18 de marzo 2024
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La cancelación definitiva del proyecto BioCLIMA dejó en evidencia una serie de irregularidades que van desde la violencia en las comunidades indígenas, que la dictadura Ortega Murillo intenta ocultar, hasta la complicidad del BCIE para beneficiarlos con el millonario préstamo, pero también es un reconocimiento a la denuncia de la población indígena.
CONFIDENCIAL enlista los aspectos claves que desnudó la decisión del Fondo Verde del Clima (FVC) de rescindir el Acuerdo de Actividad Financiada para el proyecto “Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas BOSAWÁS y Río San Juan”, en Nicaragua, ( FP146 ).
Esta decisión fue calificada por la dictadura como una “agresión” y un “arrebato” de los recursos económicos que, según ellos, destinarían a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Pero que en realidad aumentaría la degradación ambiental y los ataques por parte de colonos, según líderes indígenas.
Violencia en comunidades indígenas que Ortega intenta ocultar es real
Los asesinatos, violaciones, desplazamientos forzosos y persecución que viven las comunidades indígenas de Nicaragua quedaron en evidencia en la investigación que realizó el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) del FVC, ante la queja que interpuso un grupo de comunitarios en 2021.
Estos altos niveles de violencia han sido denunciados durante años por diversas organizaciones indígenas. Incluso, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU los han señalado en sus informes. Sin embargo, la dictadura se ha encargado de mantener la impunidad y más bien ha encarcelado a guardabosques miskitos y mayangnas para favorecer sus intereses económicos en el oro y la ganadería.
El aumento de la violencia en las comunidades indígenas es parte del “incumplimiento de las políticas y procedimientos del FVC sobre salvaguardias ambientales y sociales”.
Algunos estándares recomiendan que, en zonas de conflicto o de alta tensión como en las comunidades indígenas —víctimas de violencia por colonos— se deben hacer análisis de conflicto para tomar una decisión informada sobre los proyectos. Esto no se hizo, según el ambientalista Amaru Ruíz.
“No podemos tener proyectos de cambio climático que violen los derechos humanos, eso es inaceptable. No puede haber financiamiento climático que desplace a la gente, que viole derechos humanos, que contribuya a perder los derechos territoriales legítimos de esas comunidades”, agregó.
BCIE omitió información para favorecer a Ortega con el millonario proyecto
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) era el organismo acreditado ante el Fondo Verde del Clima para este proyecto. Es decir, que fue quien presentó el proyecto y con quién el FVC tenía comunicación.
El BCIE también tenía la responsabilidad de “garantizar que se haya llevado a cabo de forma correcta la debida diligencia de primer nivel sobre las partes interesadas más cercanas al proyecto”. Sin embargo, la investigación demostró que se ocultó información clave, como la situación de violencia sistemática.
En varias ocasiones, el BCIE -que entonces era liderado por Dante Mossi- afirmó “que conoce muy bien las áreas de ejecución del proyecto”. A pesar de esto, no brindó información detallada sobre “la naturaleza, frecuencia, ubicación, actores, dinámica, alcance y gravedad de la violencia en la Costa Caribe, ya sea debido a la falta de datos o a la decisión de posponer un análisis más exhaustivo” a una etapa posterior del proyecto.
La complicidad también “salpicó” a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que fue el organismo que elaboró la propuesta de financiamiento que posteriormente presentó el BCIE ante el Fondo Verde.
Meses después, otras dos organizaciones internacionales: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) fueron involucradas en el proceso exprés de consultas a las comunidades indígenas que tuvo que hacer la dictadura después que el FVC congelara el proyecto.
“Lamentablemente, la UNOPS se presta a ese juego, que ya veníamos denunciando”, denunció Ruiz, quien fue desterrado y desnacionalizado por su trabajo de defensa del medioambiente.
Indígenas no fueron escuchados durante consultas exprés hechas fuera de tiempo
En el proceso de consultas a las comunidades indígenas, el último intento de la dictadura para que le descongelaran el millonario proyecto, se evidenció que no hubo voluntad por escuchar a los comunitarios. Más bien, se les omitió información, se les calló e intimidó durante las reuniones exprés.
Las mismas organizaciones observadoras, el PMA y la UNOPS, admitieron en sus reportes que en las asambleas hubo momentos en que personas indígenas alzaron la mano para hacer comentarios o preguntas y no se les concedió la palabra y también hubo casos en que antes de hacer la votación a favor del proyecto, se le leyó el acta y en esta se decía que había sido aprobada por unanimidad.
A pesar de esas observaciones, los funcionarios de estos organismos que participaron en las consultas validaron que el proceso fue “de buena fe, transparente, hubo consenso y se brindó información exhaustiva”.
El Consejo de Ancianos de la Moskitia también denunció que en las asambleas eran breves y no daban tiempo para el debate y también hubo amenazas a las voces que se oponen al proyecto, piden saneamiento de los territorios o cuestionan a las autoridades gubernamentales.
Cancelación del proyecto es un fallo a favor de los indígenas
La decisión del Fondo Verde sobre el proyecto Bio-CLIMA sienta un precedente de actuación y reconocimiento de la credibilidad a los mecanismos independientes que investigaron y entregaron sus investigaciones correspondientes.
La investigación del IRM, que fue clave para la decisión final del FVC, incluyó la visita de una misión a Nicaragua y conversaciones con 45 indígenas y afrodescendientes, entre ellos 23 miembros de los Gobiernos Territoriales Indígenas. Además, entrevistó a representantes del BCIE, consultores de la FAO, personal de la Secretaría del Fondo Verde del Clima, y el grupo que en 2021 interpuso la queja contra el proyecto bajo condición de confidencialidad.
En la misma, se criticó a la Secretaría del Fondo Verde por no verificar la documentación del BCIE ni tener contacto con las comunidades involucradas antes de aprobar el proyecto.
"Esto reafirma su transparencia y fortalece al Fondo Verde del Clima", valoró Ruiz tras la decisión de cancelar el proyecto.
Lo más importante de mensaje, reiteró, es que las comunidades indígenas y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los actores independientes sepan que pueden cuestionar proyectos que tengan afectaciones directas a sus territorios.
