27 de septiembre 2023
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La confiscación del campus Francisco de Sola del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en Managua, Nicaragua, tiene un valor aproximado de 20 millones de dólares. Las pérdidas incluyen el terreno, edificios académicos y administrativos, residencias para estudiantes y equipos varios.
Una fuente vinculada al Incae reveló a CONFIDENCIAL que el valor del campus en libros es de “aproximadamente 20 millones de dólares, pero posiblemente su valor de mercado y reposición sea superior a esa cifra”.
Precisó que solamente el terreno tiene una extensión de 667 350 metros cuadrados, equivalentes a 95.31 manzanas. En el lugar también hay edificios académicos, administrativos, de servicios —cafetería, comedores, etc.— y residencias con capacidad para albergar a 200 estudiantes.
Esos edificios, además, están dotados con equipos varios, muchos de los cuales fueron financiados por agencias internacionales de cooperación y donantes empresariales de Centroamérica y América del Sur.
Según la fuente vinculada al INCAE, aunque la estimación de su valor sea de unos 20 millones de dólares, su valor de mercado y reposición puede ser aún superior.
El Incae, con sedes en Costa Rica y Nicaragua, se define " una escuela de negocios de competitividad global, reconocida y clasificada entre las mejores del mundo" y que "ha impulsado el progreso de la sociedad latinoamericana a través de la formación de talento de líderes regionales por medio de las Maestrías y Programas Ejecutivos". Detallaron en un comunicado de prensa que más de 4000 profesionales se han graduado en el campus Francisco de Sola, en Managua.
Continuarán operando desde Costa Rica
El Campus de Nicaragua “es parte esencial de nuestra historia y activos, y es doloroso perderlo”, advirtió la fuente vinculada al Incae. Pero recordó que desde 2018 esa casa regional de estudios comenzó a migrar todas sus operaciones hacia su campus en Alajuela, Costa Rica, para garantizar la seguridad de sus estudiantes internacionales, en un momento en que las calles estaban bloqueadas en Nicaragua.
Aseguró que la operación académica y administrativa del Incae “es normal” desde el Campus de Costa Rica. “Nuestras finanzas operativas de corto plazo no sufrirán cambios significativos por esta situación. Claramente, nuestro Balance General sufrirá una significativa reducción de patrimonio que, sin embargo, no afectará nuestros flujos, ni nuestra solvencia”, agregó la fuente.
En esa misma línea, el comunicado del Incae enviado a los medios de comunicación dice que la institución continuará “desarrollando sus actividades regulares de formación e investigación en el campus Walter Kissling Gam en Costa Rica y seguirá trabajando incansablemente para cumplir con su propósito”.
Incae también lamentó “el cierre obligado de nuestro campus en Nicaragua” y aseguró que “se debe a razones que no reflejan el compromiso y la dedicación de nuestra institución hacia la excelencia académica y el impacto positivo que tenemos en todos los países en los que operamos y desarrollamos actividades”.
Según la fuente vinculada al Incae, al momento de la confiscación ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el instituto contaba con casi ochenta colaboradores y cinco profesores en Nicaragua.
Se enteraron por los medios de comunicación
Las autoridades del Incae recibieron con “gran sorpresa y profunda tristeza” la publicación en La Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, que ordenaba la cancelación de la personalidad jurídica y el registro del Incae, además de la confiscación de sus bienes.
La fuente vinculada a la institución —inclusive— aseguró que se enteraron de lo sucedido por los “medios de comunicación y redes sociales”, pero que no han tenido contacto con las autoridades del régimen.
El Ministerio de Gobernación (Migob) acusa al Incae de “obstaculizar” sus funciones de “control y vigilancia”, “incumplir sus obligaciones”, “no promover políticas de la transparencia en la administración de los fondos, desconociendo la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se otorgó personalidad jurídica y registro”, según el acuerdo ministerial publicado en La Gaceta.
La Procuraduría General de la República será, como es habitual en las confiscaciones ilegales dictadas por la dictadura, la encargada del “traspaso” de los bienes muebles e inmuebles del Incae.
El Incae, por ser una Organización No Gubernamental, tenía la obligación de reportarse ante el Migob y como organismo internacional también se reportaba con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta última institución, advierte la fuente, aún no se ha pronunciado, al menos “no que sea de nuestro conocimiento”.
