6 de abril 2019
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La Asociación Madres de Abril, que representa a familiares de los asesinados por la dictadura orteguista, rechazó de forma tajante la pretensión oficialista de imponer a la Policía y la “Comisión Porras”, como supuestos investigadores de los crímenes de la masacre contra la rebelión ciudadana.
Las madres y familiares de las víctimas de la matanza sostienen que el régimen está incapacitado para establecer la verdad de la masacre e impartir justicia, y exigen el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas misiones fueron expulsadas por la dictadura, previo al informe que confirmó que sus crímenes de lesa humanidad.
La Asociación aseguró que no avalará ninguna amnistía que dé impunidad a la dictadura, a la cual responsabilizan por los 325 asesinatos confirmados.
Indignación y dolor
Liseth Dávila, vicepresidenta de la Asociación y madre del adolescente asesinado Álvaro Conrado, expresó su rechazo “con indignación y dolor” a la propuesta oficialista sobre verdad, justicia, reparación y no repetición.
La Asociación considera que la dictadura está descalificada, al pretender que la justicia sea impartida por la Policía y las instituciones que han sido instrumentos de la represión. Además, cuestionó la capacidad e imparcialidad de la denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, juramentada por el presidente de la Asamblea orteguista, Gustavo Porras.
Las Madres de Abril también desautorizaron “a cualquier persona que realice una pantomima cómo acuerdo sobre justicia por la sangre derramada”.
“En el tema de justicia, nadie puede hablar por nosotras. Nosotras somos las víctimas directas. No necesitamos intermediarios, porque las del luto y dolor somos nosotras”, reclamó Dávila.
Policía prohíbe otra marcha
Para este sábado, la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la cual es miembro la Asociación, convocó a una marcha para exigir justicia, democracia y libertad.
Por sexta ocasión, la Policía negó el permiso para una movilización. Esta vez, alegó que la Unidad Nacional no tiene personalidad jurídica “y no puede adquirir derechos”. En consecuencia, dijo, “no tiene legitimidad para realizar concentraciones, manifestaciones o movilizaciones públicas”.
La Unidad Nacional, integrada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil y expresiones ciudadanas autoconvocadas, argumentó que los derechos a la movilización y expresión son constitucionales —y no requieren ninguna personalidad jurídica—. Además, recordó que su respeto está contemplado en los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre la dictadura y la Alianza Cívica, que también es miembro de la Unidad Nacional.
