
26 de enero 2025
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La cantidad de nicaragüenses a ser deportados de Estados Unidos “aumentará considerablemente, están en todos lados”, afirma presidente de NALDEF
Un soldado de la Guardia Nacional de Texas observa cómo miles de migrantes caminan hacia un centro de tránsito de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. AFP | Confidencial
En su primera semana al frente de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump eliminó el parole humanitario que facilitó el ingreso de medio millón de migrantes en los últimos dos años, canceló la aplicación CPB One, que permitía los migrantes solitar asilo en la zona fronteriza, suspendió el programa de Movilidad Segura para facilitar el refugio en Estados Unidos, aumentó las detenciones de migrantes irregulares e inició las deportaciones a México, Guatemala y otros países. “Es la primera parte de una estrategia bastante amplia que va a transformar profundamente la manera en que se implementa la política migratoria desde los Estados Unidos, advierte el abogado Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), y uno de los promotores de la campaña para restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses que fue eliminado por Trump durante su primer gobierno en 2017.
En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite este domingo 25 de enero de 2025 en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Rocha afirmó que hay 47 000 nicaragüenses en peligro inminente de deportación, porque ya existe un proceso en su contra, pero esta cantidad podría aumentar considerablemente, pues hay más de 300 000 migrantes que se encuentran en una situación irregular.
“Los nicaragüenses están en todas partes, resaltó Rocha, no solamente en Florida y California, después del 2018 se ha dado un enorme crecimiento de nicaragüenses trabajando en granjas y fincas en agricultura y ganadería en todo el medio oeste: Indiana, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, también hay una comunidad nicaragüense bastante notable en Texas, en Luisiana, y en el norte de California, en Oregon, en Washington, por todo el país”.
¿Cuál es tu valoración sobre el impacto de los primeros decretos aprobados por el presidente Trump para impedir el ingreso de migrantes en Estados Unidos, para promover las deportaciones y para revertir totalmente la política de la administración demócrata?
Infelizmente, no sorprende para nada y tenemos que estar conscientes de que es la primera parte de una estrategia bastante amplia que va a transformar profundamente la manera en que se implementa la política migratoria desde los Estados Unidos. En la administración anterior del presidente Trump ya vimos indicios de esto. Vimos políticas muy duras, como la separación de niños de los padres al cruzar la frontera y muchos de ellos todavía no se han podido reunir. Sabíamos que eso venía por la administración anterior, pero también porque la retórica de los partidos que se ha mantenido durante los cuatro años de la administración Biden ha ido en ese sentido y porque las plataformas de campaña fueron muy explícitas en eso. Yo tuve la oportunidad de estar en parte de la Convención Republicana y la mayoría de los convencionales pedían deportaciones masivas. Así que no es nada que sorprenda. Afortunadamente, hay una gran cantidad, una red enorme de ONGs y de otras instituciones que vienen preparándose para esto.
¿Cómo impactan estas medidas en la comunidad nicaragüense, en la diáspora nicaragüense que llegó a Estados Unidos hace muchos años y también en los centenares de miles que llegaron al país después de 2018 y 2019?
Hay medidas concretas que afectan a los nicaragüenses, entre ellas destaca el final del programa de Parole Humanitario, que había permitido a cerca de 100 000 connacionales poder llegar a los Estados Unidos de forma segura, sin arriesgarse y con un permiso de estancia y de trabajo por dos años, sin impedimento de durante ese periodo, que les permitiera permanecer más allá de la fecha de vencimiento del parole.
Afecta a quienes estaban en la frontera esperando la cita para poder presentar una solicitud de asilo, porque la aplicación CPB One, que es la que se utiliza para concertar esas citas, fue cancelada de inmediato. Luego hay otras medidas que afectan y restringen la posibilidad de poder presentar una solicitud de asilo y no se sabe todavía que va a ocurrir con las directrices que pueda emitir el Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, la persona que va a dirigir la política migratoria dentro del Consejo de Seguridad Nacional como en las otras agencias se asume que van a promulgar nuevas directrices que van a endurecer todavía más las formas en que se procesan los los asilos, y sobre todo los fundamentos para poder aceptarlo.
Además de lo que has mencionado sobre el tema del asilo, hay una suspensión de los mecanismos para el otorgamiento del refugio y en particular del Programa de Movilidad Segura, a través del cual muchos nicaragüenses lograron emigrar de manera regular en Estados Unidos, y otros estaban aplicando, está suspendido por 90 días. ¿Qué se puede esperar después?
