Redacción Confidencial / Agencia EFE
8 de febrero 2024
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La llamada “Operación Nica Bienvenidos” de Estados Unidos, para recibir a 222 excarcelados políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023, costó alrededor de un millón de dólares al Gobierno estadounidense, según Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU.
De acuerdo con el funcionario, la cifra no incluye la asistencia proporcionada posteriormente –por parte de agencias gubernamentales y organizaciones de sociedad civil– a los desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En conferencia de prensa, a propósito del primer aniversario de dicha operación, Roig comentó que se trató de un caso “único” en la historia de la política exterior estadounidense, tomando en cuenta el número significativo de personas asistidas y bajo el contexto político particular.
“La respuesta que pudimos brindar de una manera tan rápida fue algo realmente impresionante. Aprendimos muchas lecciones de esta experiencia que nos servirá en otros casos”, opinó.
Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que la excarcelación y destierro de los 222 nicaragüenses no fue producto de una negociación entre el Gobierno estadounidense y el régimen, sino que fue una “decisión unilateral” de la Administración sandinista, a la cual Estados Unidos “respondió de inmediato”.
Con solo tres días de aviso, “logramos reservar habitaciones en hoteles cerca al aeropuerto, el espacio para la recepción inicial, teléfonos celulares con datos preparados, transporte local, ropa, productos de higiene y más”, detalló Roig.
El funcionario destacó que brindaron apoyo psicosocial y la atención de un psiquiatra clínico para los prisioneros, que habían sufrido tratos inhumanos.
El Departamento de Estado colaboró también con una empresa y organizaciones de la diáspora nicaragüense para asegurar vivienda temporal a aquellos que no tenían familiares ni amigos en Estados Unidos. También facilitó viajes a diferentes ciudades del país para una gran parte del grupo.
Un grupo heterogéneo de excarcelados políticos
La expulsión de los excarcelados políticos nicaragüenses fue uno de los episodios más rocambolescos de la historia reciente de Nicaragua. Fueron subidos a un avión rumbo a Washington D. C., despojados de la nacionalidad y empujados a una vida que no habían planeado.
El grupo formado por 189 hombres y 33 mujeres, encarcelados por el Gobierno de Daniel Ortega durante meses bajo duras condiciones en centros penitenciarios como El Chipote, era totalmente heterogéneo.
De veteranos exguerrilleros a jóvenes líderes estudiantes; de campesinos a candidatos a la presidencia; de empresarios con vínculos y familia en Estados Unidos a jubilados con problemas de salud y que no hablaban inglés. Algunos compañeros de celda, otros no se habían visto nunca.
Llegaron a Estados Unidos en una operación coordinada por el Departamento de Estado —que contrató a la oenegé Center for Victims of Torture (Centro para Víctimas de la Tortura) para ofrecerles asistencia— y se les otorgó un permiso humanitario de dos años.
Lo único que recibieron fue alojamiento en un hotel durante las tres primeras noches, un poco de dinero en efectivo y ayuda para trasladarse a donde se les pudo ubicar, casas de familiares o de compatriotas que las ofrecieron altruistamente. A partir de ahí, debieron enfrentarse al vacío de construir una vida no deseada en un país desconocido y sin vínculos.
¿Dónde están los 222 desterrados?
Al día de hoy, no hay una respuesta clara. “Por razones de privacidad y protección, EE. UU. no revelará la ubicación. Los registros de inmigración son confidenciales”, explicó a la agencia EFE una fuente del Departamento de Estado.
Una situación que confirmó a EFE quien fuera precandidato presidencial Félix Maradiaga, uno de los 222. Solo se sabe dónde están 134, quienes han querido informar sobre su paradero y “han aceptado ser parte de un mecanismo interno de comunicación”, relata en una entrevista.
Entre ellos estaba Michael Healy, el último presidente de la patronal Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), quien falleció hace dos semanas en Panamá por un infarto.
La mayoría, relata Maradiaga, están en Estados Unidos, sobre todo en Florida, Virginia, Maryland o California. Muchos se han movido varias veces este año.
Tras el ofrecimiento del Gobierno español de la nacionalidad española, algunos la aceptaron y viajaron a España y otros están en trámites. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron a EFE que en los últimos meses “más de un centenar” la han solicitado, de los 222 y de otros grupos de opositores.
“Dos o tres se fueron a México y unos cinco están en Costa Rica”, detalló Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua.
Quienes han optado por el anonimato, señaló la activista Tamara Dávila, también expresa liberada, tienen “mucho miedo, aun estando fuera de la cárcel y del país”.
Está el “estrés postraumático” y, sobre todo, el “miedo por las familias” que siguen en Nicaragua y continúan hostigadas, apuntó Dávila, quien pide que se recuerde que todavía hay más de un centenar de presos políticos en el país.
¿Cómo han sobrevivido?
Por lo variopinto del grupo, también ha sido variada su adaptación. Aunque la mayoría tienen trabajo y han logrado adaptarse, cuentan Dávila y Maradiaga, hay un grupo, los adultos mayores, que es especialmente vulnerable.
Unas 35 personas eran mayores de 60, algunas de ellas con problemas de salud que les impiden trabajar, y sin seguro ni atención médica. Alguna está “en estado de indigencia”, alertó Dávila.
Según los funcionarios estadounidenses, tras el destierro, el Departamento de Estado apoyó a los nicaragüenses durante seis meses, al contactarlos con proveedores de servicios de atención médica, salud mental y apoyo psicosocial, vivienda, asistencia legal y otras necesidades. “El Departamento de Salud y Servicios Humanos continúa este apoyo a través de su programa para sobrevivientes de tortura”, dijo Roig.
Y es que el permiso humanitario que se les concedió no otorga apenas recursos para la adaptación, contó a EFE Leora Hudak, gerente de programas de migración del Center for Victims of Torture, que asistió a los nicaragüenses a su llegada.
“Es una herramienta para una evacuación rápida” y fue “muy eficaz para la salida del país”, pero no para el reasentamiento, explicó.
Con este permiso humanitario de dos años tenían la opción de pedir asilo durante el primer año, pero solo cuando se lo conceden pueden disfrutar de algunos beneficios sociales (como el seguro gratuito de salud) con los que cuentan quienes llegan, por ejemplo, con el estatus de refugiados.
Hudak, quien ha trabajado en esta organización con personas llegadas de distintas partes del mundo, sí ve algo específico de los 222 nicaragüenses. Todos los que trató le explicaron lo mismo, que ven a Estados Unidos como algo transitorio y que ansían poder regresar un día a su patria.
*Con información de EFE
