21 de octubre 2015
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Habitantes de la comunidad Jomusa, en San Carlos, Río San Juan, denunciaron este martes ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que oficiales del Ejército Nacional, liderados por el Teniente primero José Luis Vanegas, han expropiado bienes sin orden judicial y allanado propiedades sin razón aparente.
“Empezaron a decomisar fincas, ganado y bienes si orden judicial desde el 26 de septiembre. Acusan a la gente de que son narcotraficantes, pero no hay ningún proceso abierto”, dijo Ricardo Manzanares, habitante de la comunidad.
Los denunciantes manifestaron que actualmente la comarca se encuentra militarizada y los ciudadanos de la zona se sienten asediados por la intimidación de los efectivos del Ejército. Unas 10 personas que viajaron a Managua para denunciar el hecho, explicaron que los comunitarios no encuentran ninguna razón aparentemente para los actos. Manzanares relató que cuando los afectados confrontaron al Teniente Vanegas este dijo que “solo está ejecutando órdenes del gobierno”.
“Nosotros somos una comunidad campesina que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería. No podemos creer que el gobierno este mandando esto porque nunca hemos tenido presencia gubernamental”, aseguró el agricultor.
Según los testimonios, los militares han decomisado camionetas y otros bienes que han utilizado para su propia movilización. Uno de los afectados es Leslie Baéz, quien fue capturado sin orden judicial, amarrado, encapuchado y trasladado a San Carlos, a donde se le liberó pero no se le entregaron sus pertenencias, entre ellas un vehículo. El Ejército dijo que se le investigaba por narcotráfico, pero nunca presentaron un documento legal o lo remitieron a la policía para proseguir con la supuesta investigación. Su padre, José Toribio Báez sigue detenido en la cabecera departamental, San Carlos.
“Utilizaban en el vehículo para andar ellos hasta que yo lo denuncié en una radio en San Carlos y lo dejaron de utilizar. A mi padre lo tienen detenido ilegalmente, él trabaja transportando ganado con todos los permisos y certificados, nunca le van poder probar nada, por que no hay”, dijo Báez.
Otro de los casos corresponde a una venta ilegal de caballos, en la que supuestamente, después de expropiar una finca, el teniente Vanegas intentó vender en territorio costarricense 4 caballos que le pertenecían al señor Guillermo Chavarría. Las autoridades de Costa Rica, regresaron los animales a Nicaragua y emitieron documentos certificando que era una transacción ilegal.
“Son hechos sin precedentes. Hay una escalada de violencia muy preocupante. Pareciera que estamos en tierra de nadie”, dijo la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez de Escorcia.
El organismo de Derechos Humanos aseguró que acudirán a la Inspectoría General del Ejército para que investiguen las denuncias. Sin embargo, el CENIDH dice que es alarmante que el cuerpo castrense se esté atribuyendo funciones que le corresponden solo a la Policía. Además, afirmaron que es sumamente preocupante que la excusa “son ordenes de arriba” se este generalizando para cometer actos ilegales por parte de instituciones del orden público.
Aunque los denunciantes no confirman una razón clara para justificar el actuar de los militares, Ricardo Manzanares expresó que puede existir un trasfondo político, enmarcado en los planes de expropiación del proyecto canalero, a pesar que la comunidad no está ubicada en la ruta trazada por la empresa china HKND.
Ante la amenaza, los ciudadanos de Jomusa, buscaron el apoyo del Consejo Nacional en defensa de la tierra, lago y soberanía. Medardo Mairena, miembro del grupo anti canal, aseguró que el modus operandi refleja la misma línea de lo que quieren hacer con las expropiaciones en la ruta del mega proyecto.
“Tenemos la sospecha que la expropiación ya empezó en esos lugares y aprovechamos para denunciar la situación. Esa zona es codiciada por que está propiamente a la orilla del lago, es una tierra muy productiva. Como la ley del canal dice que ellos pueden expropiar en cualquier parte del país pues a lo mejor esa les gusto”, manifestó Mairena.
En la comunidad Jomusa habitan unas 400 personas, de estás 6 familias se encuentran afectadas directamente por los allanamientos del Ejército. “No estamos seguros, por que cada paso que damos estamos siendo vigilados. Los militares han retenido a familias enteras, apuntado con armas a madres frente a sus niños. Tememos que al regresar tomen represalias contra nosotros”, expresó alarmado Manzanares.
