22 de junio 2023
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Después de casi tres meses de incomunicación, una treintena de presos políticos, trasladados el 9 de junio, del Distrito III de la Policía al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo y a la cárcel de mujeres, La Esperanza, lograron ver a sus familiares en una visita especial de treinta minutos, confirmaron diferentes fuentes consultadas por CONFIDENCIAL.
Los parientes de los presos políticos los encontraron “bien” en general; aunque algunos de ellos presentan problemas de salud, como hongos en la piel y falta de visión, por estar sometidos a un ambiente, predominante, oscuro, confirmó la excarcelada política Ivania Álvarez.
Resaltó que, en algunos casos, los familiares no han visto a los reos de conciencia porque no tienen dinero para movilizarse desde sus departamentos, como Chinandega o Boaco, hacia Managua.
A los hombres los ubicaron en las galerías 16 y 17 de La Modelo, mientras que las doce mujeres detenidas en La Esperanza, las distribuyeron en cuatro celdas, tres en cada una, reveló una fuente cercana a los detenidos.
Otra fuente cercana a un familiar de preso político señaló que a uno de los reos no le permitieron el ingreso de la comida y que el encuentro estuvo todo el tiempo vigilado.
Después de esta visita, supuestamente vendrán encuentros mensuales, ya que en varios casos les asignaron las fechas, así como los días para la entrega de paquetería semanal y medicinas.
Un familiar de la rea política Olesia Múñoz, recapturada el 6 de abril, señaló que el trato La Esperanza “es mucho mejor” que en la delegación policial, donde los oficiales sólo le entregaban un tiempo de comida, pese a que su familia garantizaba almuerzo y cena.
Muñoz, oriunda de Niquinohomo, Masaya y quien únicamente servía a la Iglesia, tras su excarcelación en 2019, observó a policías comerse las galletas y chocolates que los parientes les llevaban a los reos cuando estaban en el Distrito III de la Policía. En La Esperanza, dijo la fuente, Muñoz ha recibido atención médica para monitorear su diabetes, neuropatía y gastritis que padece.
Sin información de sus “casos judiciales”
Estos ciudadanos fueron capturados en abril pasado, cuando el régimen orteguista emprendió una cacería contra feligreses de la Iglesia católica y opositores en todo el país. Ellos no tienen información sobre sus procesos judiciales, pese a que al menos siete —incluido el periodista Víctor Ticay— ya fueron declarados culpables por delitos que, hasta ahora, siguen ocultos en el sistema digital del Poder Judicial.
En el caso de Muñoz, del periodista y del líder estudiantil Jasson Salazar, fueron acusados por la Fiscalía de los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Los otros declarados culpables son Martha Lorena Centeno Marín; Hazel del Socorro Martínez Ulloa; Luis Enrique Obando Palma; Ivonne Patricia Espinoza Hurtado; Brenda Lee Baldelomar Alemán; y Anner Herrera, bajo el expediente número 007008-ORM4-2023-PN.
“El objetivo de no permitir un abogado privado, de confianza de la víctima o de la familia, es que no se tenga acceso a ninguna documentación del caso para probar las atrocidades judiciales que están cometiendo”, dijo la abogada Yonarqui Martínez.
Al respecto, los reos políticos comentaron que durante estuvieron en el Distrito III, varias veces fueron llevados a los juzgados capitalinos, pero no tienen mayor información sobre sus propias causas jurídicas.
Los otros procesados políticos
Desde mayo, el régimen orteguista capturó y procesó a más de 50 personas, provenientes de al menos once departamentos del país, y los acusó de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. En las audiencias exprés, la justicia orteguista ordenó su libertad condicional, obligándolos a presentarse a firmar diariamente en sus respectivas delegaciones policiales.
Estas personas tampoco tienen información sobre sus causas judiciales y están a la expectativa de lo que pueda ocurrir, incluido, que los secuestren de un momento a otro. Mientras, cada día deben llegar a firmar a su delegación de Policía, esperar que les tomen una fotografía y sufrir la discriminación de vecinos o amistades que se han alejados de ellos por temor a que la dictadura los involucre en sus procesos, aseguró Álvarez.
El régimen orteguista mantiene a más de 50 presos políticos (incluido el obispo Rolando Álvarez), bajo diferentes medidas cautelares. Pese a la demanda nacional e internacional para que Ortega libere a los reos políticos, este continúa sometiéndolos a una política de terror, han señalado defensores de DD. HH.
