27 de julio 2017
AA
Los miembros del Movimiento Campesino que demandan la derogación de la Ley 840 demandarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al Estado de Nicaragua por la represión ejercida en su contra.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos representado por su asesor jurídico, Gonzalo Carrión y la Fundación Popol Na, representada por la abogada Mónica López, darán acompañamiento al Movimiento Campesino en la denuncia que se presentaría este jueves.
Los denunciantes se proponen que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declare la construcción de El Canal Interoceánico de Nicaragua como una violación a los derechos humanos y por consiguiente mande al Estado a derogar la legislación que aprobó su desarrollo.
Los campesinos consideran que la Ley 840 viola sus derechos humanos porque dispone de forma arbitraria de sus tierras para que se construya el megaproyecto, que según la promesa gubernamental, vendría a dar un impulso en la economía del país.
Del Canal no se sabe nada, pero los campesinos han dicho que mientras la Ley siga vigente, el concesionario, el empresario chino Wang Jing, puede dejarlos sin sus propiedades.
“Solicitamos a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos) que considere víctimas, ofendidos a toda la comunidad y que declare como violados de los derechos humanos a todos los que están acá y los que habitan en la ruta canalera, obligando al Estado de Nicaragua como su parte de responsabilidad internacional, a reparar los derechos conculcados, y particularmente y a lo inmediato la derogación de la ley 840”, dijo Carrión durante la conferencia de prensa.
La líder campesina Francisca “Chica” Ramírez recordó que su lucha lleva más de cuatro años, desde que se aprobó la Ley 840. Y desde entonces, los campesinos sufrieron las consecuencias de la represión policial en una decena de las 90 marchas que realizaron.
Las más graves dejaron secuelas en hombres que luchaban para proteger sus propiedades. La pérdida de un ojo y lesiones de por vida, son solo algunas de las heridas que les provocó el Estado de Nicaragua, según se quejan.
“En este país tenemos cuatro años de pedir justicia, de (pedir) que nos escuchen, que por favor puedan derogar la Ley que nos está violentando nuestro derecho. Que respeten los derechos de los nicaragüenses que ha sido todo el contrario. Creo que esta ha sido la forma de que el Estado de Nicaragua nos ha dado respuesta, mandándonos a atropellar, mandándonos a reprimir, Donde tenemos una constitución que dice que tenemos derecho a la libre circulación, lo cual el Estado de Nicaragua nos ha impedido en las 90 marchas. (Nos dicen) que no marchemos, que no protestemos. Y nosotros hemos tenido siempre pie en lucha diciendo que pedimos justicia, pero hoy es un día que tenemos puesta la esperanza que, no hemos conseguido justicia pero que la vamos a alcanzar”, manifestó Ramírez.
El proceso para que se realice el trámite en la Comisión es largo. Por ejemplo, el caso de María Luisa Acosta, la activista medioambiental que denunció al Estado de Nicaragua por la muerte de su esposo Francisco García, tardó dos años para que se emitiera una resolución.
En ese caso se condenó al Estado de Nicaragua para que reparara los daños causados a Acosta y se determinó que se debía indemnizar económicamente a ella y a los organismos de Derechos Humanos que la acompañaron.
Sin embargo, para la abogada Mónica López, el deterioro en la confianza del sistema judicial nicaragüense los obliga a tomar otras medidas para exigir la derogación de la Ley.
“El sistema judicial nicaragüense le ha fallado al pueblo, le ha fallado al movimiento campesino. Hemos ido a cada una de estas instancias a dar curso a los trámites institucionales establecidos para garantizar los derechos de estas comunidades, y la respuesta que hemos obtenido es no solo cerrar las puertas de las vías institucionales correspondientes, sino la represión y la agresión¨, declaró.
Los quejosos continuarán su lucha a nivel interno mientras se realiza el trámite en la Comisión. El próximo 15 de agosto realizarán la marcha 91 en contra del Canal Interoceánico en La Fonseca.
