Redacción Confidencial / EFE
14 de julio 2023
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El canciller colombiano, Álvaro Leyva, celebró la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa caribe. El régimen de Daniel Ortega asumió la sentencia como de “ineludible cumplimiento”, mientras recibieron críticas en el sentido de que el fallo era el resultado de la “pobreza de su política exterior”.
La decisión del máximo tribunal de justicia internacional, leída la mañana del jueves 13 de julio de 2023 desde La Haya por su presidenta, Joan E. Donoghue, marca el fin de un largo litigio entre ambos países que inició en 2001. Durante este tiempo se dictaron tres sentencias, de las cuales dos fueron favorables a Nicaragua y la última a Colombia.
“La Corte concluye que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base a partir de las cuales la anchura de su mar territorial no puede extenderse a áreas marítimas dentro de 200 millas marinas de las líneas de base de otro Estado”, dice la resolución de la CIJ.
En su penúltima sentencia, antes de este jueves, La Haya ordenó el 21 de abril de 2022 a Colombia no intervenir en aguas nicaragüenses y rechazó el reclamo de Colombia de que sus nacionales tienen derecho de pesca en aguas de Nicaragua, lo que se erigió en un problema para la Administración de Gustavo Petro que sigue sin resolverse más de un año después.
El triunfalismo de Colombia con la nueva sentencia contrasta también con la de rechazo de ese país a la de 2012 cuando la CIJ adjudicó al país centroamericano 75 000 kilómetros cuadrados en el mar caribe, una decisión que fue interpretada como una “victoria histórica” de Nicaragua.
“El día de hoy sin duda será recordado por cada uno de nosotros. La Corte Internacional de Justicia acaba de proferir su última sentencia en la larga lista de decisiones que conforman el expediente judicial ante este tribunal entre Colombia y Nicaragua”, celebró Leyva en un video difundido tras conocerse la decisión desde la isla colombiana de San Andrés.
La votación en la CIJ fue de 13 votos a favor contra cuatro en desacuerdo. El fallo coincidió con una investigación anunciada por la Procuraduría de ese país al embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz, quien participó recientemente en una marcha a favor del régimen de Ortega en conmemoración de la revolución sandinista en contravía a la posición crítica del Gobierno de Petro que ha denunciado las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejecutivo de Nicaragua.
Para el canciller colombiano, la nueva sentencia rechazó “las pretensiones de una supuesta plataforma continental extendida para Nicaragua en detrimento de nuestro territorio”, que, de haberse logrado, “habría sido un pésimo antecedente para toda la región”.
Esta es “una decisión que será trascendental para los espacios marítimos, hará eco en otras regiones en las que inútilmente se creó tensión, evitando así conflictos que podrían poner en riesgo la seguridad global”, insistió el jefe de la diplomacia colombiana.
Sin embargo, un experto en derecho internacional nicaragüense señaló bajo condición de anonimato que “uno de los grandes retos a los que se enfrenta Colombia” es que la sentencia de este jueves está basada en la cosa juzgada por la sentencia de 2012, que ha sido desconocida por Colombia, por lo que “aceptar la validez de esta sentencia sobre plataforma continental más allá de las 200 millas implica, de muchas maneras, aceptar el fallo de 2012, que delimita las fronteras marítimas entre ambos países”.
“En tal sentido —prosiguió— esta última sentencia representa una oportunidad histórica para cambiar la forma en que ha venido tratándose el diferendo, de manera que pueda iniciarse un diálogo respetuoso del derecho internacional, que incluye las sentencias de la Corte, que dé respuestas consensuadas a los problemas aún pendientes”.
En Colombia no todos celebraron con el tono del canciller. Armando Benedetti, exembajador de ese país ante Venezuela, inmerso en un reciente escándalo que determinó su salida semanas atrás del círculo de confianza de Petro, aceptó que no había mucho que festejar.
“No hay mucho que celebrar con lo del fallo de la CIJ. Colombia ya perdió espacio marítimo en 2012. Lo poco para celebrar es gracias al cambio en la estrategia que planteó el presidente @petrogustavo (y nadie más), que impidió que Nicaragua ampliara su plataforma continental”, admitió Benedetti en su cuenta de Twitter.
