20 de diciembre 2023
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La expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) deja a los presos políticos de Nicaragua en “mayor desamparo” y elimina la posibilidad de que se conozcan “registros de lo que sucede” en el interior de las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, representa “un golpe sobre la mesa a la comunidad internacional” de que al régimen no le importan los derechos humanos.
El CICR era el “único” organismo humanitario que mantenía algún grado de comunicación con el régimen. Los familiares de los reos de conciencia acudían a este ante cualquier emergencia relacionada con sus parientes. Ahora “ya no queda nada”, advirtió el abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Este hecho “va en perjuicio de la población en general y específicamente de los presos políticos, que quedan más vulnerables, más solos y sin ninguna posibilidad de recurrir a ningún mecanismo”, comentó el defensor de derechos humanos. “Aquí el planteamiento del régimen es dejar en absoluta desprotección a los presos políticos”, enfatizó.
En ese mismo orden, las organizaciones que integran el Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses señalaron en un comunicado que “esta arbitraria decisión deja en mayor desamparo a la sociedad nicaragüense y en particular a los más de cien presas y presos políticos, quienes sufren diariamente tratos crueles e inhumanos y la violación de sus derechos humanos y de todas las normas Nelson Mandela”.
“Un golpe sobre la mesa a la comunidad internacional”
El CICR anunció el cierre de sus oficinas en Nicaragua por "pedido de las autoridades nicaragüenses” horas después que el Consejo de Derechos Humanos celebró una sesión sobre la situación de Nicaragua, en la que la Organización de Naciones Unidas, delegaciones de diferentes países y nicaragüenses exiliados subrayaron el empeoramiento de las libertades fundamentales en un país "cada vez más alejado de los derechos humanos".
Para Arce, la decisión del régimen representa “un golpe a la mesa de la comunidad internacional”, que —a su juicio— “no está respondiendo a la altura del nivel de represión del régimen de Ortega”.
La expulsión del CICR es una forma del régimen de decirle a la comunidad internacional “que no va a someterse” a ningún compromiso internacional. “Que no importa de dónde vengan, que no importa frente a quién esté, el régimen no se va a someter a ningún compromiso en materia de derechos humanos”, subrayó Arce.
Agregó, que la medida también elimina la posibilidad de que en el futuro se conozca algún informe o registro de lo que el CICR logró constatar dentro de las cárceles de la dictadura.
Instan a no seguir financiando al régimen
Mientras tanto, las organizaciones que integran el Espacio de Diálogo instaron a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Integración Económica (BCIE), a dejar de proveer de recursos financieros y técnicos a la dictadura Ortega-Murillo.
"Estos recursos endeudan a nuestro país y están siendo usados como sostén económico de un régimen señalado tanto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como por el Sistema Universal de Derechos Humanos como autor de crímenes de lesa humanidad”, señalaron los organismos.
También instaron a los Gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea a revisar las cláusulas relativas a derechos humanos que están siendo totalmente violentadas y tomar las medidas pertinentes.
"Carece de ética y es injusto e incoherente que se siga proveyendo recursos a un régimen que ha aniquilado totalmente a las organizaciones e instituciones que tenían el rol de auditar tanto el uso de recursos estatales como el cumplimiento del marco internacional de los derechos humanos suscritos por el Estado de Nicaragua", agregan en el comunicado.
La labor del CICR en Nicaragua
Desde 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja llego a Nicaragua, donde su misión se enfocó en objetivos exclusivamente humanitarios. Para enero de 2019, estableció su oficina en Managua y dos meses más tarde formalizó un acuerdo con el Gobierno de Nicaragua para visitar a personas consideradas presas políticas.
El papel de la CICR fue trascendental en 2019, cuando el régimen orteguista liberó a más de 200 presos políticos a través de una cuestionable Ley de Amnistía. El Comité junto con grupos opositores se encargaron de conciliar una lista de reos de conciencia. Asimismo, en 2021, la CICR solicitó al régimen orteguista visitar a los presos políticos, ahora desterrados en Estados Unidos, que se encontraban en la cárcel El Chipote, aunque les negaron el acceso.
El trabajo del Comité en Nicaragua "se ha centrado en estos años en tres grandes áreas de trabajo: apoyar a la Cruz Roja Nicaragüense para brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares y para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables; prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad; y actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las fuerzas armadas y de seguridad, y el derecho internacional de los derechos humanos", señalaron.
El CICR no brindó mayores detalles de su salida de Nicaragua, pero desde la delegación regional para México y América Central "reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua".
