15 de abril 2023
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien es preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y se encuentra recluido en la cárcel La Modelo.
La CIDH pide al Estado de Nicaragua que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud” del obispo. Asimismo, que asegure "que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia”.
La Comisión pidió que se realice una valoración médica especializada, se asegure el acceso a los medicamentos necesarios para sus padecimientos y se garantice el contacto regular con sus familiares, abogados y representantes.
El obispo Álvarez fue exhibido, por primera vez, tras su traslado al penal, el pasado 25 de marzo, cuando los medios de propaganda del régimen orteguista divulgaron una serie de fotografías y videos tomados durante una visita familiar que se le permitió al religioso.
El montaje fue realizado en un salón decorado dentro de la cárcel La Modelo, donde se encuentra recluido desde el 9 de febrero de 2023. El obispo y sus hermanos, Vilma y Manuel Álvarez Lagos, fueron fotografiados y filmados por la propaganda, mientras comían y conversaban. Al religioso se le vio visiblemente más delgado, pálido y canoso.
En el encuentro, el obispo fue consultado sobre si ha recibido un trato digno en la prisión, una pregunta a la que asintió y agradeció a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional. Acto seguido, el entrevistador orteguista le dijo que le alegra verlo bien y saludable, por lo que el líder religioso respondió entre sonrisas: "¡Ah! Bueno. ¿Me ves bien?, ¿saludable?, ¿y la cara como me la ves?".
La CIDH explica que las medidas cautelares fueron otorgadas porque consideran que monseñor Álvarez “se encuentra en una situación de riesgo frente a su condición de incomunicación tras su privación de libertad”. Asimismo, mencionan la falta de información sobre su situación actual, condiciones de reclusión y estado de salud.
Fuentes vinculadas a la Iglesia católica revelaron a CONFIDENCIAL, en febrero pasado, que el obispo Álvarez “se encuentra solo, en una celda de máxima seguridad”.
Monseñor fue trasladado al penal el 09 de febrero de 2023 después que se negara a ser desterrado a Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos. Una acción que Ortega consideró como “soberbia”. Un día después, fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, en un juicio exprés en el que también fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.
El religioso, una de las voces proféticas de Nicaragua, permanecía en arresto domiciliario desde el 19 de agosto de 2022.
Medidas cautelares para indígenas encarcelados
La CIDH también aprobó medidas cautelares a favor cuatro comunitarios indígenas mayangnas que se encuentran en prisión tras ser condenados por hechos relacionados a la Masacre Kiwakumbaih, ocurrida en agosto de 2021. Los comunitarios beneficiados son Argüello Celso Lino, Ignatius Celso Lino, Donald Bruno Arcángel y Dionysius Robins Zacharias.
“La CIDH observó que estos beneficiarios estarían sin recibir atención médica adecuada y oportuna, pese a padecer problemas de salud y ser objetos de constantes amenazas por parte de los custodios y de otras personas privadas de libertad. Las alegaciones indican que incluso fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales”, detalla la Comisión.
La masacre ocurrió el 23 de agosto de 2021 en la mina de Kiwakumbaih, en el cerro Pukna, del territorio mayangna Sauni As. Según describen los comunitarios, en el territorio había 37 indígenas miskitos y mayangnas realizando actividades de minería artesanal cuando fueron atacados por hombres armados.
En el ataque fallecieron 13 personas y dos mujeres que sobrevivieron fueron violadas. En el caso fueron condenados cuatro comunitarios indígenas, quienes se defendieron del ataque. El Centro de Asistencia Legal a Pueblos indígenas (Calpi) señaló que la Policía “falseó las declaraciones de los sobrevivientes de la masacre” porque una de las sobrevivientes, que fue violada y es hermana de dos de los indígenas condenados, declaró que los colonos fueron quienes la violaron, pero las autoridades acusaron a los comunitarios.
