13 de octubre 2023
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La persecución de la dictadura orteguista contra la feligresía católica alcanzó a otros tres ciudadanos originarios de Boaco y Chontales, en el centro de Nicaragua, a quienes la Policía citó y dictó “ciudad por cárcel”, en un nuevo acto arbitrario e intimidatorio contra la Iglesia católica y sus grupos pastorales.
Estos tres nicaragüenses se suman a las nueve personas, originarias del norte del país- Jalapa y Jinotega-, que según confirmaron diversas fuentes a CONFIDENCIAL, también están bajo una supuesta investigación y deben solicitar permiso a la Policía para salir de sus municipios. La mayoría de los implicados -doce en total- fueron citados en septiembre, pero se conocen hasta ahora por el temor persistente entre la población en denunciar las violaciones a sus derechos humanos.
Como parte del acto intimidatorio, la Policía amenazó a algunos de los investigados en confiscar sus propiedades, además les dijeron tener fotos y videos de su participación en el intento de golpe de Estado, a como el régimen orteguista denomina a la rebelión cívica de 2018, cuyas marchas pacíficas fueron aplastadas por la Policía y grupos paramilitares.
En ese momento, cientos de feligreses se sumaron a las marchas azul y blanco en demanda de justicia, democracia y una salida pacífica a la crisis sociopolítica. Las mismas procesiones se convirtieron en actos de protesta, tras que la dictadura prohibiera las manifestaciones en la vía pública.
Policía se atribuye funciones de jueces
La Policía está facultada para investigar a cualquier persona cuando existe presunción de la comisión de un delito. Sin embargo, la imposición de medida cautelar de “ciudad por cárcel” es “ilegal” y violenta el artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, sobre la libertad individual y el artículo 31, de la libertad de movilización, señaló un abogado penalista, que accedió hablar con CONFIDENCIAL bajo anonimato.
Ambos derechos solamente pueden ser restringidos por un judicial cuando haya un proceso penal abierto en contra de los implicados, aclaró el especialista. Lo mismo ocurre con las medidas cautelares de presentación periódica a una estación policial.
“El orteguismo y su aparato de represión están cometiendo un crimen de lesa humanidad que se llama persecución religiosa, que está consagrado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal. La persecución estaba contra los religiosos y ahora se está extendiendo a la población civil religiosa, por lo que podemos decir que esta persecución se está ampliando, se está profundizando y se está tornando más violenta”, valora Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
En efecto, el régimen orteguista inició su enfrentamiento contra la Iglesia alentando a sus turbas orteguistas que ejecutaran actos de vandalismo y profanación contra los templos, envió a la Policía a asediar las parroquias, y desde mediados de 2022 arreció sus ataques, prohibiendo las procesiones a nivel nacional, agudizando la vigilancia durante las homilías y encarcelando a sacerdotes. Entre ellos, el obispo Rolando Álvarez, responsable de la diócesis de Estelí y Matagalpa, las más asediadas en los últimos cinco años, después de la Arquidiócesis de Managua.
Para Ramírez el objetivo del régimen con esta nueva embestida contra la Iglesia, caracterizada por el secuestro de sacerdotes y las citatorias policiales de laicos organizados en las diversas parroquias, es desligar a la población de la única libertad que le queda: acudir a las parroquias.
"Casa por cárcel" también para seis opositores
Además de los doce feligreses citados por la Policía, otros seis opositores de Boaco y Chontales también fueron solicitados en las delegaciones policiales, y advertidos que no pueden salir de sus respectivas ciudades.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas indica que hasta agosto existen 89 presos políticos. Sin embargo, permanece un subregistro de casos que no llegan a ser incluidos en la lista debido al miedo de sus familias. De tal forma, que la cantidad real de los reos de conciencia, fácilmente, supera los cien secuestrados, entre ellos, 13 sacerdotes, antiguos trabajadores del régimen orteguista, líderes de oposición en sus municipios, estudiantes y feligreses.
Para el abogado consultado, el régimen orteguista tiene identificadas a las personas que mantendrá en prisión, pero al mismo tiempo, a otro grupo de personas les busca infundir miedo y provocar que se vayan del país. "Hay un montón de gente que están arrestando de diferentes lugares", alertó.
