11 de julio 2018
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Los "altos funcionarios nicaragüenses deben responder por abusos graves y extendidos cometidos por sus subordinados", reclamó la organización internacional Human Rights Watch (HRW), tras observar que estos "no han tomado medidas significativas para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subalternos".
“Mientras el presidente Daniel Ortega repite el mantra de que su Gobierno está trabajando por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando manifestantes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos", agregó.
"Algunos de los altos mandos responsables por los atroces abusos en Nicaragua son el Presidente Daniel Ortega, quien en virtud de la legislación nicaragüense es el “jefe supremo” de la Policía Nacional, la comisionada general Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, y el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la misma", señaló HRW.
- Lea aquí el informe completo de Human Rights Watch
Este mismo lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) condenaron "enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos en diferentes zonas de Nicaragua este fin de semana, que han dejado alrededor de 20 personas fallecidas, entre ellas, al menos dos policías, y decenas de heridos".
Además, de forma conjunta, reiteraron el llamado al desmantelamiento urgente de los elementos armados progubernamentales", en referencia a los grupos parapoliciales, paramilitares y fuerzas de choque oficialistas.
Human Rights Watch recordó que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno de Nicaragua tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para prevenir y sancionar graves violaciones de derechos humanos.
También deben responder por pandillas armadas
"Altos funcionarios gubernamentales, particularmente los que están al frente de instituciones implicadas en violaciones de derechos humanos, deben cumplir con estas obligaciones. Los altos funcionarios también tienen la obligación de prevenir y sancionar los abusos generalizados por parte de actores privados, lo cual incluye pandillas armadas partidarias del Gobierno. Esta obligación existe con independencia de que existan, como ocurre en este caso, evidencias claras de que estas pandillas hayan operado en conjunto con, o con el apoyo de, la policía", mencionó el organismo en una nota de prensa.
Human Rights Watch aseguró que ha analizado evidencias de los abusos cometidos por la Policía Nacional, que incluyen testimonios de las víctimas y sus familiares, testigos oculares y abogados defensores de los detenidos; fotografías y videos; e información proporcionada por organizaciones de derechos humanos locales. Human Rights Watch también analizó de forma exhaustiva declaraciones, comunicados de prensa y videos de las apariciones públicas realizadas poraltos funcionarios policiales y otros altos funcionarios.
"Altos funcionarios nicaragüenses no parecen haber tomado ninguna medida seria para poner fin a los abusos ni para asegurar que se imparta justicia. La información disponible sugiere que el Ministerio Público no ha presentado cargos contra ningún policía, y el inspector general de la Policía tampoco ha sancionado genuinamente los abusos", critica la nota de prensa del Human Rights Watch.
Rechazo y condena criminalización de la protesta
La CIDH y la Acnudh recordaron al Gobierno "sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", entre ellas que "el Estado es responsable de garantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población".
La Policía impidió el acceso de la CIDH a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), aduciendo "razones administrativas". EFE | Confidencial
"Cualquier operativo que lleven a cabo las fuerzas de seguridad debe ajustarse al uso razonable y proporcional de la fuerza", apuntaron.
Además, rechazaron "la estigmatización y persecución de personas defensoras de derechos humanos y otros actores en el proceso de Diálogo Nacional" entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil.
Vivanco, por su parte, comentó que "el Presidente Ortega intenta distraer a la opinión pública argumentando que él ha dado la orden de no disparar (...) pero la verdad detrás de sus esfuerzos de propaganda es que la Policía sigue matando y aterrorizando a personas, a menudo en conjunto con pandillas armadas partidarias al Gobierno”.
Nuevamente, la CIDH y la Acnudh exhortaron al presidente Daniel Ortega "a que se abstenga de hacer declaraciones públicas" contra los defensores de los derechos humanos, ya que esto puede incentivar la violencia en contra de las personas en razón de sus opiniones.
El Ejecutivo ha dicho "que como Estado y Gobierno legítimamente constituidos y con base en la Constitución Política y las Leyes de la República", tiene "el deber de defender la seguridad, la paz, el derecho a la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses".
Con más de 250 muertos confirmados en menos de tres meses, Nicaragua enfrenta la represión oficial contra la rebelión cívica que exige la salida de Ortega, tras más de una década de Gobierno.
