Abogados: Fiscalía miente en intento de “lavarse la cara” con Hugo Torres

La declaración de la Fiscalía, en que aseguró que pidió la suspensión definitiva del juicio contra el general en retiro Hugo Torres, preso político del régimen de Daniel Ortega, por “razones humanitarias” a causa del agravamiento de su salud, es un intento vano de “lavarle la cara” a un sistema caracterizado por su crueldad con los reos de conciencia, dijeron juristas consultados.

Yader Morazán, especialista en administración de justicia, acusó al Ministerio Público de mentir, porque al revisar el sistema electrónico Nicarao—usado por los abogados para monitorear los avances de los expedientes— no hay ni rastro de la supuesta solicitud al judicial realizada por esa institución, lo que lleva a los abogados a considerar que el general Hugo Torres murió “con causa abierta”, que llevaba el juez Félix Ernesto Salmerón, del Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio. La Fiscal que interpuso la acusación fue Andrea Salas.

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“La conclusión es que (en la Fiscalía) sienten una gran de responsabilidad y frente al escrutinio público la reacción es intentar lavarse las manos con una mentira que se pudo sustentar 24 horas”, dijo Morazán, quien explicó que esta es una muestra más de que la justicia en Nicaragua perdió su credibilidad desde hace mucho tiempo.

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La dirigencia de la Unión Renovadora Democrática (UNAMOS), el partido en que Torres era vicepresidente hasta su trágico final, demandó una investigación independiente ante la falta de credibilidad de la dictadura, y el acceso al país de la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La muerte de Torres, un héroe de la lucha contra el somocismo que fue encarcelado desde el año pasado por órdenes de Ortega, fue informada el sábado 12 de febrero a las 1:33 de la tarde por la Presidencia, que envió el pronunciamiento del Ministerio Público. Sin embargo, Luis Carrión, dirigente de UNAMOS, sostuvo que tuvieron información que el deceso ocurrió el viernes a las 10 de la noche, lo que significa que el Gobierno no informó sobre la noticia durante al menos 15 horas.

“El Poder Judicial entró en una fase de radicalización después de las protestas en 2018, pienso que lo hacen con el fin de comprometer a estas autoridades (judiciales) y que los Ortega Murillo se garanticen la fidelidad de ellos. Al enredarlos los hacen parte de esa célula criminal que dirigen”, explicó Morazán.

Hugo Torres es el segundo preso político fallecido mientras se encontraban en custodia de las autoridades. Durante más de dos meses, organismos de derechos humanos preguntaron por su paradero, una información que el Estado manejó herméticamente. El primer fallecido fue Eddy Montes, quien fue asesinado por un oficial penitenciario en 2019. 

Antecedentes de crueldad con presos 

Sin embargo, se han dado otros casos de crueldad judicial. Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, mencionó en su cuenta de Twitter la historia de Eliseo de Jesús Castro, de 60 años, quien se encuentra hospitalizado en Managua y sufrió un derrame cerebral a consecuencia de golpes recibidos al momento de la captura, más falta de atención médica.

“Ministerio Público pronúnciese por el caso de Eliseo de Jesús Castro, víctima de derrame cerebral esperan entregarlo a su familia en una caja. Tan expedito en su pronunciamiento que deberían de evitar muertes no sumarlas” agregó Martínez este 12 de febrero.

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La abogada mencionó también a Justo Rodríguez, ex preso político originario de Ometepe que salió parapléjico del hospital en 2020 adonde fue trasladado desde la cárcel Modelo y fue entregado en terribles condiciones a su familia.

Para el abogado penalista Boanerges Fornos, exfiscal departamental, lo ocurrido con el general Torres es un puntillazo a la mala actuación que hacen de las instituciones del sistema de justicia, las cuales no velan por los derechos y garantías del debido proceso.

Según una investigación reciente de CONFIDENCIAL, al menos 15 funcionarios, entre jueces, fiscales y policías, cumplen las órdenes emanadas desde El Carmen contra los presos políticos. El rasgo común de todos es su fidelidad al partido de gobierno y estarían cometiendo el delito de prevaricato y el de lesa humanidad de tortura, de acuerdo con analistas consultados. 

“En principio no se han comportado de forma transparente (jueces, fiscales, médicos forenses), porque lo correcto es que yo debo de suponer que la defensa solicitó que hicieran la valoración médica y determinara lo que corresponde. Estos funcionarios no atienden los procedimientos de ley y simplemente atienden orientaciones político-partidarias que vienen del Poder Ejecutivo”, afirmó Fornos refiriéndose a las autoridades.

Fornos agregó que en el caso particular de Torres se demuestra que las autoridades no respetan los derechos de los procesados, porque debieron verificar desde un principio que la situación de Hugo Torres era muy delicada y no podía estar bajo régimen carcelario. 

Además, Fornos considera que lo ocurrido es también una señal de alarma para la suerte de los otros 170 presos políticos que hay en Nicaragua, entre ellos los últimos 46 que fueron detenidos desde finales de mayo del año pasado y que fueron víctimas de la escalada represiva con la que Ortega eliminó la competencia electoral para asegurarse un cuarto período consecutivo al encarcelar a los liderazgos políticos, económicos y sociales del país.

Más de 100 familiares han demandado la libertad inmediata de todos los presos políticos, pero el régimen de Ortega y Murillo ha hecho caso omiso a la solicitud, respaldada por la comunidad internacional.  El gobernante, más bien, ha llamado a los presos políticos “hijos de perra del imperialismo”.