Ese programa efectivamente permitía que se pudiera dar el ingreso a los Estados Unidos, ya con condición de refugiado, sin tener que volver a presentar una solicitud de asilo. Eso también está vinculado a las obligaciones que tiene Estados Unidos por convenios internacionales y el cumplimiento de convenciones y de otros acuerdos. Entonces, esperamos que se dé una revisión para eso. No obstante, será bastante difícil que esto vuelva al nivel de refugiados que se estaban recibiendo con la Administración Biden porque en la administración anterior del presidente Trump se dio una una reducción bastante considerable del número de asentados de refugiados en un proceso parecido a lo que es la Movilidad Segura.
El presidente Trump también eliminó el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, que es parte de una enmienda constitucional y esto está siendo impugnado ante la Corte Suprema por más de 20 Estados y varias ciudades. ¿Qué puede pasar en la Corte Suprema de Justicia?
Técnicamente, no se puede por un decreto ejecutivo eliminar o modificar una enmienda constitucional. La única vía para hacerlo es con otra cláusula constitucional. Y ese es un proceso que lleva años. No solamente tiene que ser aprobado por el Congreso, sino que también las legislaturas de 38 Estados, de acuerdo a los mecanismos que tiene cada Estado para aprobarlo. Entonces, no se cree que jurídicamente eso vaya a llegar lejos. No obstante, se ven ya efectos concretos y prácticos de esa orden que exige a las autoridades estatales no emitir partidas de nacimiento, por ejemplo, no otorgar número de seguro social, no otorgar documentos de identidad, y eso está en vigor.
Se espera que los tribunales federales emitan una orden de suspensión temporal hasta que haya un fallo. Y se asume de que esto va a ser un proceso bastante a largo plazo, por cuanto irá a los tribunales de primera, segunda instancia y finalmente a la Corte Suprema.
¿Cómo describiría la situación en que se encuentran hoy no solo los migrantes nicaragüenses, sino en general todos los migrantes en Estados Unidos? ¿Están en un estado de indefensión total o todavía tienen algunos mecanismos para apelar o de protección?
Hay una sensación de indefensión y de gran vulnerabilidad. Y sobre todo, hay mucho temor, mucho miedo. Pero la forma de vencer eso es recordando que la Constitución sigue vigente y las protecciones que da la Constitución, sin tener en cuenta el estatus migratorio simplemente por la mera presencia en territorio nacional. Todo eso continúa. La forma de abordar esto es acudiendo a los medios de información que puedan dar información fiable y luego buscando apoyo en las redes que ya están trabajando para poder dar apoyo y asistencia jurídica, porque los abogados privados no se van a dar abasto, si en efecto se implementa la estrategia de deportar millones y millones, va a ser imposible.
Las organizaciones sin fines de lucro tampoco van a poder hacerlo porque tienen recursos muy limitados. Se tiene que operar bajo la premisa que muchas personas van a tener que defenderse por sí solas. Y parte de la estrategia de muchas ONGs ahora es precisamente de elaborar guías para que esas personas puedan saber cómo defenderse, cómo responder si llega migración a su lugar de trabajo, o a su casa, o a la escuela, o al hospital, porque pueden estar ahí por otras cosas que no tengan nada que ver con migración. Esa información es la forma cómo resistir y como prepararse para poder enfrentar los problemas que se presentan con esta nueva política migratoria.
En los centros de detención donde han sido reunidos ya en algunos lugares centenares o miles de personas, hay mucho temor y miedo. Trump prometió que al día y al día siguiente de su toma de posesión iba a iniciar las primeras deportaciones masivas. ¿Estas redadas y deportaciones masivas ya se están llevando a cabo en Estados Unidos?
Los medios informan que efectivamente así es. Se han visto videos de redadas que ya se están dando y hay que tener en cuenta que habrá muchas personas que son vulnerables hoy, pero que esas cifras van a aumentar considerablemente porque hay una ley que se está tramitando y que ya ha sido aprobada por ambas cámaras y solamente está esperando la firma del presidente Trump, por la cual se va a poder ampliar el universo de personas que están sujetas a detención y deportación. Y eso incluye no solamente las personas que tienen antecedentes penales por delitos graves, sino por delitos o faltas menores. Por ejemplo, se calculaba que eran unos 47.048 mil nicaragüenses que tenían órdenes de deportación ya, no se sabe cuántos más tienen antecedentes penales, y una vez que se firme esta nueva ley ese número va a aumentar considerablemente.
Vos sos el presidente de una organización de defensa legal de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos. Además de esa cifra que mencionabas, ¿se puede estimar cuál es el universo de nicaragüenses que están en mayor riesgo de deportación?
