3 de junio 2022
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma en su informe anual 2021 que en Nicaragua la "grave crisis política, social y de derechos humanos" continúa profundizándose debido, entre otros factores, a la "instalación de facto de un estado de excepción en el país, así como al prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas" por la concentración del poder por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Al mismo tiempo, la población nicaragüense continúa afectada por la instalación de un estado policial que posibilita la permanente coordinación entre la Policía Nacional y grupos simpatizantes del Gobierno para agredir, vigilar, amenazar y hostigar a cualquier persona identificada como opositora", indica el capítulo dedicado a Nicaragua.
La CIDH dedicó capítulos especiales a los Estados de Nicaragua, Cuba, Venezuela, y Guatemala, "debido a que en dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática".
El documento recuerda que, en el caso de Nicaragua, la CIDH "constató" que "el principio de separación de poderes que rige el Estado democrático de derecho se quebrantó", porque "las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí".
"Todos los poderes están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan", lamenta el organismo.
Continúa la impunidad
La CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), apunta que "persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal", iniciada en 2018, que generaron la muerte de 355 personas, más de 2000 personas heridas, 1614 personas detenidas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la Salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios.
Asimismo, recuerda que según datos registrados por ACNUR, más de 110 000 personas se habrían visto forzadas a huir de Nicaragua y a buscar asilo a causa de la persecución y las violaciones de derechos humanos.
Menciona que las votaciones de noviembre del año pasado "representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un periodo transicional para lograr el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia", pero terminaron en la intensificación de una nueva etapa de represión, que tuvo el efecto de "poner fin a la participación de la oposición aún antes de realizarse las elecciones generales".
El informe destaca que tanto el clima de represión como el cierre de los espacios democráticos, así como la detención arbitraria de todas las personas que expresaron públicamente su interés de participar como candidatas, pusieron "de manifiesto la voluntad del actual Gobierno de perpetuarse de manera indefinida en el poder, así como de mantener sus privilegios e inmunidades, en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad estructural".
Recalca que en la mayoría de casos se "constató la manipulación del derecho penal, la falta de independencia del sistema de justicia, patrones de violaciones al debido proceso, el derecho de defensa de las personas detenidas y la completa falta de efectividad de los recursos de exhibición personal".
Ataques contra la prensa y mal manejo de la pandemia
Tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) advierten que la situación del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua "continuó deteriorándose aceleradamente debido a la "persistencia de declaraciones estigmatizantes proveniente de las más altas autoridades del Estado contra la prensa independiente".
Sumado a las detenciones arbitrarias y los procesos judiciales "sin garantías de debido proceso contra periodistas y personas que se manifiestan críticamente"; restricciones a la protesta social; la imposibilidad de la prensa de dar cobertura a actos oficiales; la falta de transparencia activa del Estado y las restricciones a la libertad de expresión en el espacio digital.
Mientras la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) junto a la CIDH expresaron su preocupación "sobre el continuo manejo de negligente de la pandemia del covid-19 y su impacto para el derecho a la salud de la población nicaragüense".
Ellos también lograron constatar "la grave situación del personal de Salud por la intensificación de la persecución, hostigamiento, ataques, así como el uso de prácticas intimidatorias mediante el uso del derecho penal, laboral o administrativo en su contra, lo que tendría por efecto silenciar o infundir temor en integrantes del gremio médico y de la salud identificados como opositores al Gobierno".
El documento también destaca que lograron observar que las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua "continúan enfrentando una situación de violencia generalizada por las invasiones por parte de colonos y terceros en sus territorios ancestrales, quienes actuarían con la aquiescencia y tolerancia del Estado y el incentivo del sector privado".
Como resultado de estos hechos, en 2021, al menos 13 personas indígenas habrían sido asesinadas y ocho heridas de gravedad.
Rechazo exprés del Gobierno
La CIDH indica que el 23 de noviembre de 2021, transmitió al Estado de Nicaragua "una copia preliminar del informe y le solicitó que presentara sus observaciones dentro del plazo de un mes. Dos días después, el Gobierno comunicó su "total rechazo" al documento "por constituir una desatinada y ofensiva recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados".
El Gobierno de Ortega y Murillo acusan al organismo de utilizar "como única fuente a sectores políticos adversos" que "no reflejan la realidad nacional y cuyo único objetivo es continuar la campaña de desprestigio y difamación en contra del Estado nicaragüense, para seguir concretando la lista de agresiones que ha venido tramando de manera habilidosa el imperio norteamericano".
"Estos informes no merecen ninguna observación (de nuestra parte) pues constituyen una recopilación sistematizada de las patrañas que han venido repitiendo en contra del Gobierno y jamás han tomado en cuenta la información objetiva y palpable que ha rendido nuestro Estado, sobre los avances obtenidos en el reconocimiento y reivindicación de derechos a favor de nuestro pueblo", insiste la respuesta.
