31 de agosto 2023
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Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la "Contra" que son opositores al régimen de Daniel Ortega, a quienes acusa por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil.
La extradición de Reinaldo Picado Miranda, alias "Comandante Omar", y Douglas Gamaliel Álvarez Morales, alias "Relámpago", fue concedida por un juez del Tribunal de Juicio de Puntarenas y ratificada por el Tribunal de Apelaciones en Alajuela, Costa Rica.
Ambos se encuentran detenidos por las autoridades de Costa Rica y en espera de que se realice el proceso de extradición.
El abogado costarricense Daguer Hernández, quien está a cargo de la defensa de los dos nicaragüenses, lamentó que la decisión del tribunal de apelaciones exhiba su desconocimiento sobre el estado policial y de persecución política que impera en Nicaragua.
“Hay un desconocimiento de parte del tribunal de la realidad de lo que está sucediendo en Nicaragua, con informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con observaciones y recomendaciones a Nicaragua sobre sus procesos de administración de justicia”, señaló.
“El grupo de expertos internacionales de Naciones Unidas también ha hecho señalamientos graves sobre el sistema de justicia de Nicaragua”, añadió.
Opositores solicitaron asilo político en Costa Rica
La tesis de la defensa de los dos nicaragüenses es que ambos son víctimas de la persecución política de la dictadura orteguista.
Picado fue incluso concejal del Partido Liberal Constitucionalista en Kukra Hill, en el Caribe de Nicaragua, pero no pudo ejercer el cargo por las amenazas en su contra de operadores de la dictadura. La misma situación de riesgo enfrentó Morales.
Ambos son acusados por el régimen por el asesinato de una policía y un trabajador de una empresa de cacao durante un atraco ocurrido el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan, en la zona fronteriza con Costa Rica.
Picado y Morales pidieron refugio en Costa Rica, alegando que el régimen los estaba involucrando en el caso debido a que eran opositores, pero el Gobierno rechazó la solicitud.
“También pareciera que hay un desconocimiento de parte del Gobierno de Rodrigo Chaves, porque se solicitó asilo político al presidente de la república y se les negó. Eso implica un desconocimiento de lo que están viviendo los migrantes en su país”, añadió Hernández.
Seis personas fueron acusadas por supuestamente estar involucradas en el acto delictivo, de las cuales cuatro están prófugas. Uno de los acusados, Ramón Antonio Argeñal, ya fue sentenciado por los tribunales a 103 años de prisión.
Estudian estrategias jurídicas
Hernández mencionó que estudian la mejor estrategia jurídica para frenar la deportación, entre las cuales está la posibilidad de un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional del tribunal supremo de Costa Rica.
“Estamos ahora en la etapa de ejecución de la extradición y tenemos tiempo para desarrollar la estrategia jurídica, que todavía estamos analizando y decidiendo. El hábeas corpus es una de las posibilidades”, explicó.
“Estamos ante un caso en el que hay una clara violación al tema de derechos humanos y del debido proceso. Pero todavía hay múltiples estrategias a las que podemos acudir”, finalizó.
*Con información de EFE
