6 de mayo 2018
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Cuando faltan unas horas para que la Asamblea Nacional (AN), controlada por el FSLN, nombre una ‘comisión de la verdad’, integrantes de cuatro organizaciones estudiantiles rechazaron la iniciativa oficialista, a la vez que demandaban una investigación independiente, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El primer reclamo fue el de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), que reiteró su exigencia para que la CIDH investigue los crímenes ocurridos y lleve a los culpables ante la justicia.
Poco después, integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19), y el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19), informaron su decisión de crear una coalición de estudiantes universitarios y sociedad civil, para articular las acciones tendientes a garantizar justicia y democracia.
La coalición desconoció la iniciativa parlamentaria por conformar una comisión de la verdad; exigió que Ortega invite “en no más de cuatro días” a la citada Comisión Interamericana, y demandó que tanto el mandatario, como su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, participen del diálogo.
Asesinos investigando a asesinos
A juicio de la coalición, la Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, incondicional de Daniel Ortega, “queda deslegitimada para conformar cualquier proceso de investigación que busque esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 18 días”. La invitación a la CIDH, debe extenderse “a los relatores para temas de Derechos Humanos de la ONU”.
Por su parte, la Coordinadora señaló que “mientras la represión continúa, Daniel Ortega rechazó el primer intento de traer a una comisión autónoma para investigar los crímenes sucedidos en las últimas semanas”.
Su criterio es que “la investigación por parte del Ministerio Público y la mal llamada ‘comisión de la verdad’, presidida por Gustavo Porras, no tiene validez. Los asesinos no pueden investigarse a sí mismos. Estas acciones demuestran la nula voluntad del Gobierno por crear un clima que permita lograr la justicia que el país demanda”.
En esa misma línea, se solidarizaron “con los agentes policiales y servidores públicos que han sido despedidos o se le han negado sus salarios por negarse a cumplir órdenes que iban en contra de su libre albedrío”, añadieron.
No olvidar a los muertos, ni a los presos
Regresando al tema del diálogo, la coalición condenó “todo intento de imponer un diálogo a puertas cerradas y bajo las condiciones dictadas por el régimen”, por lo que exigieron que el proceso “sea transmitido por medios de comunicación independientes, nacionales e internacionales”, y que cuente con la presencia de Ortega y Murillo.
Los jóvenes también demandaron el cese de la represión armada, así como el hostigamiento a quienes de una u otra forma, participaron –o siguen participando- de la rebelión de abril.
Además de invitar a crear estructuras democráticas en las universidades porque la UNEN fue “secuestrada por el FSLN a través de sus operarios políticos”, la Coordinadora llamó al pueblo a “no olvidar que aún quedan jóvenes que fueron injustamente apresados y que ahora están siendo enjuiciados”.
“Condenamos enérgicamente al sistema judicial, el gobierno y todo su aparato represivo que ha decidido acorralarnos. No vamos olvidar a nuestros presos políticos como tampoco a nuestros muertos”, dijo la Coordinadora, exigiendo “libertad para Juan José López Oporta, Michael Enrique Peña González, Fernando José Ortega Alonso, Rommel Fabián Guillen, y Kevin Antonio Martínez Mejía”.