Carlos Argüello: Se reafirma la sentencia de 2012
El representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, consideró en medios oficialistas que Nicaragua ha salido bien en las sentencias de la CIJ, pese a la negativa de extender la plataforma marítima de su país, la que fue rechazada por el tribunal.
Para el agente nicaragüense, lo “importante” de la sentencia “es que ha quedado reafirmado nuestro derecho otorgado por la sentencia de 2012, que Colombia disputó desde el primer momento; así que en ese sentido hemos salido bien”.
La dictadura de Ortega, a través de un comunicado leído por su vocera y vicepresidenta Rosario Murillo, sostuvo que acatará la sentencia y la reconoce como “firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento”. Mientras destacó la reiterada presencia de Nicaragua ante La Haya, la que data de 1984, aseguró que espera que “Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia de 2012”.
El mismo experto en derecho internacional, citado anteriormente, afirmó que las razones de la sentencia desfavorable a Nicaragua son eminentemente técnicas y jurídicas, ya que en la CIJ “el margen para consideraciones políticas es inexistente o sumamente reducido”.
“La Corte estuvo ante un problema técnico-jurídico sin precedentes, en el que una de las claves para una respuesta adecuada era determinar la existencia o no de normas de derecho internacional consuetudinario, es decir, derivadas de la costumbre internacional, aplicables al caso. Es una sentencia de mucha complejidad jurídica y que en este sentido sienta jurisprudencia”, destacó.
Otro diplomático nicaragüense resaltó, sin embargo, la pobre actuación del equipo jurídico de Nicaragua en La Haya. Sostuvo que buscarle cualquier otra explicación sería un “intento de tapar el sol con un dedo” y lamentó la ausencia de figuras como los fallecidos especialistas Mauricio Herdocia, Ian Brownlie y Alejandro Montiel, mientras mencionó también los nombres de Paul Reichler, Edmundo Castillo y Ana Margarita Vijil.
“Creo que se perdieron aquí la buena voluntad que Nicaragua había ganado con la Corte, obedeciendo sus decisiones y la de otros espacios jurisdiccionales a nivel internacional. La Corte parece inclusive revertir parte de la decisión de 2012, dándole a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 200 millas de plataforma continental con lo que nos bloquean la salida al Caribe”, añadió.
Sin embargo, el diplomático sostuvo que se dejaron incólumes los derechos de los Estados ribereños a las 200 millas, porque al “darles peso completo a las tres islas, se hubieran ido tras bisectrices hasta llegar a Corn Island”.
La posición del régimen fue cuestionada también con vehemencia por los exprecandidatos presidenciales, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, expresos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero pasado.
“La tiranía de Daniel Ortega ha perjudicado los intereses soberanos de los nicaragüenses y se percibe como un riesgo para la seguridad hemisférica”, afirmó Maradiaga en un mensaje. El exprecandidato agregó: “Sostengo que las estrechas relaciones políticas entre Ortega y los Estados terroristas están teniendo un alto costo para el pueblo nicaragüense”.
Chamorro sostuvo que el fracaso del fallo demuestra la pobreza de la política exterior de Ortega y se acordó cómo los resultados anteriores habían sido más equitativos. “En los fallos pasados (los jueces) habían balanceado posiciones de ambas partes. En este caso no le dieron a Nicaragua nada, lo que refleja lo débil de los argumentos”, lamentó.
El experto en derecho internacional afirmó, en cambio, que la responsabilidad de los aciertos y desaciertos en el manejo del diferendo entre Colombia y Nicaragua es compartida por diferentes Gobiernos.
“No se trata de triunfos o derrotas para una u otra de las partes sino de un avance y una oportunidad histórica para que sobre la seguridad que aporta el derecho, hacer realidad el aprovechamiento de las riquezas existentes en esos territorios, en favor del desarrollo de ambos pueblos”, apuntó el especialista.