Esto lo venimos trabajando desde 2017, en el contexto de una campaña para lograr una nueva designación de un TPS, por cuanto el presidente Trump eliminó el TPS que estaba vigente desde 1999. Una organización, un think tank pequeño de Washington que se llama Forward US nos hizo un estudio, un cálculo en enero de 2023 basado en el número de contactos que había entre nicaragüenses y la Patrulla Fronteriza más quienes habiendo ingresado en el territorio, pero sin haber tenido contacto con las autoridades, habían presentado solicitudes de asilo. En ese entonces ellos calcularon que serían unos 350 000 nicaragüenses los que podrían beneficiarse de una designación nueva para el TPS. Y eso incluía a quienes ya tenían procesos de asilo en curso, pero que se estimaba de que no iban a poder ganarlos por carecer de pruebas fehacientes que sustentarán sus casos. A esos 47 000 habría que agregarles los que van a sumarse a una vez que se apruebe la nueva ley y habría que hacer un cálculo nuevo de cuántos nicaragüenses están en riesgo de deportación por tener antecedentes penales, ya sean faltas graves o faltas leves, pero que no están contabilizados dentro de los 47 000, porque no tienen una orden de deportación. Pero eso ahora no es garantía de nada, porque con la nueva ley cualquier en cualquier momento, cualquier oficial de migración puede pedir papeles y si la persona no los tiene, entonces está en riesgo de ser expulsada.
En los últimos años, incluso antes con las administraciones demócratas, se ha mantenido una un ritmo de deportaciones de nicaragüenses de Estados Unidos a Nicaragua. ¿Las deportaciones podrían aumentar sustancialmente? ¿Se necesita para ello un acuerdo de la dictadura de Daniel Ortega con el gobierno de Trump para efectuar esas deportaciones, o lo pueden hacer unilateralmente?
El ritmo va a aumentar considerablemente y hay que tener en cuenta que la política migratoria si bien varía un poco de un partido a otro cuando gobiernan, en realidad son políticas de Estado que obedecen a intereses del país. En el tiempo de la administración Obama, por ejemplo, se sabía que había una crisis económica profunda y que había que proteger el mercado laboral. Entonces, el ritmo de deportaciones de la administración Obama fue enorme, incluso mayor que el número de deportaciones de la administración siguiente (Trump).
La otra cosa es que hay que tener en cuenta que desde hace un tiempo el electorado estadounidense viene a apreciando esto como un problema grave que sus representantes tienen que responder y atender. Existen protocolos y leyes que requieren que para poder deportar a una persona tiene que verificarse la identidad. Por lo general, eso requiere eso el diálogo o el contacto con las autoridades de gobierno del país de procedencia. Esto es algo clave, por cuanto hoy no hay un acuerdo vigente entre Nicaragua y los Estados Unidos para facilitar eso. Y en base a unas de un memorándum que emitió el Secretario de Estado, se asume que esa va a ser una de las prioridades de su gestión buscar acuerdos migratorios para poder frenar la migración irregular. En el caso de Nicaragua se complica un poco más porque el Gobierno nicaragüense no solamente no ha ofrecido colaborar y aceptar a sus deportados, aunque si se dan de deportaciones, sino de que el gobierno más bien ha cancelado los consulados en el país que permitían o facilitaban esa identificación de los ciudadanos. Las consecuencias prácticas de eso es que el proceso de deportación o de expulsión para los nicaragüenses suele ser mucho más prolongado que para otras nacionalidades. Esta es una oportunidad para buscar un acercamiento entre el gobierno de Nicaragua y el de Estados Unidos para colaborar, porque es una obligación del Estado ayudar y asistir a esos ciudadanos.
Pero ese acercamiento que le conviene a Estados Unidos para ejecutar su política de exportaciones ¿le podría dar también una ventaja a la dictadura de Daniel Ortega?
Infelizmente, esa siempre es una probabilidad. Y tenemos ejemplos de eso bastante cercanos. Por ejemplo, a los venezolanos la administración Biden les concedió dos designaciones de TPS y dos ampliaciones, incluyendo la que fue anunciada hace unos diez días. Se dieron justo al día siguiente que el gobierno de Venezuela en ese entonces acordó a colaborar con recibir a esos deportados. Se asume que fue parte de un acuerdo, si uno analiza la cronología se da cuenta de que hay un nexo ahí bastante claro.
¿Dónde están esas comunidades o grupos de nicaragüenses con mayor vulnerabilidad para ser deportados?
La inmensa mayoría está en la Florida, porque es el Estado que acoge a la mayor cantidad de nicaragüenses, pero sabemos que no solamente en Florida y en California, como en los 80, ahora hay nicaragüenses en todo Estados Unidos, en lugares en donde uno no asume que los hay. Por ejemplo, después del 2018 se ha dado un enorme crecimiento de nicaragüenses trabajando en granjas y fincas en agricultura y ganadería en todo el medio oeste: Indiana, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri. Muchos de ellos, precisamente porque son grupos más pequeños, son más vulnerables. Pero hay nicaragüenses por todos lados, hay una comunidad nicaragüense bastante notable en Texas, en Luisiana, y como lo ha habido siempre en el norte de California, en Oregon, en Washington, por todo el país.
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.
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