21 de febrero 2020
AA
El Ejército de Nicaragua mantiene una "actitud indulgente" frente a la invasión de colonos que intentan desplazar a las comunidades indígenas de la Costa Caribe porque, a pesar de la presencia de un Batallón Ecológico en la zona del río Waspuk, en la región, los militares aseguran que “no tienen ninguna orientación” de combatir los crímenes que se cometen en esa zona, denuncia la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Lottie Cunningham.
Durante una entrevista en el programa Esta Noche, Cunningham aseguró que los comunitarios han acudido al Ejército ante la escalada de violencia en la reserva de biósfera de Bosawas; sin embargo, han sido ignorados. “El Batallón Ecológico dice que no tiene ninguna instrucción u orientación de sus superiores o desde Managua para verificar el perímetro y buscar alguna forma de proteger a las comunidades, que esa no es su función”, les habrían dicho los militares.
El Ejército no es el único que ha dado la espalda a las comunidades indígenas, la alcaldía de Waspam “brilla por su ausencia” y la Policía solamente llega “a ver” después de alguna masacre. Según la defensora de derechos humanos el sentir de las comunidades es que el Estado ha mantenido “un trato muy clientelar hacia los colonos”, por lo que consideró que tienen su cuota de responsabilidad en “toda la violencia y los crímenes que están pasando en las comunidades”.
Semanas atrás un grupo de ochenta colonos ––aproximadamente–– asesinó a cuatro personas, hirieron de gravedad a otras dos y quemaron completamente la comunidad de Alal, en el territorio Mayangna Sauní As, dicha masacre continúa impune. Alal es solo una de las 270 comunidades indígenas que vienen un contexto de violencia, por lo que los comunitarios exigen al Estado que “proceda a desalojar” a los colonos.
“Ya no hay una forma de que (los indígenas) dialoguen con estas personas (los colonos) porque ha habido demasiada violencia”, explicó Cunningham. Tal situación ha dejado una cantidad indeterminada de niños huérfanos, más de cincuenta heridos, “muchos de ellos sin ojos, sin pie” y ha creado una crisis humanitaria debido a que los comunitarios “no pueden ir tranquilos a sus cosechas”, agregó la defensora de derechos humanos.
Otra consecuencia de la invasión de los colonos en territorios indígenas es el desplazamiento forzado de al menos 12 comunidades a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha otorgado medidas cautelares; no obstante, el Estado de Nicaragua ha desentendido las recomendaciones de la comisión. Según Cejudhcan, las comunidades indígenas se han desplazado en más de 30 000 hectáreas, siendo afectadas un poco más de 1000 personas.
A criterio de la defensora, en los últimos meses ha habido un incremento de la violencia en las comunidades indígenas. “No solo fue el suceso de la comunidad de Alal sino que dos semanas después secuestraron a unos jóvenes indígenas en la comunidad El Naranjal, que también es beneficiaria de las medidas cautelares”, agregó.
Desde 2015 Cejudhcan ha denunciado 71 ataques de colonos en comunidades indígenas, todos estos crímenes han quedado en la impunidad y muy a su pesar “las autoridades del Estado han venido cambiando unas modalidades de criminalización hacia los comunitarios que demandan la situación de los colonos”, agregó Cunningham.
