6 de mayo 2018
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La Asamblea Nacional conformó una ‘Comisión de la Verdad, Justicia y Paz’, a la que otorgó el mandato de “conocer, analizar y esclarecer la verdad de los últimos sucesos acaecidos en el país”, en referencia a la masacre perpetrada por la Policía Nacional y grupos afines al Frente Sandinista, en contra de estudiantes desarmados que protestaban en contra de las reformas al sistema de seguridad social.
Diecinueve horas antes de iniciar el acto parlamentario, cuatro organizaciones estudiantiles surgidas durante la rebelión de abril rechazaron la iniciativa anunciada por Porras una semana antes.
Es el caso de la Coalición integrada por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19), y el Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19), que opina que la Asamblea Nacional, presidida por Gustavo Porras, “queda deslegitimada para conformar cualquier proceso de investigación que busque esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos 18 días”.
Por su parte, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), dijo que “la investigación por parte del Ministerio Público y la mal llamada ‘comisión de la verdad’, presidida por Gustavo Porras, no tiene validez. Los asesinos no pueden investigarse a sí mismos. Estas acciones demuestran la nula voluntad del Gobierno por crear un clima que permita lograr la justicia que el país demanda”.
Ambas organizaciones insistieron en que la administración Ortega debe invitar a venir al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice la investigación independiente que reclama la nación.
Antes, el sector privado nicaragüense, aglomerado en Cosep, AmCham, Asobanp y Funides, en conjunto con todas sus cámaras, consejeros y empresarios independientes, había instado a “abrir una investigación independiente y creíble, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria”, aunque sin especificar quiénes, ni de dónde.
La comisión conformada por la Asamblea Nacional la mañana de este domingo 6 de mayo, está integrada por el padre Francisco Uriel Molina Olúe; el licenciado Jaime Francisco López Lowery, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua); la intelectual costeña Mirna Cunningham; el abogado Adolfo Jarquín Ortel, subprocurador de Derechos Humanos, y el académico e intelectual Cairo Melvin Amador, tal como los presentó Porras ante el plenario.
El presidente del primer poder de la República dijo que, aunque la junta directiva de la Asamblea Nacional tenía el mandato de conformar y juramentar a la citada Comisión, se permitiría que los diputados votaran a favor o en contra, (pero no proponer a nadie). Fiel a su doctrina de pensamiento único, 74 diputados votaron a favor, ninguno en contra, y solo uno se abstuvo.
Después de su juramentación, y lectura del acta, los cinco comisionados recibieron un periodo de tres meses para presentar resultados. Porras les dijo que, aunque la Asamblea los había nombrado, ellos funcionarían fuera de la órbita de ese poder del Estado, que solo cumplió con la función de darle origen e integrarla.
“Quedan libres de hacer las averiguaciones que correspondan”, sentenció.
