17 de diciembre 2023
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La dictadura orteguista implementó nuevas acciones represivas contra la sociedad nicaragüense este 2023, calificado por abogados, defensores y activistas de derechos humanos como uno de los años más herméticos desde que inició la crisis sociopolítica en 2018. Daniel Ortega despojó de su nacionalidad a 317 nicaragüenses, de estos, 222 expresos políticos desterrados. Además reforzó el estado policial de facto, aumentó la vigilancia en barrios, encarceló y amenazó a más personas, desterró y negó el ingreso al país de cientos de nicaragüenses y aplicó la guillotina contra los empleados públicos para callar cualquier denuncia ciudadana.
“Son como grandes demostraciones de poder con la finalidad de disciplinar a la población a través del terror, del miedo y el pánico”, considera Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).
"Definitivamente este año es el más hermético de los cinco años y ocho meses que hemos vivido porque en los casos de los presos políticos es tan grande el hermetismo por parte del sistema judicial que ni siquiera nos entregan la acusación...", señaló un abogado bajo anonimato.
CONFIDENCIAL identificó siete acciones que la dictadura implementó, en algunos casos por primera vez, para generar mayor autocensura entre la población y evitar que denunciaran las violaciones a sus derechos humanos o cualquier tipo de protesta.
1. Amenazas y represalias contra familiares de presos políticos
Tras el destierro y despojo de nacionalidad de 222 presos políticos, el 9 de febrero de 2023, el régimen orteguista continuó capturando más personas. Más de 151 nicaragüenses son reos de conciencia actualmente, 91 están en prisión y los otros 60 en casa por cárcel. Sus historias apenas se conocen porque sus familiares callan por temor a represalias directas o contra los propios presos políticos en las cárceles.
Los reos pagan sus condenas arbitrarias bajo condiciones inhumanas, en muchos casos, aislados en celdas de máxima seguridad -como es el caso de monseñor Rolando Álvarez-, con escasa exposición al sol y consumiendo comida de muy bajo aporte nutricional. Los familiares son obligados a firmar un documento asegurando que su pariente recibe un buen trato, pero no es así. Nadie se atreve a hablar, ni siquiera, los familiares que están fuera del país, dice la expresa política y activista, Ivania Álvarez. Las amenazas de tortura, aislamiento, negativa de visitas se han ejecutado por parte de las autoridades penitenciarias, lo que ha provocado un hermetismo generalizado en los parientes.
“Hemos tenido un año muy apagado en cuanto a visibilización y demanda de presos y presas políticas”, dijo Álvarez.
2. Cárcel para cualquiera, incluso orteguistas
En 2023, la justicia orteguista no solamente encarceló a casi cien reos de conciencia. También, por primera vez, generalizó la medida cautelar de casa por cárcel, obligando a más de cincuenta personas, acusadas de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” a presentarse diariamente en la delegación policial de su municipio. Este control implica patrullaje afuera de sus viviendas y amenazas de detención en cualquier momento, sí ejecutan algún tipo de denuncia o protesta ciudadana.
Contrario a los años anteriores de crisis sociopolítica, el régimen orteguista también criminalizó a sus fieles fanáticos a través de una purga ejecutada en la Corte Suprema de Justicia. Varios de los despedidos fueron sometidos a investigaciones y detenciones sin el respeto al debido proceso. Los secuestros se siguen ejecutando sin orden de captura. Una vez detenidos los someten a desaparición forzada generando incertidumbre entre sus familiares por no saber su paradero. Asimismo, quienes opinen en contra de la dictadura en redes sociales corren el riesgo de cárcel, explicaron penalistas.
Ivania Álvarez también advirtió sobre la denuncia de personas, que están siendo citadas en sus localidades por los comisionados policiales. Les dicen de facto que deben presentarse una vez a la semana o cada 15 días. Son hechos que están pasando, pero “quedan silenciados” e integran el subregistro de violaciones a derechos humanos, señala.
3. Más persecución contra defensores y prensa independiente
Este año, el régimen orteguista nacionalizó la Cruz Roja Nicaragüense (CRN), la última institución humanitaria imparcial que quedaba en Nicaragua, desde que la dictadura empezó a desmantelar el tejido organizacional, especialmente, de oenegés defensoras de derechos humanos.
