16 de febrero 2024
AA
El canciller de Venezuela, Yván Gil, manifestó que la cooperación con el país tiene que estar dirigida a "fortalecer" a las instituciones públicas, "no para desacreditarlas con la intención de tutelarlas", en referencia, entre otras, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, cuyas labores en la nación caribeña fueron suspendidas por el Gobierno el 15 de febrero de 2024.
El funcionario reiteró, en una publicación en X el 16 de febrero, que la oficina de DD.HH. "incumplió principios fundamentales en su labor y asumió una postura parcializada frente a hechos graves".
Gil aseguró que el organismo actuó de manera parcial ante el supuesto "intento de magnicidio y los planes frustrados de barrer la institucionalidad venezolana y la paz" en el país, que "exige se respete su soberanía y la carta fundacional de las Naciones Unidas".
No obstante, no brindó detalles sobre esa supuesta parcialidad ni explicó los actos concretos de la oficina de DD.HH. por los que considera que esta no procedió de manera adecuada.
Rechazo unánime a suspensión de oficina de la ONU en Venezuela
La postura del Gobierno, así como la suspensión de la oficina y la expulsión del país de 13 de sus miembros, fue ampliamente rechazada por la oposición, oenegés y parte de la comunidad internacional, al considerar que los señalamientos contra el organismo no se ajustan a la realidad.
La líder opositora María Corina Machado calificó de "peligrosa" esta suspensión, en un momento en el que -aseguró- el país vive una "ola represiva" por parte de las autoridades, para "impedir elecciones presidenciales libres y transparentes", que se prevén para este año, en una fecha todavía por definir.
En un comunicado difundido en X, la opositora llamó a la comunidad internacional a presionar para que Venezuela tenga "la oportunidad de un cambio político pacífico" en el que -aseguró- millones de personas se "han comprometido", según lo que han "expresado ejemplarmente en los últimos meses".
Por su parte, el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU dijo, a través de su web, que continuará su labor de asistencia técnica, monitoreo y presentación de informes, para evaluar "de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno".
Régimen de Maduro contra oficina de la ONU
El Gobierno de Venezuela suspendió el 15 de febrero las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al considerar que han "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo.
Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el Gobierno señaló que hará una "revisión integral de los términos de cooperación" acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.
Venezuela "solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller, Yván Gil.
El ministro explicó que esta decisión responde al "impropio papel que esta institución ha desarrollado", actuando con parcialidad y como el "bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina "ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución", prosigue el escrito.
Sin embargo, reiteró su "voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos".
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
