25 de noviembre 2023
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"Tengo días de estar aquí cocinando en fogón -a leña-, no es fácil, pero tampoco imposible", comenta resignada Milvia Atencio, cocinera de un restaurante en el norte de Panamá, la región del país más afectada por la falta de suministros durante el mes de bloqueo de carreteras por las protestas antiminería.
Atencio relata que al menos los clientes que han seguido fieles al restaurante hallan que la comida "es más rica con sabor a humo", pero reconoce que es "más difícil" trabajar en estas condiciones de desabastecimiento.
Los bloqueos a importantes vías, como la Interamericana, se han dado en medio de las mayores protestas en décadas en rechazo a la renovación de un contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), que explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Los efectos de esta situación son palpables en las largas filas de camiones de carga en la carretera Panamericana, que atraviesa de norte a sur al país y lo conecta con el resto de Centroamérica.
También hay desabastecimiento de alimentos y de materias primas como combustible, gas y medicamentos, principalmente, en la provincia norteña de Chiriquí, lo que el Gobierno de Panamá ha buscado solucionar importando gasolina y diesel desde la vecina Costa Rica.
"Tenemos desabastecimiento de artículos de primera necesidad como la sal, el azúcar, los embutidos y muy específicamente el gas, ya que todos estos artículos vienen de Ciudad de Panamá", declaró Julia Estela Beitia, que trabaja en un mercadillo en David, capital de Chiriquí.
Algunos de estos artículos han quedado en el camino por los bloqueos, mientras que las empresas han optado por no movilizar sus transportes de carga "para no poner en riesgo la vida del personal y la mercancía", añadió Beitia.
En la comunidad de Santa Cruz de San Félix, ubicada a la altura de los tramos de la vía Panamericana donde se han hecho sentir con más dureza los cierres, hay cuatro tiendas de comestibles y a solo dos de ellas les quedan algunos productos a la venta y "con precios más altos", dijo Doris De Gracia, vecina del lugar.
"Carne (vacuna) nada, (y) las personas que tienen cría de cerdo los han sacrificado para la venta porque no tienen insumos para alimentarlos", aseguró De Gracia.
Otra señora clama para que acaben los cierres y abran la Panamericana, y dejen así "pasar el gas y el combustible", ya que le "cuesta mucho trabajar y preparar los alimentos con leña".
También Maribel Santamaría confiesa que le resulta "bien difícil cocinar en fogón, el humo molesta y muchas veces uno sale agitado".
Este es el escenario en varias comunidades de Chiriquí, considerada el granero de Panamá, donde se ubican los bloqueos de grupos indígenas que protestan y exigen la derogación de la Ley 406 que aprobó la renovación del polémico y criticado contrato minero, y que ahora se debate en el Supremo si declararla o no inconstitucional.
La falta de combustible por las protestas en Panamá
La persistencia del bloqueo ha provocado colas de vehículos que superan los tres kilómetros en algunas gasolineras en los distritos de David y Bugaba, en la zona fronteriza con Costa Rica, mientras el Gobierno panameño gestiona el "suministro temporal" de combustible desde el país vecino.
El Gobierno panameño informó el 24 de noviembre que se logró trasladar desde Costa Rica otro contingente de combustible para abastecer a Chiriquí, a fin de "aliviar la situación de la población chiricana".
Pero el Ejecutivo de Panamá reconoció que el mecanismo "no es suficiente para lograr la regularidad y estabilidad diaria de las entregas por depender de la disponibilidad del producto en Costa Rica, lo cual requiere una serie de coordinaciones y formalidades".
"Me he limitado a no gastar mucha gasolina, los paseos son cortos (...) En Chiriquí estamos pasando páramo porque no hay gasolina y no hay gas", dijo Ricardo Alcides Baruco, mientras esperaba a que llegara el camión cisterna con combustible.
Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, calificó de crítica la situación en el norte del país, por el riesgo de que las empresas no puedan "mantener la fuerza laboral intacta" y se tenga que reducir la jornada laboral y suspender temporalmente contratos.
Tovar reveló que ya son "más de 600 solicitudes" presentadas para la suspensión temporal de contratos, cifra que, dijo, "seguramente se va a duplicar o triplicar para fin de mes".
