20 de febrero 2019
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La Asamblea Nacional pospuso este martes la decisión sobre las polémicas reformas a la Ley de Concertación Tributaria, que elevan los montos de pago al Gobierno, en medio de la peor crisis del país en décadas, y la discusión será reanudada este miércoles.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, suspendió la sesión parlamentaria de forma sorpresiva. "Los veo cansados", dijo el diputado sandinista a sus colegas, luego de tres horas de trabajo.
La suspensión se dio inmediatamente después de que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunció que se opondría a la aprobación de las reformas tributarias por medio de un voto razonado.
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Entre las razones de la negativa, leídas por la diputada liberal Azucena Castillo, están el impacto económico negativo que la misma tendría en los sectores productivos, la limitada visión de la misma al pretender que sea un paliativo a un profundo problema de recaudación, y la "urgencia" con que el oficialismo toma un tema que necesita "reflexión".
Asimismo, Castillo recordó que las reformas impactan los productos de la canasta básica, contrario a las afirmaciones de funcionarios y diputados oficialistas, y "provocan un encarecimiento de los costos de producción", lo que podría causar un daño peor a la economía nicaragüense que el que el Gobierno pretende evitar.
La diputada dijo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que "es hora sincerare con el pueblo y mostrar voluntad política para dar paso al diálogo nacional, para poner fin a ese círculo vicioso" del sistema populista por sobre la democracia.
El Gobierno de Nicaragua ha propuesto elevar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
El objetivo del Gobierno es recaudar 10 168 millones de córdobas (313.3 millones de dólares), el equivalente al 2.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), en un intento por paliar la abrupta caída de la economía, en un 4 por ciento, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país.
La necesidad de recaudación del Ejecutivo se da luego de que en 2018 la economía de Nicaragua sufrió una contracción del 4 por ciento, debido a una crisis sociopolítica que mantiene enfrentado a Ortega con diversos sectores de la sociedad nicaragüense, que le exigen su renuncia luego de la muerte de cientos de personas que participaron en protestas contra su Gobierno.
La propuesta del Ejecutivo es precedida por unas reformas a la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de febrero, que elevan las cuotas de las patronales y los empleados, suben la cantidad de semanas cotizadas para el retiro, y bajan el monto de las pensiones.
Las reformas han sido rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que la misma no resuelve el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica.
