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España anunció un plan para regularizar a aproximadamente 500 000 migrantes, a partir de abril de 2026. Entre ellos, hay unos 29 000 nicaragüenses que viven en España en condición irregular y podrían beneficiarse con la medida. En CONFIDENCIAL te explicamos en qué consiste el plan, cuáles son los requisitos, cómo funcionará el proceso y quiénes pueden ser beneficiados.
¿De qué se trata el plan de regularización en España?
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y se anunció el 27 de enero de 2026. Durante el proceso de “audiencia pública”, que finalizó el 6 de febrero, recibió 350 aportaciones y consultas como un paso formal para recibir sugerencias —que no suele frenar la medida—, antes de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.
El Real Decreto no necesita la aprobación del Congreso y permitirá regularizar la situación de miles de migrantes que actualmente no pueden trabajar o lo hacen en condiciones precarias.
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que a los extranjeros beneficiados les “permitirá una integración plena y progresiva en el sistema”.
¿A quiénes beneficia la regularización extraordinaria?
El Real Decreto señala que podrán acogerse al plan quienes demuestren una “permanencia continuada de, como mínimo, cinco meses en el momento de la solicitud” y quienes residían en España antes del 31 de diciembre de 2025.
También podrán acogerse quienes tengan solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas y no hayan logrado acceder a las distintas modalidades de arraigo. Es decir, no solo se trata de inmigrantes económicos, sino de aquellos que han huido de sus países por conflictos políticos o guerra.
Según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), una organización dedicada a la investigación económica y social en España, la población extranjera en situación irregular en el país es de aproximadamente 840 000 personas al 1 de enero de 2025.
En España había 72 492 nicaragüenses empadronados hasta 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los cuales 43 598 tienen algún tipo de permiso de residencia. Funcas señala que, al menos, 28 894 nicaragüenses se encuentran en condición irregular.
¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiado?
Además de la antigüedad de permanencia en el país europeo, otro de los requisitos indispensables será “no contar con antecedentes penales” tanto en España como en el país de origen, “ni suponer una amenaza para el orden público”.
“La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, dando respuesta a una realidad administrativa y social existente en nuestro país”, informó el Ministerio de Inclusión.
¿Cómo se acredita la estancia previa en España?
Lo habitual en estos procedimientos es aportar pruebas que acrediten la presencia y continuidad en el país, por ejemplo:
- Empadronamiento, es decir, el registro como residente en el ayuntamiento de la ciudad o pueblo donde se vive.
- Documentación sanitaria de citas o informes generados tras la atención en servicios de salud.
- Matrícula de estudios, propia o de hijos.
- Contratos y recibos de alquiler, o documentos bancarios que demuestren que envía dinero.
¿Qué permisos se obtienen con la regularización?
Si la resolución es favorable, los beneficiarios obtienen una autorización de residencia en España, con una vigencia inicial de un año.
Transcurrido ese plazo, podrán presentar una petición ordinaria conforme al Reglamento de Extranjería.
Es decir, esta regularización no implica la concesión de la nacionalidad española ni otorga derechos políticos como el voto.
¿Los migrantes beneficiados podrán trabajar en España?
Según disposición del Real Decreto, la autorización de residencia habilita “automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector”.
El Gobierno español reconoce que la mayoría ya trabaja, aunque muchas lo hacen en condiciones de informalidad o precariedad.
El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura celebró el anuncio de la “regularización extraordinaria”, porque ante la falta de un permiso de residencia y de trabajo, los migrantes se ven limitados a “otros derechos básicos”.
“A las personas migrantes que han llegado a este país les permite soñar, porque una llega cargada de sueños. Hay una Ley de Extranjería que te permite estar acá, pero en una irregularidad que está marcada por una explotación laboral”, afirma Maryórit Guevara, presidenta del Movimiento de Mujeres Migrantes.
Con la regularización, “las personas van a poder tener, no solo una tarjeta de residencia y permiso de trabajo, sino que van a tener la oportunidad de conseguir un trabajo y estar dado de alta, cotizando y tener acceso a los diferentes servicios”, valora Guevara, periodista y activista nicaragüense exiliada.
Según datos oficiales, desde la reforma laboral de 2021, hay 800 000 personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social. En 2025, España cerró con más de 3.1 millones de personas extranjeras afiliadas, que representan el 14.1% del total de cotizantes.
¿Cuáles son los plazos a tener en cuenta?
El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, con la mera admisión a trámite de las solicitudes —la cual se resolverá en un máximo de 15 días—, las personas podrán empezar a trabajar.
¿Otras personas podrán beneficiarse con la regularización?
El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de edad de las personas solicitantes que se encuentren en España. Su permiso será de 5 años a diferencia de sus padres y/o madres que será de un año.
Las regularizaciones extraordinarias —según el Ministerio de Inclusión— son una “práctica consolidada de gestión migratoria”.
¿Hay antecedentes de regularizaciones similares?
La primera regularización extraordinaria de personas migrantes en España se realizó en 1986, durante el Gobierno de Felipe González, y benefició a 38 294 personas. Desde entonces, distintos ejecutivos han recurrido a este tipo de procesos. Hasta 2024, un total de 1.2 millones de migrantes han sido beneficiados.
