20 de mayo 2023
AA
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expropió finalmente las instalaciones de la Fundación María Cavalleri (FMC). El operativo duró dos días en el norte de Nicaragua y acabó este sábado 20 de mayo de 2023, con un allanamiento realizado por policías y civiles.
La propiedad está ubicada en la comunidad Molino Norte, en la carretera entre Matagalpa y Jinotega, según el comunicado de la organización, cuyo cierre fue ordenado por la Asamblea Nacional el 2 de junio de 2022, cuando ilegalizaron a 96 Organismos No Gubernamentales (ONG).
El cierre de la FMC ocurre en el contexto de persecución de Ortega a la sociedad civil. Solo en el primer trimestre de 2023 un total de 30 organizaciones sin fin de lucro cerraron sus operaciones en Nicaragua de forma “voluntaria”, según un reporte de CONFIDENCIAL. En la mayoría de los casos el Migob señaló que estos organismos estaban inactivos o que tenían un déficit de fondos para ejecutar sus proyectos.
Desde finales de 2018 a la fecha, el régimen orteguista ha cancelado 3351 Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), acciones que han sido calificadas por organismos internacionales como una forma de desarticular la sociedad civil organizada y que prevalezca un estado totalitario.
“Hoy se apropian de una propiedad legal que beneficia a todas las personas y al medioambiente. Es una violación a nuestro cuerpo territorio, a nuestros derechos de ser y existir de forma coherente y armoniosa”, dice el comunicado oficial de la organización.
Según el relato de la ocupación, dos hombres y una mujer con camisetas de la Procuraduría General de la República, se presentaron el 19 de mayo de 2023 y preguntaron por los edificios. En horas del día siguiente, aparecieron los policías y civiles.
La institución tiene una historia de veinte años promoviendo el cuido de la naturaleza, intercambios culturales, educación y creatividad con un centro de capacitación, un papel que el régimen confiscó con una decisión en 2022 amparada en “falsos argumentos”.
La propuesta fue presentada entonces por el legislador del FSLN, Filiberto Rodríguez, quien acusó a los organismos de incumplir con sus “obligaciones ante la ley”, y de obstaculizar el “control y vigilancia” de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, adscrito al Ministerio de Gobernación (Migob).
Posteriormente, la dictadura facultó al Migob a realizar de manera directa las ilegalizaciones con lo que entregó los cierres de los organismos en manos de las autoridades de esta institución del Estado. El último post de la FMC, en su cuenta en Facebook, es una protesta a la persecución. “Lamentamos no atenderles. El gobierno cerró este lugar como tantos otros”, escribieron el 17 de septiembre de 2022.
