En el caso del sacerdote, según Martínez, una de las razones de no contar con una debida defensa es la incomunicación entre el procesado y sus familiares, o bien, que se les ha dificultado encontrar un especialista que acepte representar al padre. Comentó que esto último ya ha ocurrido con varios casos de presos políticos, que no encontraban abogados que se expusieran ante el Poder Judicial.
Solo hacer fraude procesal llegó hacer el abogado privado Harry Valle, al simular la defensa de monseñor Leonardo Urbina. Después de la audiencia renunció al cargo. Es el segundo abogado que hace lo mismo después de la defensora pública asignada por la jueza en la 1era audiencia. pic.twitter.com/uStslFJkNc
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) July 22, 2022
El discurso oficialista del defensor
Durante su intervención en la audiencia inicial, el abogado Valle Palacio aseguró que se habían respetado los derechos de su defendido y señaló que existía “confianza plena en el Poder Judicial”, pese a que dicha institución ha sido una de las más cuestionadas por su rol alineado al Frente Sandinista y por impedir la debida defensa en casos de reos de conciencia.
Martínez destacó que Valle Palacio “no estaba ejerciendo una correcta defensa” y más bien se centró en opinar sobre el Poder Judicial, “cuando nadie se lo solicitó”. Este jueves se conoció que el defensor utiliza sus redes sociales para expresar su apoyo al régimen. “El buen abogado no le lleva la contraria al poder”, escribió en Facebook el 19 de julio de 2021.
Según Morazán, el abogado defensor del sacerdote podría ser acusado por la persona que lo autorizó para representar al procesado, por el delito de patrocinio infiel, contemplado en el artículo 466 del Código Penal, que consiste “en simular o engañar para perjudicar deliberadamente los intereses que le han confiado, dirigido a impedir la verdadera administración de la justicia en un proceso judicial en beneficio propio o de un tercero”.
La acusación del Ministerio Público indica que la supuesta violación fue cometida contra la menor, cuyos padres son fieles devotos de la Iglesia católica. “Debido al grado de confianza que había entre el acusado y la abuela de la víctima, el acusado aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza, a tal punto que la víctima lo consideraba y reconocía como su padrino”, declaró Enmanuel Álvarez, fiscal del Ministerio Público la semana pasada.
El supuesto hecho fue cometido en tres ocasiones: la primera en diciembre de 2021; la segunda el pasado mes de enero; y la última en abril de este año, aseguraron medios de comunicación de la propaganda orteguista, que han expuesto a los familiares de la víctima, pese a que la Ley 779, -Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres- vela por la protección y la privacidad de víctima procesal.