Las libertades se han restringido muchísimo más porque el Estado busca frenar cualquier tipo de manifestación, ya sea a nivel individual o colectiva, señala Ramírez, de Calidh. “Hay un mayor hermetismo respecto a los presos políticos. Las organizaciones de derechos humanos nos cuesta mucho más conseguir información sobre ellos”, expresa. El nivel de represión es tal que los familiares no cuentan con la documentación judicial de los casos, necesaria para elevar sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),agrega.
“En temas de derechos humanos, creo que es el peor año para los defensores, pero también para las víctimas que están silenciadas”, subraya Álvarez. La ausencia de defensores en el terreno y de la prensa independiente- se estima más de 200 periodistas en el exilio- incide en el subregistro de denuncias de violaciones, que nunca llegan a formalizarse por el creciente miedo en la población.
4. Mayor vigilancia política en los barrios
El control del régimen orteguista en los barrios de Nicaragua se ejerce, principalmente, a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Las estructuras políticas se encargan de vigilar a la comunidad y amedrentarlos. En este último año elevaron sus niveles de amenazas contra la ciudadanos considerados opositores, advirtiéndoles del riesgo de cárcel o exilio, reveló el reportaje titulado “Ni el exilio acaba la jodedera”: Dictadura extrema la vigilancia política en los barrios publicado por CONFIDENCIAL.
“Estas personas han quedado con un poder tal en el marco de un Estado de terrorismo y de arbitrariedad que se dedican a atemorizar a la población. Es una tarea que tienen desde 2018 la de imponer el terror a los comunitarios”, señala Ramírez. A la par, la Policía mantiene constante patrullaje y visitas casa a casa.
5. Controlar y atemorizar a los empleados públicos
Durante 2023, la dictadura orteguista asestó varios golpes a los empleados públicos. Además de despedir a más de 900 trabajadores del Poder Judicial, también agudizó el control y vigilancia política en todas las instituciones del Estado, exigiéndoles mayor compromiso partidario e imponiendo la afiliación al partido Frente Sandinista. Los trabajadores del Estado se han declarado “rehenes” del régimen orteguista porque están expuestos a todo tipo de violaciones a sus derechos laborales sin oportunidad de reclamo.
Además de amenazarlos con despidos, con vigilancia de sus redes sociales, obligarlos a votar y a respaldar el discurso de la dictadura, también los despoja de sus indemnizaciones por antigüedad, mediante una ley que recortó el monto al que por ley tenían derecho.
6. Confiscaciones y robos en represalias
Más de un centenar y medio de propiedades han sido usurpadas por el régimen orteguista. Un total de 87 corresponden a las más de 3000 oenegés despojadas de su personería jurídica entre noviembre de 2018 y marzo 2023, según una investigación publicada por CONFIDENCIAL. El resto de bienes inmuebles fueron quitados a medios de comunicación, universidades, sector privado y presos políticos desterrados en febrero. Sin embargo, la dictadura no para.
En noviembre reciente pasó el Sistema Nacional de Registros- a cargo de la Corte Suprema de Justicia- al control de la Procuraduría General de la República (PGR), un hecho considerado por analistas como otro factor que aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua. Abogados consultados dijeron que ese cambio facilitaba que los funcionarios del régimen puedan quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca, o asignársela a quien se les ordene. Con estas medidas, los nicaragüenses temen que sus casas puedan ser confiscadas en represalia a ejercer su derecho a expresarse, por eso se autocensuran, señalan defensores.
7. Destierro y despojo de nacionalidad
En febrero la dictadura despojó de su nacionalidad a 222 expresos políticos y luego, a otras 94 personas, entre periodistas, analistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos por considerarlos “traidores a la patria”. Estas acciones, dice el defensor Ramírez, provocan la autocensura. De ahí, que muchos analistas que están fuera de Nicaragua decidieron resguardar su identidad, ya que estando fuera del país tampoco es garantía de seguridad.
La represión también ha sido cruel contra sacerdotes y religiosas, a quienes en su mayoría, no han dejado ingresar al país. CONFIDENCIAL también documentó el caso de la líder estudiantil Justina Orozco, obligada a firmar una carta despojándola de sus derechos como requisito para salir del país y evadir prisión.
