9 de julio 2022
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Operadores del régimen de Daniel Ortega invadieron este viernes, siete oenegés que habían sido ilegalizadas por la Asamblea Nacional: ANIA, el CEPS de Ciudad Sandino, Puntos de Encuentro, La Corriente, Operación Sonrisa, Cantera y Centro Humboldt, según confirmó CONFIDENCIAL.
Otras dos más (que pidieron no ser identificadas) fueron cerradas la semana pasada, dijo María Teresa Blandón, expresidenta del Programa Feminista La Corriente, en lo que ella y un exfuncionario del Centro Humboldt calificaron como “invasión anunciada”.
Desde noviembre de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha cancelado las personerías jurídicas de 870 organizaciones de la sociedad civil, arreciando su esfuerzo totalitario, la mayoría en los últimos 13 meses. La agresión más reciente de esa arremetida, es la expulsión de las Hermanas de la Caridad y ahora la nueva confiscación ilegal de propiedades.
Un exfuncionario del Centro Humboldt que habló con CONFIDENCIAL, a condición de mantenerse en el anonimato, dijo que salvaron todo lo que pudieron, después que les retiraran su personería jurídica en marzo. “Quedaban pocas cosas ahí. Esto era previsible. Ya lo estábamos esperando, y no hay nada más qué hacer”, reiteró, dando todo por perdido.
En un comunicado, Operación Sonrisa recordó que su cierre ocurrió el 23 de marzo, luego de casi 30 años de ayudar a ciudadanos afectados por labio y paladar hendido, lo que incluye “más de 11 000 procedimientos quirúrgicos gratuitos… y más de 128 700 servicios de salud”, recaudando e invirtiendo en el proceso más de cinco millones de dólares, prometiendo mantenerse “siempre disponibles para volver a trabajar con el mismo amor”.
— Operación Sonrisa Ni (@OS_nicaragua) July 8, 2022
ANIA está registrada ante Mific
“Nos sorprendió esta acción llevada a cabo por funcionarios de la Alcaldía de Managua (ALMA), acompañados por una representante de la Procuraduría General de la República (PGR)”, dijo a CONFIDENCIAL el secretario general de ANIA, Jaime Matus, porque ANIA está registrada ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), y no ante el Ministerio de Gobernación.
“Hay un error pues estamos legalmente constituidos ante el Mific”, explicó Matus.
La entidad clausurada era la antigua persona jurídica que cubría a ANIA, antes que la Ley 876, (que reformó la Ley 849, o Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua), las pasara del control del Migob al del Mific.
Como parte de ese cambio, ANIA, al igual que las demás entidades regidas por la Ley 876, presentó al Mific en el mes de marzo, los estados financieros y demás informes que demanda la ley, pero todavía están esperando la carta de cumplimiento, igual que la mayor parte de las demás entidades ahora reguladas por el Mific.
Matus recordó que cuando se derogó la inscripción de la antigua ANIA, “el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, y el secretario Wilfredo Navarro, explicaron que ANIA -fundada en marzo de 1957- estaba legalmente inscrita en Mific”, y defendió que su función es técnica, poniendo a disposición del Gobierno a sus asociados y expertos cuando hay inundaciones, terremotos, etc., refrendando su apoliticidad y su prestigio.
Un antiguo directivo de ANIA, señaló que “nuestra Asociación tiene en orden sus papeles con el Mific. Nosotros no recibimos dinero del extranjero, y estamos solventes con nuestras obligaciones”.
Mensajes para los invasores
La invasión al inmueble donde funcionaba La Corriente no tomó a nadie por sorpresa, desde que el cuatro de mayo les cancelaran su personería jurídica, junto a más de un centenar de otras oenegés. “Fuimos en medio de un lote de organizaciones. Eso muestra que ellos están muy solos”, exteriorizó su expresidenta, la doctora Blandón.
Blandón narró que cuando les quitaron la personería decidieron abrir su biblioteca para regalar sus libros, y fue entonces cuando a los jóvenes presentes, “se les ocurrió dejar pintas en las paredes. Fue una especie de plantón, un momento para expresar todo lo que han venido acumulando todos estos años. Es la síntesis de su indignación, de su rebeldía. La demanda por libertad, justicia y democracia, es irreversible”, observó.
@LaCorrienteNica nos enseñó pero también nos salvó, el régimen puede robarse las paredes, pero ¿Cómo van a robarse la llama encendida que ya lleva 28 años?
Gracias a todo el equipo ✊
Gracias @MariaTBlandon ! pic.twitter.com/qZAd6vHM5w— Wisthon Noguera (@wisnoguera) July 8, 2022
La decisión del cuatro de mayo se venía ‘cocinando’ desde hacía algún tiempo. El liderazgo de La Corriente veía que varias organizaciones a las que consideran ‘amigas’ habían intentado inscribirse como ‘agentes extranjeros’, pero “el Migob no estaba recibiendo informes a nadie, así que era evidente que estaban creando las condiciones para culparnos de no cumplir las leyes, y anular nuestras personerías jurídicas”, relató.
Las jóvenes de La Corriente hicieron pintas en las paredes interiores del inmueble, como un mensaje postrero para los invasores. Cortesía La Corriente
La decisión de la junta directiva de la asociación feminista fue no inscribirse como agentes extranjeras, porque “es darle legitimidad a una ley que es ilegal. Declaramos en cero en la Dirección General de Ingresos, y en el Seguro Social, porque no teníamos recursos para seguir operando. Fuimos adelantando el proceso, antes de que nos la quitaran, pero seguimos trabajando en La Corriente, porque nosotros no la íbamos a cerrar”, aclaró.
Su criterio es que el régimen está actuando en contra de sus propias leyes, porque la ley dice que al suspender una personería jurídica, deben cumplirse los estatutos de cada ONG, y los de La Corriente dicen que “en caso de disolución, los bienes deben ser entregados a un colectivo con el que compartamos objetivos, y lo que compartimos con el Estado son intereses antagónicos”, así que “esto irrespeta las disposiciones de sus propias leyes”, reiteró.
Indefensión total
“No tenemos ninguna instancia donde procurar justicia, apelar contra estas decisiones carentes de legalidad y violatorias del derecho de asociación. No hay un Poder Judicial independiente donde interponer recursos por inconstitucionalidad. Estamos en un estado de indefensión generalizada. Nos declararon en muerte civil. No existimos para el Estado”, explicó Blandón.
“Lo que sigue, es ver cómo las organizaciones de la sociedad civil, aun en medio de una situación tan adversa, podemos resistir para defender nuestro derecho a defender derechos, y cómo dar continuidad al trabajo que seguíamos realizando, a pesar de la represión y la persecución… garantizando la seguridad de las personas y los colectivos con los que trabajamos”, advirtió.
