14 de julio 2023
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Una ciudadela de entre 2000 y 3000 güiriseros artesanales está instalada de forma ilegal en la zona conocida como Las Cruces, en el núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. Los mineros están asentados a tan solo siete kilómetros del puesto de control del Ejército de Nicaragua y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marena) sin que estos intervengan, denuncia el ambientalista Amaru Ruiz.
“Esta es una actividad completamente ilegal dentro de la zona núcleo y tiene impactos negativos en la calidad y las condiciones del bosque, en la contaminación de las principales fuentes de agua por el uso de mercurio y también tiene impactos sociales por el tráfico de drogas, la trata de personas y la prostitución”, alertó Ruiz, quien preside la Fundación del Río, una de las más de 3200 oenéges ilegalizadas por Ortega desde 2018.
La denuncia del ambientalista se soporta en una serie de videos que fueron grabados y subidos a la plataforma de TikTok por los mismos güiriseros. En las imágenes se muestran las champas de plástico y madera, y hasta bares instalados dentro de la reserva Indio Maíz.
“Nosotros ya habíamos ingresado hasta este lugar, pero por temor a las represalias en contra de las personas que entraron no tomamos videos, pero ahora tenemos la evidencia de cómo y de qué magnitud tiene el plantel de minería artesanal que instalaron (en la reserva)”, señala Ruiz.
Droga y minería en Indio Maíz
El defensor explica que con este ya son tres puntos de minería artesanal ilegal que han identificado en la zona núcleo de la reserva Indio Maíz. Los primeros están ubicados en el cerro La Chiripa y El Naranjo. Lo más preocupante de este nuevo, situado en Las Cruces, es que está cerca de los puestos de mando de las autoridades nicaragüenses y estos no hacen mayores esfuerzos para detenerlos.
“Está información es de manejo del Estado porque hace tres días el Ejército sacó un comunicado donde informaron sobre la detención de una persona, a quien le decomisaron una tómbola para la minería ilegal (...) Incluso, nosotros públicamente denunciamos dónde es el punto de minería artesanal para que las autoridades vayan, pero al final no hacen nada”, lamenta Ruiz.
Según el ambientalista, hay una serie de reportes sobre la minería artesanal que se ha instalado en la reserva Indio Maíz. Han ocurrido muertos y hay señalamientos de tráfico de drogas y trata de personas. También, hay reportes de detenciones de güiriseros que son arrestados al entrar de manera ilegal a los territorios o cuando van en el transporte acuático que va a San Juan de Nicaragua.
@henrry050593 ♬ sonido original - Henrry Martínez
“Más allá de los impactos ambientales tienen impacto sociales para los mismos güiriseros quienes no tienen seguridad laboral porque todo se basa en una economía del oro. Eso implica la entrada de droga ilícita, porque nos reportan que están utilizando cocaína para mantener los niveles de trabajo que se requieren, porque ahí necesitan trabajar todo una jornada este bien fuerte para sacar el oro”, señala.
También, agrega, hay una serie de conexiones con otros ilícitos que son transportados desde El Castillo o desde Costa Rica.
Ciudadela se trasladó desde Costa Rica
El ambientalista detalla que la ciudadela instalada en Las Cruces proviene de mineros artesanales que se habían asentado en las Crucitas, Costa Rica. Esto provocó una fiebre de explotación ilegal de oro que generó unos cien puntos de extracción en la zona donde cientos de personas se movilizaron entre ambos países.
Sin embargo, las acciones de la fuerza pública de Costa Rica provocaron que varios de estos campamentos se movilizaran a otras zonas. “Entonces muchas de las personas que eran migrantes nicaragüenses, que venían del lado del Triángulo Minero y de otras zonas históricas (en la extracción de oro), se movilizaran a la zona núcleo de Indio Maíz”, explica.
La dictadura de Daniel Ortega y sus autoridades locales han avalado estos procesos de extracción ilegal de oro en las reservas biológicas, así como la invasiones de colonos a territorios indígenas, que ha dejado un estimado de 70 indígenas miskitos y mayangnas asesinados en la última década sin que las autoridades contengan este genocidio o escuchen las peticiones de los comunitarios.
