13 de noviembre 2019
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La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) pidió este miércoles al Gobierno “continuar las negociaciones” para solucionar la crisis sociopolítica local, y que fue suspendida por el presidente Daniel Ortega el 19 de julio pasado.
“Exhortamos a las autoridades a continuar las negociaciones”, señaló AmCham, en un comunicado en respuesta a críticas emitidas por el presidente nicaragüense el pasado viernes, en contra del sector privado.
AmCham hizo el llamado a negociaciones “para refundar el sistema político y garantizar elecciones libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible”.
Las negociaciones anteriores entre la oposición y el Gobierno, celebradas de febrero a abril pasado, tenían como objetivo superar la crisis, que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
En dichas negociaciones la oposición fue representada principalmente por el sector privado, y el Gobierno se comprometió a liberar a los “presos políticos” y restablecer derechos constitucionales, como la libre reunión, movilización y expresión, así como la libertad de prensa, sin embargo solamente cumplió con dar libertad condicional a 620 manifestantes convictos.
Críticas a empresarios
El viernes pasado, en un acto partidario, Ortega, quien se negó a un diálogo nacional en julio pasado, mantuvo su posición de no aceptar negociaciones para solucionar la crisis, y criticó de forma directa al sector privado.
El presidente cuestionó a los empresarios, por supuestamente pedir exoneraciones y no pagar impuestos para tener “grandes utilidades”, y agregó la frase “¡que quiebren!”, al referirse a los inversionistas que, según dijo, “quisieron destruir la economía” en 2018.
“Un ataque al sector privado es un ataque a todos (pequeños y grandes)”, dijo el presidente de AmCham, Mario Arana. “Aparentemente quiere intimidar al sector privado”, agregó.
Un primer diálogo iniciado en mayo de 2018 fracasó dos meses después, cuando Ortega se negó a cumplir con una serie de acuerdos formados entre sus representantes y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Los acuerdos incluían el respeto de la Constitución y de los derechos humanos, el desarme de paramilitares ligados al Gobierno, entre otros.
